Nacionales | 03 May Ante la protesta de algunos vecinos de Dolores afectados por el tornado que se quejaron porque la ayuda del gobierno no llega, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que la forma en que protestaron “nos hace dudar de la verdadera motivación” que tiene la medida.
Tras un nuevo Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva y en la conferencia de prensa posterior al encuentro hablaron el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, el prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo y la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León. García dijo que el traslado de uno de los equipos, ya estaba previsto y señaló que en relación a caminería “los recursos disponibles son cercanos a los 50 millones de dólares para este año”.
Consutado sobre las protestas de los pobladores, Roballo dijo que “no representaría la situación general” y criticó que “se procedió directamente al corte de un puente que nos hace dudar de la verdadera motivación de una medida de estas características”.
“Sin embargo le corresponde al gobierno atender estos planteos y dar solución a estas situaciones”, sostuvo. De todas maneras, Roballo señaló que “en 15 días se planificó y acopió materiales”, se realizó relevamiento y en la segunda semana se repartieron los materiales. “Tenemos la tranquilidad para abordar todas las soluciones y existe un despliegue muy importante para el departamento”, agregó. De León, por su parte, señaló que UTE culminó de dar servicio de electricidad a las viviendas afectadas y respecto a la reconstrucción de la ciudad señaló que la intendencia y funcionarios de distintos ministerios realizaron limpieza durante la primera semana. La ministra informó que “actualmente existen dos campamentos de contenedores para alojar familias que perdieron su vivienda” y explicó que “10 arquitectos junto a asistentes sociales trabajan para definir la canasta de materiales a entregar a cada vecino”.

COMISIÓN ESPECIAL POR PANAMA PAPERS
La bancada de senadores del Frente Amplio resolvió la formación de dos comisiones parlamentarias, de las cuales la primera que se solicitará mañana miércoles será una comisión especial para analizar el caso PanamA Papers, o la serie de documentos filtrados a la prensa con nombres de operaciones de empresas offshore, algunas de las cuales fueron creadas en Uruguay. El senador Rafael Michelini dijo a El Observador que esa comisión revisará la legislación nacional sobre las offshore, instrumentos jurídicos que son legales.
La otra comisión que se planteará formar y sobre la que aún no está claro si será especial o investigadora con fines legislativos, refiere a la trata de mujeres en Uruguay.
En la bancada de izquierda también se presentó un informe sobre los trabajos realizados en Zambia donde sesionó la Unión Interparlamentaria, con la presencia de 14 legisladores del Frente Amplio y el Partido Nacional, así como un grupo de funcionarios del Palacio Legislativo. El viaje generó polémica tras difundirse la semana pasada que tuvo un costo de U$S 120.000.

DIÁLOGO SOCIAL INSCRIBE HASTA15 DE MAYO
El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García se refirió en conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros a la iniciativa de diálogo social impulsada por el gobierno, y anunció una extensión del plazo para inscribirse y registrar propuestas. García explicó que el 30 de abril se vencía el plazo para la inscripción y presentación de propuestas, sin embargo, en función de la emergencia que está viviendo el país, se llevará el cierre de la inscripción al 15 de mayo, con la perspectiva de iniciar el funcionamiento de las mesas a partir del 15 de junio.
Hasta el momento hay 530 instituciones inscriptas y se han presentado 140 propuestas, de acuerdo con el jerarca de la OPP.

MÁS DE UN CENTENAR DE VÍCTIMAS CON PENSIÓN DEL BPS
El Banco de Previsión Social (BPS) paga 117 pensiones a familiares de víctimas de delitos graves en función de la ley vigente. En total, se destinan 77.000 dólares por mes al pago de esta prestación.
El presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El Observador que la “aparentemente baja” cantidad de pensiones a víctimas de delitos puede obedecer a la “amplitud de programas de protección social” que existen y añadió que aunque “inicialmente” el sistema presentó “alguna complejidad”, ahora se solucionaron. De acuerdo con lo que prevé la ley, las pensiones a familiares de víctimas de delitos se pagan mensualmente y su valor es de seis bases de prestaciones y contribuciones (cuyo monto de 2016 es de 3.340 pesos), por lo que la suma ronda los 20.000 pesos.