Paysandú, Jueves 05 de Mayo de 2016
Locales | 03 May Comenzó en la víspera el proceso final de realojo del asentamiento irregular Los Álamos, ubicado en Paralela a Dr. Roldán entre Yapeyú y el arroyo La Curtiembre. Como fuera informado, a sus residentes se les otorgó una vivienda en la cual debieron participar con mano de obra, a través de un convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Intendencia Departamental de Paysandú de 2013. Las viviendas fueron construidas --y aun están en proceso de terminación-- en un terreno en El Curupí.
El pasado 23 de abril, tras un traslado de hecho de varias familias debido a otra salida de cauce de La Curtiembre, la intendencia autorizó la mudanza definitiva en 24 de las 28 viviendas en el terreno de reasentamiento.
Paralelamente comenzó a regir un plazo para que los vecinos retiraran todas sus pertenencias y materiales que consideraran de utilidad del asentamiento irregular para posteriormente comenzar con la destrucción total del lugar.
Esto se inició en la mañana de ayer, con apoyo de maquinaria pesada. Las casas comenzaron a ser derribadas hasta los cimientos, para luego retirar del lugar los escombros en camiones de la intendencia.
“Hay gente que hace más de 20 años que estaba en este lugar (en el asentamiento irregular) y sin embargo hablamos con ellos y están contentos”, dijo el intendente Guillermo Caraballo. “Cierran una etapa y comienzan otra mucho mejor y para la institución Intendencia de Paysandú es muy importante. No solamente cumple con los compromisos sino que acentúa el tema de la policía territorial”, agregó refiriéndose al cuerpo que en estos días efectivamente entrará en funciones. “No podían perpetuarse estas construcciones y seguir fomentando el mismo fenómeno. Los vecinos lo comprendieron con mucha claridad, estamos contentos, el mensaje fue bien recibido y comprendido, estamos cerrando una experiencia”, agregó.
Algunos vecinos ya realojados estuvieron presentes durante la destrucción de las precarias viviendas donde habitaron por años. “Fueron muchos años de vivir en este lugar, hay un sentimiento de tristeza pero a la vez estamos alegres porque ha sido un cambio muy importante. El cambio se notó, las casas son muy calentitas, estamos cómodos, llueve y estamos tranquilos”, dijo una vecina. “Esta era una etapa que sabíamos iba a llegar y vinimos porque no queríamos quedar afuera de lo que es cerrar el círculo de nuestro realojo. Estamos muy contentos porque nos han llevado a una casa digna, para nosotros y nuestros hijos”, señaló. Finalizada la demolición y retirados los escombros, la siguiente etapa será el parquizamiento de la zona. Marco García, director general de Servicios, dijo a EL TELEGRAFO que “estamos trabajando en un proyecto de recuperación del espacio público”. Destacó que “hay que tener en cuenta que se trata de una zona inundable y eso es determinante para el proyecto. Por ejemplo, no podremos construir estructuras permanentes, excepto en la zona más alta, más cercana a Yapeyú. Si vamos a plantar muchos árboles y vegetación en toda la zona, porque hay que evitar nuevos asentamientos”. En ese sentido, “tanto en lo que refiere a las especies como en el tamaño de los ejemplares, habrá consideraciones especiales, porque sabemos de antemano que en algunas épocas la zona estará bajo agua. Por tanto deberán tener un tamaño adecuado para soportar las inundaciones”.
La policía territorial, que será coordinada por Claudia Moroy, “está prácticamente en vísperas de comenzar a trabajar”, confirmó el secretario general Mario Díaz. “En estas horas tuve una reunión con Claudia Moroy y ya han sido seleccionados (hubo un llamado interno para tres vacantes) y estamos coordinando proveerlos de los recursos necesarios, como un vehículo, cámara fotográfica, elementos de comunicación”.
Subrayó que “contamos ya con el apoyo del Poder Judicial y del Ministerio del Interior, así que la intención de llevar adelante una política territorial coordinada, que minimice primero y elimine después los asentamientos irregulares en zonas no habilitadas para construcciones con fines de vivienda. Será una política departamental de impacto positivo”.
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