Nacionales | 30 Abr El Estado repartirá $ 220 millones --unos U$S 7 millones-- entre casi 19.000 funcionarios de la Administración Central como parte de una compensación anual de “estímulo a la asiduidad” en el sector público, aunque el pago no diferenciará si asistieron o no a trabajar. La partida forma parte del convenio salarial firmado por el gobierno en diciembre pasado y busca privilegiar los salarios más bajos.
“Esto es lo que se negoció en el presupuesto como incremento por encima de la inflación, pero al ser una partida menor, en vez de darla como aumento porcentual, que sería 0,6%, se hizo una partida anual que se paga inversamente proporcional, donde van a recibir más los que ganen menos”, dijo a El País el presidente de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López.
La partida es de $ 200 millones (a valores de enero 2015) ajustada por inflación para 2016 (lo que ronda los $ 220 millones a enero de este año) que se abonará de acuerdo a tres franjas: 100% del salario a quien tenga una remuneración menor a 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), hoy $ 33.400; 75% a quien gane entre 10 BPC y 15 BPC ($ 33.401 y $ 50.100, respectivamente) y un 50% a quien tenga salarios superiores a 15 BPC ($ 50.101). López explicó que quienes ganan salarios superiores a los $ 70.000 no percibirán este beneficio.
La situación cambiará a partir de 2016, ya que “se va a medir la asiduidad” lo que hará que el próximo año quienes cobren la partida ajustada por inflación serán solo “los que hayan cumplido con las exigencias de la carga horaria”, informó López. En 2018, a los $ 220 millones se agregarán otros $ 100 millones (a valores de enero de 2015).
En enero de este año, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, había dicho que el ausentismo laboral era un problema tanto a nivel privado como público que preocupaba al gobierno, pero agregó que la herramienta del pago por presentismo no ha servido para hacer que los trabajadores no falten.

FIDEICOMISO PARA PROMOVER EFICIENCIA ENERGÉTICA
“Debemos apelar a la eficiencia energética ahorrando en lo que no precisamos”, dijo el director de Cambio Climático del ministerio de Vivienda, Ramón Méndez, en el marco del VII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Eficiencia Energética, donde informó que el Gobierno destina un fideicomiso de U$S 4 millones.
En su intervención, Méndez resaltó que la reducción de emisiones que profundizan el efecto invernadero al utilizar energía es imprescindible para el planeta: “Cuanto menos energía utilicemos, menos chance tenemos de emitir gas de efecto invernadero. La eficiencia energética es eso: no ahorrar en lo que precisamos, sino ahorrar en lo que no precisamos”.
Según Méndez, hay que evitar gastos superfluos y, como la eficiencia energética depende de los consumidores, el Estado puede tomar decisiones para impulsar que los consumidores protagonicen acciones correctas. En ese sentido, dijo que en el período anterior, en Uruguay se definió el Fidecomiso Uruguayo de Ahorro y Eficiencia Energética, monto de 4 millones de dólares que todos los años se destina a favorecer proyectos y generar investigaciones para promover la eficiencia energética.
“En definitiva, luchar contra el cambio climático es una decisión que depende de todos. Hay mucho trabajo en la región, de hecho este es un congreso latinoamericano que apunta a una mirada regional, y en muchos aspectos es considerado un ejemplo particular en lo que se ha desarrollado en materia de indicadores”, comentó el jerarca. Explicó que el causante fundamental del cambio climático es el uso del combustible fósil, junto la deforestación y el uso de la tierra para la producción de alimentos. Los combustibles fósiles son responsables del 75 % del efecto que se observa actualmente. La evolución de la temperatura media de la tierra en un siglo creció un grado, mientras que entre los 10.000 años que pasaron de la glaciación al periodo cálido la variación fue de 5º.

AUMENTO DEL SALARIO REAL PERDIÓ FUERZA EN MARZO
El crecimiento del salario real perdió fuerza en marzo, de la mano de una inflación que no encuentra techo y de un salario nominal que no alcanza a compensar ese mayor ritmo de aumento de los precios.
Ese menor dinamismo se advirtió tanto en la capacidad de consumo de los trabajadores públicos como privados.
Según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el poder de compra de los asalariados creció en marzo 0,9% respecto a igual mes del año pasado. Si bien el indicador muestra un aumento, se trata de una suba más moderada respecto a lo que mostraba en febrero, de 1,2% interanual.
Mientras que en febrero los precios al consumo subían a una tasa interanual de 10,2%, en marzo el incremento era de 10,6%. A nivel del sector privado, el poder de compra pasó de crecer a una tasa de 1,1% interanual en febrero a 1% en el último mes.
En el sector público, la suba fue más moderada: de 0,8% en los 12 meses finalizados en marzo. El mes anterior mantenía un ritmo de aumento de 1,3%.