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Paysandú, Miércoles 04 de Mayo de 2016

El gobierno también tiene baja percepción del riesgo

Opinion | 02 May En Uruguay, un tercio (30 por ciento) de las mujeres consume alcohol durante su embarazo y ese número asciende al 50 por ciento entre usuarias de Salud Pública, según una investigación efectuada por la Cátedra de Neuropsiquiatría del Hospital Pereira Rossell. La naturalización del consumo de este producto y su baja percepción del riego se extiende a una población vulnerable y confirma que las campañas publicitarias alcanzan una efectividad lógica en la medida de la conciencia individual.
La ciencia ha comprobado los perjuicios en el desarrollo embrionario y sus afectaciones psicológicas e incluso señala que al menos unos 25.000 bebés mantienen el riesgo de nacer con problemas neuronales y, en este caso, no depende del nivel de consumo de alcohol de la embarazada. Es decir, que “poco o mucho” no será una variable de explicación ante la constatación de un caso. Además, la cerveza sin alcohol, que pueden contener hasta 0,5 por ciento, son perjudiciales en las etapas gestacionales y marcan niveles positivos en las pruebas de espirometría.
La preocupación atraviesa a los ámbitos público y privado de atención a la salud, en tanto la realidad indica que la mitad de los fetos hoy están expuestos al alcohol --unos 25.000-- y derivará en otras consecuencias como bajo peso al nacer, deformaciones físicas menos evidentes, problemas de aprendizaje, entre otros efectos durante su crecimiento que se comprobarán como no hereditarios.
En setiembre se conmemorará el día del trastorno del espectro alcohólico fetal, donde las consecuencias más graves refieren a los abortos espontáneos y las alteraciones asociadas a personas cuyas madres bebieron esta sustancia durante el embarazo, con mayor énfasis negativo en la primera mitad del período gestacional. Es, por lo tanto, un riesgo evitable para el feto.
No obstante, estas cifras presentadas en los últimos días por el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, no son nuevas, sino que confirman una tendencia que se afirma desde los últimos años. Si a esto se suma el porcentaje de consumo de otras sustancias tales como marihuana, cocaína, tabaco o cafeína refiere a un problema sanitario de consecuencias inciertas para un país con escasos índices de natalidad.
Anualmente, en Uruguay nacen unos 48.000 niños y corresponde a un guarismo muy bajo, que desciende en comparación a los años anteriores y no garantiza una pirámide de población estable. Los programas de atención social enfocados a la infancia y la familia son abarcativos y demuestran su preocupación por el desarrollo de cada vida en la primera etapa de su existencia, sin embargo, los datos de referencia revelan un desconocimiento que requiere de la instrumentación de nuevas campañas que alcancen a la población objetivo, y que en este caso serán las embarazadas con énfasis en las mujeres jóvenes o aquellas que se encuentran en la etapa de una planificación familiar. La tolerancia cero a cualquier sustancia --particularmente el alcohol-- deberá ser un mensaje claro para crear conciencia sobre esta problemática que se extiende al resto de la población.
Las campañas publicitarias también deberán aportar su compromiso social empresarial a esta causa, como la presentación de advertencias básicas y en el mismo tenor de las que debieron colocarse en las cajillas de cigarrillos.
Mientras tanto, se demora el proyecto de ley que regula el consumo, distribución y expendio de alcohol, para el cual fueron consultados los especialistas que desde hace años plantean una problemática de similares características y que la semana anterior se reiteró como una novedad.
Ya en 2014 expresaron su preocupación a los legisladores y presentaron un relevamiento que no ha sufrido grandes modificaciones. Por ese entonces, Mario Moraes --integrante de la cátedra de Neuropediatría del Hospital Pereira Rossell-- reconoció que el problema no era exclusivamente un consumo problemático, sino el contexto para la crianza de estos niños y sus consecuencias en el desarrollo, tales como pobreza, marginación o falta de educación.
Es así que Moraes advirtió hace dos años. “Por eso es importante conocer la situación de la madre, para poder intervenir. No es que porque la madre consumió cocaína o pasta base el niño quedó signado. Se puede revertir”.
Paralelamente, le asignó una importancia vital al peso logrado al momento de su nacimiento: “Que un bebé sea chico es importante. Hay algo que se llama reprogramación genética, y cuando un bebé nace con bajo peso está predispuesto en la vida adulta a desarrollar enfermedades, hipertensión, colesterol alto, infarto de miocardio, diabetes, obesidad. No es solo nacer chico sino que no quede predispuesto a tener alteraciones en la vida futura”.
Por eso, este estudio difundido por el Poder Ejecutivo simplemente confirma que las estadísticas se mantienen peligrosamente firmes y que los especialistas han elevado las advertencias necesarias, en el momento oportuno.
Si a esto se suma la problemática generada por el tabaquismo, entonces manejaremos nuevas realidades porque el 42 por ciento de las mujeres reconocieron que fumaron durante su embarazo y un 20 por ciento declaró sufrir depresión.
Es decir que los contextos que desequilibran también influirán en el desarrollo de un niño. Según Moraes, para las embarazadas “las drogas son tan importantes como su entorno”.
Pero no es un problema uruguayo o regional, sino de extensiones globales con un 0,5 por ciento de la población mundial que presenta retardo mental leve por causas genéricas, que se incrementa ante el consumo de sustancias y otros factores que transmiten consecuencias negativas en las embarazadas.
Es así que los recursos económicos dispuestos en este tipo de investigaciones no se comparan con los resultados que arrojan desde hace años, pero sirven para comprobar otras acciones. Los estudios presentados año tras año confirman que las autoridades --también-- tienen una baja percepción del riesgo que involucra a una población vulnerable y vulnerada, a la que se deberá enfocar esas campañas de prevención específicas con una regulación que se demora y con las dificultades de su aterrizaje en generaciones acostumbradas a naturalizar riesgos y consecuencias de sus decisiones.


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