Opinion | 03 May La extensión a territorio uruguayo de las investigaciones judiciales por el lavado de dinero de la “Ruta K” en la Argentina, sobre todo a partir de la trama de inversiones del empresario kirchnerista Lázaro Báez, ha sido asumida como una señal de alerta contundente sobre la incidencia cada vez más activa en nuestro país del dinero del narcotráfico, lo que ha sido además abonado por el desbaratamiento de un cártel mexicano que operaba en nuestro país, también con fuertes inversiones.
En ambos casos --no son los únicos, naturalmente--, se habla de lavado de dinero mediante inversiones sobre todo de carácter inmobiliario, respecto a lo que en nuestro país existen normas que se han incorporado últimamente, pero que distan de construir un blindaje, tanto por imperfección de las normas, como por déficit en los controles y la participación de profesionales poco escrupulosos que en realidad tal vez prefieran el riesgo de pagar una multa a resignarse a perder un negocio redondo, donde posiblemente se involucre más dinero a su favor que el que consta en los documentos.
La difusión de los Panama Papers, donde quedan en la sospecha popular al barrer tanto quienes actúan dentro de la legalidad como los evasores, ha contribuido a excitar la sensibilidad del ciudadano común y las propias autoridades, pero es a la vez un antecedente peligroso. Es que cobra vigor la impresión de un manejo periodístico por lo menos dudoso de tales revelaciones, cuando no solo no se sabe quién revela estos documentos obtenidos por hackers de un estudio panameño, sino con qué criterio o intención se difunden los papeles y eventualmente se reservan otros, como así tampoco a quién favorece que un paraíso fiscal quede en tela de juicio, favoreciendo a otros.
En este contexto también se considera con razón que la globalización abona las posibilidades de lavado de dinero mal habido, y al respecto el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresó en las últimas horas su preocupación por la internacionalización del fenómeno del lavado de activos, aludiendo a la presunta ramificación en Uruguay de la investigación judicial en Argentina que involucra a la expresidenta Cristina Fernández.
"Tiene que haber (preocupación) en un mundo donde precisamente el crimen organizado, muy vinculado al lavado de activos, se ha internacionalizado, ha superado las fronteras de los países y se presenta como un proceso global", expresó Astori a la prensa en respuesta a una pregunta sobre la vinculación uruguaya en ese caso.
De igual manera, agregó que "hay que seguir perfeccionando las herramientas y trabajando intensamente" para combatir este flagelo internacional. Debe tenerse presente que la llamada “ruta del dinero K” hace referencia al caso que investiga la Justicia argentina acerca de las presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner, para sacar millonarias sumas de dinero del país, pero también para invertir parte considerable de ese dinero en la compra de enormes extensiones de tierras en la provincia de Santa Cruz, entre otras propiedades, en las que se presume que guardaba el dinero en bóvedas. Además, hay firmes pistas sobre una posible asociación ilícita con el expresidente Kirchner en sobreprecios de obras y retorno de parte de ese dinero a la propia familia presidencial.
En nuestro caso, la Justicia uruguaya embargó y allanó recientemente en busca de información y posible dinero en efectivo una propiedad de Báez ubicada en el departamento de Maldonado y que fue comprada en 2011 por entre 14 y 16,5 millones de dólares, operación que no fue reportada al Banco Central del país.
Por otra parte, uno de los implicados, el también empresario argentino Leonardo Fariña, en prisión por evasión fiscal, identificó al aeropuerto uruguayo de Melilla, en las afueras de Montevideo, como uno de los lugares en los que hacía escala el dinero que Báez sacaba hacia el extranjero, y donde supuestamente después de las 19 esta terminal aérea era tierra de nadie, por la que se ingresaba libremente por falta de personal aduanero grandes sumas de dinero proveniente de la Argentina.
En cuanto a la actitud del gobierno uruguayo en esta problemática, Astori, al participar en el cierre de la conferencia regional del Banco Mundial "Cuentas Claras, gobernabilidad para un crecimiento con equidad en América Latina y el Caribe" subrayó que nuestro país fue "de los primeros" que puso en práctica normas contra el lavado de activos que, como indicó, "se están aplicando en casos concretos", e hizo un llamado a "no dormirse en los laureles" y a "seguir avanzando" al respecto.
"Uruguay está ganando una posición muy positiva y de mucho respeto no solo a escala regional sino a escala mundial", aseguró, y a la vez consideró que un factor positivo como elemento disuasivo para estas operaciones ilegales es "el más rico y mejor" acceso que actualmente posee la población hacia la información pública.
"El papel de las redes de información está poniendo a disposición del público aspectos, conocimientos y experiencias que antes no tenían, por lo tanto, hay desde ese punto de vista un instrumento de control y transparencia que es muy importante", acotó, aunque naturalmente el aspecto más importante es cómo permea esta información hacia quienes deben ser los encargados de controlar estas maniobras y a la vez generar elementos de prueba suficientes para el Poder Judicial.
Felizmente, con todas sus imperfecciones, igualmente nuestro Poder Judicial es infinitamente más transparente y confiable que el de Argentina, donde todo indica que los magistrados en muchos casos han sido funcionales a las presiones del gobierno de turno, en este caso el kirchnerismo, y lejos de trabajar en desentrañar los operativos de malversación de fondos y sobreprecios desde el Estado, han ocultado y demorado los expedientes en los juzgados, proporcionando un manto de impunidad que permitió que se prohijaran estos ilícitos.
Un elemento clave por lo tanto, para combatir el lavado de dinero, el narcotráfico, las operaciones ilegales, es contar con un Poder Judicial que pueda resistir las presiones y tenga agilidad suficiente para actuar con la debida claridad y confiabilidad, contar con transparencia en la información y como aporte fundamental, el tener una prensa atenta e independiente, dispuesta a denunciar la corrupción allí donde se encuentre, en un escenario indispensable de libertad de expresión, en el libre juego de las instituciones que solo es posible en democracia.