Opinion | 30 Abr Los casi mil millones de dólares de pérdidas de Ancap, a los que se suman unos doscientos millones que perdió en 2015, han puesto sobre el tapete nuevamente la situación y sobre todo el rol de las empresas públicas en nuestro país, un aspecto que ha sido manejado reiteradamente, pero con opiniones disímiles en el espectro político, donde priman además visiones ideológicas por sobre un análisis objetivo de esta problemática.
El tema dio lugar recientemente a un seminario organizado por la Fundación Propuestas (Fundapro) del Partido Colorado, que reunió a técnicos y a líderes políticos que más allá de algunos puntos de coincidencias, dejaron en claro sus visiones enfrentadas. En la oportunidad, representantes de los partidos con representación en el Senado fueron críticos del Estado como administrador, señalaron la necesidad de aggiornarse apuntando a que a la eficiencia y de "profesionalizar" los directorios de las empresas.
Este punto precisamente fue objeto de análisis previamente por un grupo de técnicos que había indicado como punto negativo la poca formación académica (no especializada en administración de empresas) de quienes son designados al frente de los entes, así como la injerencia política.
Salvo muy pocas excepciones a la regla, estas designaciones se aplican como premio a la militancia o por acuerdos políticos, en lugar de buscar profesionales formados en la función, que estén en condiciones de gestionar empresas de gran porte, aún en sintonía con la línea política del gobierno.
Uno de los participantes y exponentes en este foro fue el economista Gabriel Oddone, quien manejó este concepto con énfasis, y fue compartido por varios de los senadores participantes, aunque el economista evaluó que es posible generar consensos respecto a lo que hay que hacer con las empresas públicas.
El panel político lo integraron los senadores Pedro Bordaberry por el Partido Colorado, Marcos Otheguy por el Frente Amplio, Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional, Jorge Larrañaga, por el mismo partido y Pablo Mieres por el Partido Independiente, además del intendente de Montevideo Daniel Martínez.
Por su parte, Bordaberry dijo que la idea del seminario la tomó del general Líber Seregni, líder histórico del FA, quien en tiempos de crisis económica del país convocó a discutir soluciones, y en este caso el senador colorado consideró que es preciso abordar el tema desde una mirada a largo plazo; en tanto, Lacalle Pou dijo que sin perder de vida esta perspectiva, primero hay que resolver los problemas de 2016.
Por su lado Pablo Mieres pidió evitar que las empresas estatales sean utilizadas para impulsar carreras políticas y propuso que quienes ocupen esos cargos estén inhabilitados de ser candidatos por cinco años, en tanto Daniel Martínez, quien ejerció el cargo de presidente de Ancap, habló de eliminar "la tentación de lo partidario" que se puede ver en decisiones sobre publicidad o en las donaciones, mientras Otheguy defendió la gestión pública de las empresas que son "el brazo ejecutor" de políticas de Estado y reivindicó que sean utilizadas como herramientas para controlar, por ejemplo, la inflación.
El legislador señaló que no cree que sea más eficiente lo privado que lo público y se inclinó por "combinar" el mercado con la intervención estatal como el mejor camino para el desarrollo de un país, mientras que desde el Partido Nacional, Jorge Larrañaga reclamó terminar con el "chacrismo" y las "corporaciones gerenciales", para promover que haya un plan estratégico general. Otheguy también marcó que deben gestionarse en base a objetivos nacionales.
Y si bien hay planteos y análisis que se hacen desde posturas ideológicas que involucran a los respectivos partidos, que van desde concepciones liberales a las que provienen de defensores de regímenes de cuño marxista, no es menos cierto que más allá de las visiones, una empresa estatal con déficit, mal gerenciada e ineficiente, no supone ningún beneficio para el ciudadano.
Pero a lo largo de los tiempos, las empresas del Estado, en todos los gobiernos, han sido aprovechadas por su régimen de monopolio como agentes de recaudación de dinero por sobreprecios e impuestos, como es el caso concreto de Ancap, que puede fijar los precios de los combustibles a voluntad más allá de que el precio del petróleo esté en uno de sus niveles históricamente más bajos, para recaudar --de lo que sobre de sostener su ineficiencia crónica-- con destino a Rentas Generales.
Hay áreas en las que sin duda debe actuar el Estado, porque conllevan un objetivo social y no generan utilidades, por lo que no son atractivas para el sector privado, lo que no es el caso de las petroleras. Suena irracional en este contexto que en el caso de la mayor empresa pública del país cada uno de los ciudadanos tenga que poner plata para sostenerla, cuando además tanto gerentes como funcionarios de menor rango son los mejores pagos de la administración pública, no corren peligro de despidos ni de reducción de salarios pese a que la empresa tiene números en rojo, ni son llamados a responsabilidad por sus malas decisiones.
Incluso más allá del análisis de su razón de ser, que siempre estará en debate, ante la ineficiencia y el tamaño del Estado, el clientelismo político, la incorporación de más funcionarios que los que se necesita, lo menos que se debe pedir es que las empresas estatales sean bien gestionadas y que tampoco se metan a hacer lo que no deben, para brillo de quienes circunstancialmente estén a su frente, como ha sido tradicional, e incluso buscando una catapulta política.
Por lo tanto deben elevarse las miras, para que estas empresas no sigan cargando su ineficiencia sobre los ciudadanos, afectando el desenvolvimiento de la actividad privada por los sobrecostos que aplican.