Opinion | 10 May Los analistas coinciden en que las presiones inflacionarias sobre la economía uruguaya se acentuarán en el correr del año, en tanto se presentarán dos años de pérdidas continuas del poder adquisitivo salarial y la complejidad del escenario incrementará en las dificultades para moderar el crecimiento del IPC.
La barrera psicológica de los dos dígitos continuará estando presente --los técnicos privados ya lo habían advertido desde setiembre del año pasado--, y su corrección al alza dependerá de la “evolución del tipo de cambio”.
A excepción de una suba de precios de las verduras con alzas importantes desde comienzos del año, acentuadas por efectos climáticos, no hubo otros elementos que particularmente presionaran al incremento de precios persistente y generalizado de los componentes de la canasta. Es decir, la inflación no solo se relaciona con el dólar, sino con otros costos domésticos que van de la mano con incrementos salariales por encima del 11% o la corrida tarifaria ejercida a comienzos del año.
Ante una desaceleración económica, el país permanece caro en dólares --con la previsión de una suba de la moneda estadounidense-- y convenios salariales que logran ajustes moderados, en comparación con rondas anteriores, pero que se sostienen en dos dígitos. Por el lado del Poder Ejecutivo, se constata que el gobierno ya no cuenta con un margen fiscal que permita sostener las tarifas, por tanto, la inflación no cederá en el corto plazo.
Incluso no cederá aunque se instrumenten políticas similares a los “precios cuidados” o controles sobre estos, en tanto se observan escasos incentivos para que una empresa ingrese voluntariamente a este planteo propuesto desde el Partido Socialista. De hecho, las obligaciones de informar siempre se transforman en un tema de sensibilidad empresarial e implícitamente quienes idearon el programa, estiman un incremento en los márgenes de ganancia.
No obstante, la inflación acuna a una diversidad de variables cuyos costos crecieron, también, en torno a dos dígitos. Es así que un alto porcentaje de los empresarios señalan que descendió la rentabilidad, seguidos por otros que afirman la constatación de una situación incambiada y una minoría que argumenta una mejora en la rentabilidad.
¿De qué otro modo se explicaría el descenso en la producción e inversiones que van de la mano con una caída en los puestos de trabajo, y que en el caso de Paysandú significan cinco mil menos en el último año?
Paralelamente, hay una menor demanda de dinero ante una mayor desaceleración a la esperada por el gobierno y un contexto regional que adopta decisiones de acuerdo con realidades propias y que debería ser tomada --en ocasiones-- como un guiño.
Estos datos no pasan desapercibidos en el Ministerio de Trabajo, donde se deberán laudar las contiendas salariales y mientras que el Pit Cnt denuncia la pérdida del poder adquisitivo y exige un cambio de las pautas, el comportamiento de estas cifras no ayuda a mejorar las propuestas del Poder Ejecutivo, que va por la conservación de una mayor cantidad de empleos.
En junio próximo caerá la mayoría de los convenios vigentes y el escenario no se presenta halagüeño. Incluso la central sindical advirtió de una caída del salario real, después de más de diez años y apuntarán a que los correctivos se acoten de los 18 y 24 meses aceptados por el gobierno, a un rango de 12 meses. De hecho, en el acto del 1º de mayo, plantearon que se sostengan los aumentos nominales del primer año para el segundo año del convenio, a raíz de las presiones inflacionarias.
Mientras tanto, los analistas observaron que a esta pérdida del poder adquisitivo se sumará una caída del empleo, cuyo deterioro podría revertirse parcialmente en 2017. Las pautas oficiales establecen aumentos nominales decrecientes según los sectores y para los más dinámicos, con un crecimiento por encima del 4% anual, plantea elevar 10% los salarios el primer año, 9% el segundo y 8% el tercero. Las ramas intermedias --por debajo del 4%-- propone ajustes de 8,5%, 7,5% y 7%, respectivamente. Para los sectores que presentan problemas plantea incrementos de 8%, 6,5% y 6%.
No obstante, la Cámara de Industria propuso una reducción de la jornada laboral para evitar que el personal sea enviado al seguro de paro, enmarcada en una iniciativa que ha sido vista con buenos ojos por el Pit Cnt.
Un porcentaje importante de las mesas que deberán negociar este año responden a la industria, comercio, logística, servicios financieros, AFAP y el agro. Esta última rama presenta un plano adverso, cuya complejidad se profundizó en las últimas semanas con pérdidas millonarias en soja, arroz y la lechería.
Es así que algunos empresarios exponen la posibilidad de mejorar los procedimientos para descolgarse de los convenios antes de cerrar sus emprendimientos; pero esa decisión requiere de una aprobación de los Consejos.
Aunque la tendencia a los envíos al seguro de paro se estabiliza en los últimos días según cifras oficiales, la central sindical elevó su preocupación ante la falta de inversión pública, tras un encuentro con representantes del Ministerio de Industria, donde se confirmó que las inversiones se verán afectadas y en el corto plazo serán muy escasas.
En este marco de situación, también presentaron propuestas para mejorar la capacitación de los trabajadores que cobran el subsidio, en tanto se constatan las dificultades existentes en algunos sectores.
Sin embargo, la necesidad de capacitación no se tiene en cuenta al mismo nivel que otros reclamos y en Uruguay debería presentarse como un asunto más en la negociación colectiva, no solo para mejorar salarios sino para apuntar a otras aspiraciones de los trabajadores.
Uruguay ha mejorado sus indicadores de pobreza, en comparación a otros países de América Latina, pero constata las mayores disparidades entre niños y adultos con respecto a la disminución de la pobreza y sus privaciones.
Mientras la pobreza monetaria desciende en la infancia, se reduce en forma más moderada en la niñez y adolescencia, por eso se torna necesario un cambio en la visión del desarrollo humano desde el punto de vista de sus ingresos para mantener --al menos hacia el futuro-- un análisis más afinado de esas realidades.
Las experiencias sobre el territorio han marcado la urgencia de esos cambios de paradigma porque, aunque se lograron crecimientos económicos y salariales, ha crecido la brecha de desigualdad y el acceso a otros derechos básicos.