Opinion | 06 May A partir del acentuado deterioro del escenario socioeconómico y político en Venezuela, sin dudas una de las consecuencias más notorias es el desprestigio y caída de la popularidad del régimen de Nicolás Maduro, continuista de la revolución bolivariano socialista que promovió el fallecido expresidente Hugo Chávez, sobre la base de los recursos petroleros como motor de presunto crecimiento interno, expansión e influencia en la región.
Pero precisamente uno de los aspectos de que menos hace gala Maduro es de alguna dosis de inteligencia y pragmatismo, sino que por el contrario, ha apelado a redoblar la apuesta y reforzar el dogma de populismo de que ha hecho gala el régimen desde su antecesor, con la salvedad de que los recursos que tan alegremente se gastaron pensando que la riqueza petrolera era inagotable se han esfumado en esta coyuntura, y solo ha quedado la espuma de asistencialismo, clientelismo político, corrupción e inviabilidad de una política económica que se procura sostener contra viento y marea.
El aluvión de votos de la oposición y antichavista de las últimas elecciones legislativas ha inclinado el fiel de la balanza con signo opuesto, pero igualmente Maduro se aferra al poder y a los dogmas, y a falta de ideas y de dinero, así como de voluntad de reconocer su fracaso sigue embistiendo contra la realidad y acusa a todos los otros de corruptos proimperialistas, serviles a la derecha, fascistas, genuflexos, siervos del imperio, etcétera, entre una serie interminable de adjetivos despectivos y burlones a los que la izquierda acostumbra a recurrir cuando se queda sin argumentos.
La realidad es que ha hecho carne ya en la mayoría de los venezolanos y en el sistema político, que Maduro es un obstáculo para la recuperación de Venezuela, pero no debe soslayarse que está cumpliendo un mandato constitucional, con todas las imperfecciones que han sido incorporadas a la Carta Magna por el chavismo, por lo que cualquier intento de cambiar este escenario debe ser en el marco de la Constitución y las leyes, y con este fin se ha puesto en marcha un instrumento institucional a través de recolección de firmas, con el objetivo final de lograr la revocación del mandato. Y los primeros pasos ya se han dado, luego de que la oposición venezolana presentara las firmas necesarias para abrir el proceso que buscará reducir su mandato. De acuerdo con el reglamento para el referéndum revocatorio aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la oposición debía entregar 195.721, firmas que equivalen al 1% de los poco más de 19 millones de venezolanos que componen el registro de votantes para activar el inicio del proceso.
Aunque el CNE había dado un acotado plazo de 30 días para realizar esa primera etapa de recolección de firmas, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mayoría en la Asamblea General, aseguró haber superado ampliamente la cantidad necesaria, tras haber recolectado más de 2 millones y medio de firmas, aunque decidió entregar las primeras 1.850.000 verificadas para dar celeridad al proceso.
El gobierno chavista, haciendo honor a su escaso apego a la democracia, por decir lo menos, continúa buscando nuevas formas que bloqueen el proceso por lo menos hasta después del próximo 10 de enero, y aseguró que revisará cada una de las firmas presentadas para confirmar que mantienen los requisitos necesarios. Además, declaró que suspenderá la convocatoria al referéndum si los opositores incurren en violencia en algún momento del proceso revocatorio.
La fecha del 10 de enero es clave, ya que si el referéndum no se realiza antes de ese día, en que se cumplen los primero cuatro años de mandato de Maduro, ya no podrán convocarse nuevas elecciones y el gobierno deberá completar los seis años en el ejercicio del poder, como es la intención de Maduro.
De acuerdo con la legislación electoral, una vez verificados y aprobados estos datos, el CNE dará un nuevo plazo a los solicitantes para que esta vez entreguen un conjunto de firmas en favor del referéndum equivalentes al 20% del padrón electoral, lo que equivaldría a unas cuatro millones de firmas.
Como contrapartida, el gobierno chavista sigue encerrándose en su dogma y visión a contramano de la realidad, y es así que la emprende contra los empresarios y denuncia presuntas conspiraciones de la derecha, lo que es clásico en los regímenes autoritaristas, que ven como enemigos a los actores que no comulguen con sus visiones maniqueas.
Ello se confirma cuando en lugar de procurar un diagnóstico de donde se está parado, Maduro procura dirigir el descontento popular hacia los “vendepatrias” que una y otra vez menciona en sus discursos.
Es así que recrudecen desde esta semana las “inspecciones” de fábricas por el gobierno “supervisando todos los depósitos, instalaciones, fábricas de alimentos a lo largo y ancho de Venezuela para determinar los inventarios que tienen estas empresas que dicen que no trabajan si no les dan dólares. Ellos saben quiénes son", según afirmó el número dos del gobierno, Diosdado Cabello, a través de la televisión oficial.
Maduro subrayó por su lado que "aquel que pare una planta, una industria o una fábrica será castigado con la ley. Y planta parada, planta tomada por la clase obrera", en el marco de una guerra particular dirigida en este caso a la empresa Polar, la mayor productora de alimentos y bebidas de Venezuela, que es acusada de ser uno de los motivos de la escasez de alimentos y el desabastecimiento que padecen los venezolanos.
Lamentablemente, el autoencierro de Maduro y su régimen autoritario y egocéntrico le han hecho perder de vista que es imposible crear riqueza por decreto y menos aún distribuirla de acuerdo a criterios ideológicos, para tratar de aferrarse al poder por encima de toda circunstancia.