Locales | 07 May Los operativos de control de tránsito realizados en marzo, con apoyo de la Guardia Republicana, cuerpo que continúa prestando servicios en el departamento, que permitieron detectar cientos de irregularidades, que generaron otras tantas multas, y la incautación de decenas de vehículos, esencialmente motos, incidentalmente influyeron en el aumento de pasajes vendidos por Copay.
Así lo indicaron autoridades de la empresa sanducera de transporte urbano, interdepartamental e internacional al intendente Guillermo Caraballo y parte de su equipo de gestión durante un encuentro concretado en las últimas horas. La información fue confirmada a EL TELEGRAFO por el presidente de Copay, Alvaro del Pino. También informó que hay miles de boleteras estudiantiles sin retirar, lo que genera un perjuicio doble. Por un lado a los estudiantes que pudiendo usar gratuitamente el servicio de Copay no lo hacen, y por otro a la propia empresa que no puede cobrar por esas cuponeras, por las que recibe el 50% de su valor.
“En el mes de marzo se vendieron por plataforma (así se llama a los boletos vendidos por el conductor en el mismo ómnibus) 22.800 boletos más”, dijo del Pino. “Esto se debió a un conjunto de factores, entre ellos los operativos llevados adelante por la Republicana, que provocaron un retorno al ómnibus de usuarios que presumiblemente no tenían sus vehículos en perfecto estado de circulación”.
En marzo de 2015, Copay vendió 117.757 boletos y en marzo pasado 140.516, de lo que surge una diferencia de 22.759 boletos. Por otra parte, el año pasado, en el mismo mes, se entregaron 1.270 boleteras estudiantiles (equivalentes a 50.800 boletos) y este año 1.011 tarjetas para estudiantes (40.440 boletos).
Ya en abril, el número de boleteras estudiantiles ascendió a 2.780 (139.000 boletos). Y la venta de boletos descendió a 109.000 boletos. Estas cifras indican que uno de los elementos que --en época de clases y de lunes a viernes-- actúa directamente sobre la cantidad de boletos vendidos es la incidencia de los estudiantes que viajan, si utilizan boleteras o si, por el contrario, pagan el pasaje.
Sin embargo, en marzo, aun con esa consideración, se vendieron cerca de 23.000 boletos más, al menos en parte no asociados al inicio de clases. La conclusión es que hubo un sector de usuarios que retornó al uso del transporte público urbano para evitar inconvenientes con sus vehículos o al no tener parte o toda la documentación en regla.

ESTUDIANTES NO LEVANTAN BOLETERAS
Por otra parte, Copay tiene “más de 5.000” boleteras estudiantiles que no han sido retiradas. “La mayoría es de UTU, con alrededor de 800 beneficiarios”. Si los estudiantes que tienen aprobado el beneficio retiraran las boleteras, “al menos aliviaría el presupuesto mensual, aun cuando Copay recibe el 50% del costo”, indicó Alvaro del Pino.
En otro orden, en la reunión con la Intendencia se consideró la posibilidad de “otorgar un subsidio a madres con varios hijos en edad escolar, para que en lugar de llevarlos en condición irregular en moto, puedan usar el servicio de ómnibus urbano. El subsidio sería pagado por la Intendencia, pero a su vez Copay hará un descuento a la Intendencia”.
El programa se pondrá en forma experimental en práctica en el CAIF Centro “pero antes la Intendencia hará una reunión con los padres”.

TEMA TOMADO CON SERIEDAD
Ante los directivos de la empresa Copay, la Intendencia ratificó los principales lineamientos del Plan de Mejoramiento del Tránsito y reafirmó su intención de resignificar la utilización del transporte colectivo como alternativa válida para una ciudad congestionada de vehículos, con 70.000 autos y camionetas y 60.000 motos.
“La gente ha percibido que el tema se ha tomado con seriedad”, subrayó Caraballo, refiriéndose fundamentalmente a las primeras medidas adoptadas por la Intendencia, como la convocatoria a la Guardia Republicana para brindar respaldo a las fiscalizaciones; el aumento de la incautación de motos ensambladas con partes de varias, generalmente robadas --el promedio de robos en la ciudad es de tres motos por día--, con escape libre o sin documentación, así como la reorganización de la Dirección de Tránsito, con agilización de trámites y eliminación de prácticas anteriores consideradas de uso habitual, como el retiro de multas sin justificación.