Opinion | 16 May En la víspera se conmemoró el Día Internacional de la Familia, instaurado por Naciones Unidas para enfatizar en las políticas sociales orientadas a estos núcleos de conformaciones diversas y concientizar sobre los procesos sociales, económicos o políticos que la afectan en distintas formas.
Paralelamente, ayer se celebró el Día de la Madre y en la oportunidad se mostró la cara habitual de una jornada que trasciende entre buenas ventas y mensajes de caros sentimientos hacia un pilar fundamental de la familia.
Sin embargo, la cara oculta de la maternidad se presenta en cifras que no se superan en el marco de una realidad latinoamericana. En Uruguay, uno de cada diez embarazos corresponde a una adolescente y los estudios efectuados de los datos obtenidos en el censo del Instituto Nacional de Estadísticas en 2011, no perciben una tendencia al descenso, ante las desigualdades económicas y de género. Los cinturones de las ciudades cuentan con niveles superiores de madres adolescentes, incluso se profundizan en hogares con mayores necesidades básicas insatisfechas y de acuerdo con la ascendencia étnico-racial.
La realidad se torna más compleja en América Latina y el Caribe, donde cada año miles de adolescentes quedan embarazadas contra su voluntad y son obligadas a continuar con la gestación ante las legislaciones restrictivas, presiones sociales o familiares, la inaccesibilidad a métodos de prevención y falta de educación sexual. La temprana iniciación en las relaciones sexuales conjuntamente con los mayores índices de violencia se presenta entre los 15 y 19 años.
A pesar de que el Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), aclara que “obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé debe ser considerado tortura o trato cruel, inhumano y degradante, según los casos, en los términos de la Convención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, se percibe un desentendimiento de estos aspectos, que refieren también a los derechos humanos.
Más allá de los riesgos orgánicos que supone un embarazo adolescente, se encuentran las consecuencias inmediatas y duraderas que alterarán para siempre su desarrollo social y de generación de ingresos, porque reafirma que es un indicador de desigualdad entre hombres y mujeres.
En nuestro tiempo, la pérdida de funciones de la familia aparece como un rasgo notable de estas tendencias y su transferencia hacia otras instituciones –sociales o educativas-- se observa con mayor asiduidad. Paralelamente, el envejecimiento demográfico contribuyó a aumentar la cantidad de hogares unipersonales y de parejas, además de los cambios vertiginosos en la formación y disolución de las uniones.
Insertos en esta realidad se presentan los distintos tipos de núcleos familiares, donde se nota un descenso en el número de matrimonios contraídos anualmente y se incrementan los divorcios, al tiempo que disminuyen los niños que residen con ambos padres. Las rupturas familiares también se reflejan en la disminución de personas que conforman los hogares, con un creciente protagonismo femenino y un aumento de las jefas de hogar.
En tal caso, se han modificado las expectativas de las mujeres uruguayas que en la actualidad tienen menos de dos hijos en promedio, y esta cifra está por debajo del recambio generacional.
Claro que estos escenarios se analizan técnicamente con mayor detenimiento en los últimos años, pero provienen de transformaciones que se gestaron entre la década de los años 60 y 70, al tiempo que a partir de los años 80 se dispararon los divorcios
La recientemente aprobada ley de maternidad, paternidad y cuidado se orienta al cambio de algunas pautas específicas e innova en lo relacionado a la licencia de los padres y recoge experiencias de otros países junto a propuestas de los colectivos sociales. No obstante, sus resultados y beneficios se confirmarán o no con el paso del tiempo, en tanto exige –además-- un cambio cultural de sus beneficiarios.
Sin embargo, el embarazo adolescente y las nuevas integraciones familiares que inciden en el comportamiento de la población no se encuentran en los discursos de las agendas políticas en los últimos años, sino que las crisis de los núcleos que son la base de nuestra sociedad se toman con la naturalización de los temas que abarcan a las nuevas sociedades.
La aceptación como válidas de las diversas conformaciones familiares, también debería llevar implícita la admisión de sus consecuencias conflictivas interpersonales y el cambio de modelo que repercutirá en una transformación de los roles, donde en muchos casos los hermanos mayores deben hacerse cargo de los más pequeños o cumplen con actividades remuneradas para aportar al hogar que encabeza una mujer que lleva adelante una extensa jornada laboral.
Al estimar que el nivel de rupturas seguirá siendo alto, los programas orientados a evitar los embarazos adolescentes o no deseados deberían jugar un papel significativo y más allá de enfatizar en la necesidad de aceptación de las diversas estructuras familiares existentes, un cambio de dirección en los mensajes que horizontalice a la adolescencia y primera juventud, en tales transformaciones, ayudará a los futuros adultos a comprender y resolver en forma individual los aspectos vinculados a las desigualdades e inequidades sociales, más allá de los discursos no instalados aún en la agenda pública.
Y aprovechando que, bajo el nuevo comportamiento familiar, se transfieren a las instituciones algunos roles básicos que deberían funcionar puertas adentro, deberían instalarse programas de planificación familiar y de oportunidades educativas, laborales y de vivienda para jóvenes y adolescentes, que evitarán el abandono prematuro del sistema educativo. Si se profundiza el abandono, entonces redundará en el acceso a puestos de trabajo con menores ingresos y se crearán condiciones para que no se alejen de los estratos desfavorecidos en los que crecieron y comiencen a repetir conductas similares a sus progenitores.
La accesibilidad a la vivienda también deberá incluirse en esa pluralidad de propuestas familiares y de ingresos entre variados a inestables, en tanto las nuevas urbanizaciones crean verdadera ciudadanía, con el aprendizaje de derechos y obligaciones que se desdibujan a medida que cambian las generaciones.