Opinion | 27 Abr Destituir un presidente mediante los elementos previstos por la Constitución, cuando vienen acompañados de un proceso en el que se cumplen los plazos, no debería ser llamado un golpe de Estado. Mucho menos cuando se trata de una Constitución que viene de varios gobiernos anteriores, de diferentes opciones políticas, a diferencia de las que fueron reformadas por el gobernante de turno aprovechando una ocasional popularidad que le permitió hacerlo, para beneficiarse políticamente de un modo u otro.
En las democracias occidentales hay variados ejemplos de estos procedimientos, en especial en los sistemas presidenciales como el de Uruguay, los de la región o incluso el de Estados Unidos. En Brasil, con la presidenta Dilma Rousseff en la cornisa, es esto lo que está sucediendo. Si los que se ubican en la oposición, los que están en contra, lo manifiestan con saña, es otro tema. Si los que la condenan a un proceso de destitución, un juicio político, son tan corruptos como los que se defienden, es otro asunto.
La corrupción endémica que se arrastra desde hace años --reflejada en la actualidad, en todo su esplendor, en el caso Petrobras que le ha costado a la firma 4.000 millones de dólares y en el que han estado vinculados políticos y grandes empresarios--, la crisis económica que padece el país luego del boom de 2010 y una división social cada vez más profunda han formado el escenario actual en el que debe desenvolverse Rousseff y su gobierno. En medio de una gran tensión política y social, la idea del proceso de destitución comenzó a tomar fuerza.
Aún reconociendo que no llegaría a la meta fiscal de 2015, la administración de la mandataria, del Partido de los Trabajadores (PT), ordenó un decreto para un crédito suplementario el año pasado y se la acusa de querer maquillar así los resultados del gobierno. La ley de impeachment (proceso de destitución) considera un delito de responsabilidad atentar contra la ley presupuestaria y contra “la guarda y el uso legal de dineros públicos”. Es el punto que centra la discusión y el que puede sacar a Rousseff de la Presidencia.
Es así que el pasado domingo 17 de abril, el plenario de la Cámara de Diputados brasileña votó a favor del proceso de destitución. El impeachment sumó unos abrumadores 367 a favor, 25 más de los necesarios, 137 en contra, además de siete abstenciones y dos ausencias a la sesión. Esto permitió remitir la consideración del proceso a la Cámara de Senadores. Un debate similar tendrá lugar en la cámara alta el próximo 11 de mayo. Si el Senado aprueba la realización del juicio, para lo que necesita la mayoría simple de 41 votos, la presidenta será suspendida en sus funciones y asumirá el Ejecutivo el vicepresidente Michel Temer. El número dos del Ejecutivo ha sido acusado por la propia Rousseff de haberla traicionado y de conspirar en su contra articulando entre bastidores el gabinete de un eventual gobierno.
En esa instancia, se conforma un tribunal que debatirá por un plazo máximo de 180 días al cabo de los cuales se definirá si es o no destituida. Entre tanto, el Senado acaba de conformar una comisión, integrada por 21 de sus 81 miembros, que estudiará el tema y redactará un informe con las recomendaciones del caso. La comisión cuenta con 10 días hábiles para alcanzar una conclusión y recomendarla al pleno del Senado.
Rousseff, quien fuera reelecta en 2014 por un estrecho margen y debería concluir su mandato en 2018, ha buscado en la región y el mundo el apoyo que no tiene en su país. En los últimos días planteó el asunto en la sede de la ONU, aunque allí evitó hablar de “golpe de Estado”, como muchos de sus aliados locales y globales sí hicieron.
Casi el 40 por ciento de los senadores que ahora deberán analizar las denuncias contra la presidenta son investigados por sospechas de que cometieron algún delito, de acuerdo con el sitio Congresso Em Foco, especializado en el Poder Legislativo brasileño. Según ese relevamiento, al menos 30 de los 81 senadores de la actual legislatura son investigados por algún delito, 12 de ellos vinculados con el megafraude en Petrobras, incluidos el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el expresidente de Brasil y actual senador Fernando Collor de Melo. En tanto, la sesión de Diputados que abrió la vía del impeachment estuvo cargada de momentos patéticos, como los festejos de los legisladores opositores cuales hinchas de fútbol o los discursos y argumentaciones de algunos de ellos, incluso invocando la dictadura militar. Jair Bolsonaro, diputado del Partido Social Cristiano dedicó su voto al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, jefe de uno de los centros donde se realizaron torturas durante el gobierno de facto de Brasil. “Fueron derrotados en el 64 (año del golpe de Estado) y serán derrotados ahora”, dijo Jair.
El contexto puede generar suspicacias, pero tampoco se puede decir que no se estén cumpliendo los pasos previstos por la Constitución brasileña para hacerle un juicio político a la presidenta. El escaso margen con que Rousseff ganó las elecciones de octubre de 2014 se ha traducido en las varias grandes manifestaciones que han tenido lugar en las ciudades más importantes de Brasil en contra del gobierno. Y como se decía, este panorama político no es nuevo. Ni en la región ni en tierras brasileñas.
En Brasil, concretamente, Fernando Collor de Mello fue destituido en diciembre de 1992. Resultó ser el primer mandatario latinoamericano destituido por corrupción. Acusado por la Cámara de Diputados, tuvo que ceder su cargo al vicepresidente Itamar Franco. Una vez iniciado el juicio, dimitió como presidente del país y fue inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público durante ocho años. También el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) debió enfrentar un intento de juicio político aunque no prosperó. “Por cierto, creo que la única salida a la actual crisis que vive su país es la destitución de Rousseff”, dijo Cardoso. También pasó en Paraguay, con la salida de Fernando Lugo como presidente en 2012, destituido por el Parlamento; y, un poco más atrás en el tiempo, en Estados Unidos, en 1974, con el impeachment que desbancó a Richard Nixon de la Presidencia. Todos fueron procesos contemplados dentro del marco constitucional, lagales y por lo tanto nada tienen de Golpe de Estado. Habrá que ver entonces, si prospera la destitución de Rousseff, si el Mercosur decide sancionar a Brasil con la suspensión de la principal economía del bloque, como arbitrariamente se hizo con Paraguay en su momento.