Nacionales | 16 May Las cuatro principales empresas estatales tienen juicios pendientes por U$S 305,8 millones, según los balances auditados al cierre de 2015 publicados en sus páginas web. La cifra fue tenida en cuenta a la hora de armar los presupuestos para este año, aunque los servicios jurídicos tanto de UTE como OSE, Ancap y Antel no consideran que se deba pagar la totalidad de ese dinero.
UTE es la que tiene el mayor volumen de juicios pendientes y de acuerdo con el balance auditado de 2015 la empresa de servicio eléctrico estimó que dentro de los procesos en trámite que pueden concluir en egresos hay 177 juicios por U$S 226 millones. El monto corresponde a las pretensiones reclamadas por quienes entablaron los juicios y es por “daños y perjuicios, responsabilidad por hecho y omisión de la Administración, juicios por cobro de pesos, servidumbre, juicios ejecutivos, reparación patrimonial y aquellos en los que se dilucidan reclamaciones de índole laboral, tales como diferencia de haberes o salarios”. También se incluyen los procesos expropiatorios que corresponden a cuatro casos por $ 1.095.976. Pese al volumen de dinero demandado en los juicios, las previsiones hechas por el ente a fin de año eran de U$S 47,3 millones ($ 1.414.068.805). En estos casos los servicios jurídicos consideraron que es altamente probable que el resultado final sea desfavorable.
Más allá de esto, UTE deja constancia en el balance que tiene 11.080 acciones promovidas por un monto reclamado equivalente a U$S 19.957.819 dentro de los cuales están incluidos “juicios ejecutivos e irregularidades tarifarias” que pueden concluir en ingresos para la empresa.
En el caso de OSE, según el balance consolidado a fin de 2015 había 88 juicios en curso a través de los que se reclamaba un monto equivalente a U$S 6,2 millones, de los cuales U$S 1,6 millones son en pesos. El organismo estimó que estos casos derivados del desempeño de la actividad de la empresa pueden derivar en egresos para OSE. En su balance sostiene que hay procesos que pueden terminar en ingresos para OSE y entre estos figuran 63 acciones promovidas por el organismo por un monto de U$S 500.362.
Ancap, por su parte, tenía sobre fin del año pasado previsiones para hacer frente a indemnizaciones potencialmente a pagar por juicios pendientes por U$S 6.177.663 aunque, según consta en su balance 2015, el monto total reclamado por los diversos juicios asciende a U$S 73.461.205. En el balance se sostiene que “si bien no es posible predecir con suficiente seguridad el resultado final de la mayoría de los procesos en trámite se estima que existe posibilidad remota que surja salida de recursos para su liquidación”.

NUEVAS CONVOCATORIAS AL DIÁLOGO SOCIAL
El Ejército, la Iglesia Católica, los mormones, los transexuales, los “cincuentones”, las víctimas de delitos y las cámaras empresariales, entre centenares de organizaciones y oficinas del Estado, se sentarán en la mesa del diálogo social para hablar de educación, seguridad, salud, desarrollo económico, cambio climático y políticas de género. Las propuestas van desde educar a los jóvenes que no estudian ni trabajan (conocidos cono ni-ni), conceder aguinaldo para todos los jubilados, no incrementar la presión fiscal sobre el empresariado, implementar una regla fiscal, el retiro de las tropas de Haití, la organización de torneos de fútbol callejero, el dictado de clases de cocina en escuelas, la anulación de la ley de minería de gran porte, la promoción de tratados de libre comercio y el diseño de un nuevo marco curricular para la educación básica obligatoria.
El diálogo social es una promesa de campaña del presidente Tabaré Vázquez y se dividió en tres grandes bloques: Desarrollo e inserción internacional (crecimiento económico sostenible, infraestructura producción e innovación y educación); Protección Social (derechos y justicia social, salud y deporte, seguridad y convivencia ciudadana); y Políticas Transversales (descentralización y ciudades, género y generaciones, cambio climático y medio ambiente).
Hay 560 inscriptos desde organizaciones, sociedades médicas, agencias, cámaras, ministerios, empresas públicas, cooperativas, colegios, universidades, el Pit-Cnt y diversos sindicatos, según el listado disponible en el sitio web del Diálogo Social.
La educación y la seguridad son los temas que más interés concitan en el diálogo social. Por ejemplo, el Ejército plantea formar a los ni-ni en “batallones de auxiliares” por un período de seis meses para instruirlos en oficios, contar con una fuerza para atender los desastres naturales, reforzar los valores patrióticos y ciudadanos y otorgarles un medio de sustentación económica mientras dure el servicio.

SE DESTRABARÍA CONFLICTO DE REGISTROS PÚBLICOS
El viernes pasado se realizó una negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social donde estaban presentes autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, los dos gremios, y el director de Registros.
Allí el gobierno realizó una propuesta que es considerada aceptable por los funcionarios, pero que deberá ser refrenda por la asamblea. Mañana martes, en la asamblea, se planteará la propuesta realizada por el Gobierno y se verá cómo sigue el conflicto, en tanto se mantiene la medida. El dirigente Daniel Fratín dijo a El Espectador que al menos el gobierno envió una propuesta, que es medianamente aceptable pero que debe ser analizada todavía.