Nacionales | 29 Abr El viaje a Zambia del vicepresidente Raúl Sendic junto con integrantes del Senado, para asistir a la Asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas costó U$S 72.333, según se desprende del pedido de informes al Senado realizado por el legislador colorado Fernando Amado y que publicó Búsqueda.
A ese monto se le deben sumar los gastos realizados por la Cámara de Diputados que, si bien todavía no respondió el pedido de informes, las fuentes consultadas por Búsqueda aseguraron que el monto será en el entorno de U$S 48 mil. En total asistieron 14 legisladores y la estadía de cinco días en Zambia sumó unos U$S 120 mil.
La delegación del Senado estaba formada por Sendic, el edecán Ciro Alexis Fonseca, el encargado de seguridad del vicepresidente, Raúl Pereyra, los senadores frenteamplistas Ruben Martínez Huelmo, Daniela Payssé e Ivonne Passada, el senador del Partido Nacional Luis Alberto Heber y el secretario del Senado José Pedro Montero. El gasto de hotel de estos representantes fue de U$S 16.260. El evento duró cinco días, del 19 al 23 de marzo, aunque no todos los legisladores se quedaron hasta el final. En el caso del vicepresidente, se hospedó entre el 18 y el 21 de marzo en una suite business y, aunque se quedó solo tres noches, tuvo que pagar por cinco ya que ese era el cobro mínimo del Intercontinental Hotel. Cada noche costó U$S 522 y el monto total por la estadía del Sendic fue de U$S 2.610.
Del 18 al 21 de marzo también se hospedaron el edecán y el seguridad del vicepresidente, aunque lo hicieron en una habitación deluxe doble, cuyo costo fue de U$S 325 la noche. Cada uno de ellos gastó en hospedaje U$S 1.625. El resto de la delegación también se quedó en habitaciones deluxe doble, aunque los días de hospedaje variaron según cada caso.
Passada, por ejemplo, se hospedó del 17 al 21 de marzo y gastó en el hotel U$S 1.625, Heber se quedó dos días más, del 17 al 23, y el costo fue de U$S 1.950. Los que más tiempo se quedaron fueron Montero, Payseé y Martínez Huelmo, quienes estuvieron en el hotel desde el 17 al 24 de marzo, y el monto total de cada uno implicó U$S 2.275. Luego, los pasajes y los viáticos implicaron un gasto de U$S 56.073. El pasaje de Sendic fue el más caro, dado que además de los U$S 8.995 que costó en principio, tuvo que pagar U$S 1.480 de multa por hacer cambios de agenda. Sumado a los U$S 440 que utilizó en viáticos y U$S 80 que gastó en seguros, el gasto de avión del vicepresidente implicó U$S 10.995. Su edecán y su seguridad tuvieron un gasto de pasajes, viáticos, seguros y multas --ya que también tuvieron que hacer cambios de agenda-- de U$S 7.545 cada uno. La respuesta del Senado al pedido de informes detalla que estos tres pasajes incluyen el viaje al Congo realizado por el Ejecutivo. En tanto, los pasajes, viáticos y seguros de los senadores Martínez Huelmo, Paysé y el secretario Montero fueron de U$S 6.145 cada uno. El de Heber fue de U$S 5.962 y el de Passada de U$S 5.591.

MAYORÍA DE DELIVERYS TRABAJA “EN NEGRO”
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que las personas que trabajan como repartidores o deliverys presentan una informalidad alta, particularmente en aquellos que no pertenecen a la plantilla de las empresas formalmente establecidas. La presentación realizada por el MTSS indicó que existen numerosos incumplimientos en normativa general, tales como no presentación de planilla, falta de registro y documentación de Banco de Previsión Social, MTSS y Banco de Seguros del Estado.
En materia de salud y seguridad laboral, notaron carencia o mal estado de los elementos de protección personal como el casco, el chaleco reflectivo y la ropa de lluvia. El MTSS reconoció que pocas empresas han presentado la documentación necesaria y por eso la mayoría fue sancionada.
Según un estudio realizado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) junto al BSE, se determinó que los accidentes de repartidores en motocicleta representan el 2,5% de la totalidad de los accidentes laborales. A su vez, los trabajadores de este sector tienen diez veces más internaciones en CTI --fruto de los siniestros de tránsito producidos durante la actividad laboral-- que el promedio del resto de las actividades.
El promedio de días de asistencia es más del doble en comparación con otras ramas laborales, 48/22 días por siniestro. Según el estudio, el 47% de los trabajadores tienen entre 31 y 45 años, y el 38% menos de 30 años.

ANEP DE ACUERDO CON PROPUESTA PARA “NI-NI”
El comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, ratificó que esa institución castrense presentará a la Mesa de Diálogo Social convocada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, una propuesta para atender a aquellos jóvenes “que no tienen caminos a seguir, no tienen esperanzas, no tienen trabajo, no están estudiando, como que les llegó la noche”. Lo hizo en referencia a los ni-ni o jóvenes que no trabajan ni estudian, al tiempo que el plan cuenta con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que se pronunció sobre el tema.
“Nosotros pretendemos poder educarlos, formarlos, introducirlos en oficios, de manera tal que aparezca una luz en su horizonte y puedan transitar en la vida con alguna herramienta que les permita vivir honestamente, como es deseable para todos los ciudadanos”, dijo Manini Ríos en Durazno. La consejera de la ANEP, Laura Motta, se refirió a la propuesta del jefe del Ejército y reconoció que ve con buenos ojos que “en estas declaraciones existe una intención de colaborar en este gran esfuerzo nacional”, pero aclaró que “lo que no puede ser es la cuestión de que no sea voluntario”.

URUGUAY ENFRENTA SEGUNDO JUICIO INTERNACIONAL
Uruguay prepara su estrategia para enfrentar su segundo litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, en un proceso iniciado por una empresa de telecomunicaciones con sede en Miami que operó a nivel local.
La firma Italba Corporation alega que a su subsidiaria uruguaya, Trigosul S.A, el Estado le revocó en 2011 en forma irregular el permiso que se le había concedido en 2000 para brindar servicios de banda ancha, cosa que, según la empresa, implicó una violación al Tratado de Protección de Inversiones vigente entre Uruguay y Estados Unidos y por tal razón reclama una indemnización de U$S 100 millones. La compañía ingresó su reclamo ante el Ciadi el pasado 24 de marzo y en un comunicado sostuvo que fue víctima de una “expropiación”.