Opinion | 24 Abr El grado de deterioro de la vialidad urbana en Paysandú equivale a “un desastre”, dijo hace pocas hora el intendente departamental sanducero Dr. Guillermo Caraballo, para resumir en pocas palabras las consecuencias del temporal de casi un mes que hemos tenido en el departamento y la región.
Pero además de la vialidad urbana Paysandú necesita reparar con urgencia unos 700 kilómetros de caminería rural, afectadas por las torrenciales lluvias, tal como dábamos cuenta desde las páginas de EL TELEGRAFO. Es que en un mes ha llovido el equivalente a la mitad de lo que estadísticamente llueve en un año, y los suelos se encuentran saturados en agua, por lo cual además de la erosión que provocan las lluvias las bases de los caminos literalmente se transforman en pantanales.
Más allá de los aspectos meteorológicos y hasta climáticos, corresponde evaluar en todo su contexto el origen de las vulnerabilidades y sobre todo cuales son las respuestas ante las urgencias, cuando además están de por medio las acciones de rutina y planificadas tanto en mantenimiento como en nuevas obras inherentes a todo gobierno departamental y nacional.
Mal de todos consuelo de tontos, dice el refrán, si nos atenemos que es un común denominador sobre todo para toda la franja del litoral oeste del país, eminentemente agrícola. Pero en el caso de Paysandú la extensión de los caminos rurales afectados más que duplica los de Salto y Río Negro juntos, tal como quedó consignado durante la reunión de los intendentes de los tres departamentos considerados con el director de Descentralización e Inversión Pública de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, para evaluar precisamente el escenario en la región tras el temporal, en la intención de plantear necesidades en común previo a la sesión del Consejo de Ministros.
Según el jerarca, la recuperación de la caminería rural en Paysandú podría insumir costos estimados en los 50 millones de pesos, justo cuando tanto Paysandú como las otras intendencias tienen problema de caja por el período de captación de recursos propios por impuestos municipales.
Esta problemática fue analizada por el presidente Tabaré Vázquez y sus ministros cuando se reunieron en la residencia de Suárez para analizar soluciones para hacer frente a los problemas por la crisis climática. El gobierno estimó en 100 millones de dólares los daños provocados por el temporal y se declaró en sesión permanente, realizándose un estudio exhaustivo de la situación dividido en dos capítulos: consecuencias del tornado que golpeó a Dolores, e inundaciones. El mandatario dijo que hay 800 casas afectadas en Dolores y en algunos casos van a ser totalmente subsidiadas y que el Ministerio de Vivienda destinará 90 millones de pesos para esa localidad.
Paralelamente Vázquez anunció que “vamos a destinar para caminería rural 12 millones de dólares; 360 millones de pesos”, en tanto los departamentos más afectados fueron Paysandú, Canelones, San José, Florida y Colonia.
Los recursos se distribuyen de la siguiente manera: Paysandú 50 millones de pesos, Río Negro 20 millones, San José 40 millones, Florida 66 millones, Colonia 40 millones y para los otros departamentos que fueron afectados el monto será de 120 millones de pesos.
Vázquez informó asimismo que las rutas nacionales prioritarias requerirán un monto de 30 millones de dólares, pero se mantiene vigente el plan estratégico de infraestructura anunciado el año pasado.
Los montos anunciados por el gobierno en primera instancia para superar la emergencia en la vialidad rural aparecen como notoriamente insuficientes incluso para este objetivo inmediato.
Pero el punto es que no se necesitan 600 milímetros de lluvias para causar un desastre en las comunicaciones que son vitales para el agro, sino que con 80 o cien milímetros difícilmente haya un camino vecinal que se mantenga más o menos transitable, y estos excesos hídricos solo han sido un factor agravante --muy importante por cierto-- para una realidad de la caminería que desde hace muchos años, en los sucesivos gobiernos departamentales, hubo déficit de atención.
Está vigente además la prohibición de ingresar a los caminos hasta 48 horas después de lluvias intensas, pero este decreto no tiene en cuenta que la producción las más de las veces no puede esperar, porque los camiones de ganado tienen que salir en determinado período, la cosecha tiene su punto de recolección y es preciso entrar a sacarla con camiones, tolvas, cosechadoras, etcétera, y los camiones cisterna que recogen la leche también tienen que hacerlo en tiempo y forma para no perder la materia prima. Es impensable que sean los propios productores y los transportistas que arruinen exprofeso los caminos en su apuro por ingresar, que son los que luego necesitarán para salir de sus campos ya sea por una urgencia o por cualquier necesidad, sino que cuando se hace generalmente es por imperio de necesidad para cumplir con el ciclo productivo y la cadena logística, lo que indica que hay mucho de voluntarismo en determinadas normas y escaso realismo ante las circunstancias. Pero el agravante está en que con casi un mes de lluvias diarias, necesariamente el productor se verá obligado a “romper caminos” para extraer su producción sin respetar las 48 horas, porque apenas surge una ventana climática hay que aprovechar para levantar cosechas o embarcar ganado.
Ello habla de la necesidad de llevar adelante políticas de impacto en la caminería desde el gobierno central en coordinación con las intendencias, en lo posible, para lo que se necesitan recursos adicionales que podrían provenir de préstamos de hasta dos mil millones de dólares que tiene el gobierno disponible, según indicó el ministro de Economía y Finanzas.
Es decir, instrumentar planes de corto, mediano y largo plazo, más allá de la emergencia, porque a esta altura la experiencia demuestra que no se puede seguir con parches sobre parches y que se necesita una reconversión estructural a tono con un desafío que se ha ido postergando sistemáticamente.