ES EL CUARTO PROYECTO SIMILAR

Locales | 17 May Unos 7.000.000 de dólares anuales podría recibir el departamento de Paysandú --y un monto similar Artigas y Salto--, si tiene andamiento un proyecto de los diputados Mario Ayala (Artigas) y Nicolás Olivera, por el que se crearía el Fondo Salto Grande para el Desarrollo. Si la idea se concretara, Paysandú recibiría cada año un monto similar al que obtendrá por el fideicomiso que debe cancelar en 2020 y no habría repago.
Es la cuarta vez que se presenta un proyecto similar, después que en 1995, 2000 y 2008 iniciativas del mismo tenor fueran consideradas a nivel parlamentario. Otro antecedente es el Fondo Especial de Santo Grande, que desde abril de 1998, por la ley argentina 24.954, beneficia a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, a quienes se destinan los excedentes de la represa de Salto Grande del lado argentino. Previamente, en la reforma constitucional argentina de 1994, se incluyó que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. En Entre Ríos, los fondos son administrados por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande(Cafesg).
Ayala y Olivera tienen la intención de que a su proyecto “lo firmen más legisladores del partido (Nacional) y todos los que se quieran adherir, sin importar su colectividad política”, dijo el diputado sanducero a EL TELEGRAFO. Este acaba de ser presentado en Artigas y en breve lo será en Salto y Paysandú.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA REGIÓN
Por el proyecto de ley se crea “el Fondo Salto Grande para el Desarrollo, cuyo objetivo será la promoción económica y social del área de influencia de la represa de Salto Grande, conformada por los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú”, según se indica en el artículo 1º.
El Fondo se integrará con el 8% del total anual facturado por la venta de energía producida por la represa de Salto Grande, correspondiente a la parte uruguaya de la usina binacional. El monto se recibirá a partir de este año. Se estima que Uruguay recibe por Salto Grande entre 250 y 300 millones de dólares.
Cada uno de los tres departamentos recibirá el 30% del monto total y el restante 10% se verterá a los recursos que dispone el Poder Ejecutivo para emergencias o crisis nacionales, cualquiera sea la zona a apoyar. Por tanto, cada uno de los tres departamentos podrán recibir unos 7.000.000 de dólares anuales, y el Poder Ejecutivo unos 2,5 millones de dólares cada año, tomando para el cálculo la cifra de 300.000.000 de dólares.
Los recursos deberán ser depositados antes del 28 de febrero del año siguiente a su generación. Las intendencias no tendrán libre disponibilidad de esos recursos, sino que deberán ser usados en lo que el propio proyecto establece. Asimismo, las intendencias deberán planear y ejecutar sus programas en forma anual, presentando el plan de obras a su Junta Departamental en marzo de cada año.

EN QUÉ SE PODRÁN USAR LOS RECURSOS
Los recursos podrán usarse para obras públicas de infraestructura destinadas a promover el desarrollo regional; la erradicación de viviendas en zonas inundables mediante la construcción de otras en terrenos no afectables por las crecidas; el desarrollo de programas urbanísticos construidos en los espacios donde se hayan erradicado viviendas inundables, para destinarlos a funciones de esparcimiento, recreación y deporte; y a proyectos de implantación y reconversión o desarrollo industriales, con prioridad para la manufactura de productos primarios propios de la zona. También podrán ser invertidos en la construcción de sistemas de riego troncales o perforaciones intrabasálticas, en áreas de producción agrícola, en particular citricultura, hortifruticultura y lechería, ubicados en el territorio de esos departamentos, que permitan a emprendimientos públicos o privados aprovechar el agua del embalse; construcción de embalses en zona basáltica elevada para reserva de agua; atender emergencias sociales derivadas de las variantes de cotas, permanentes u ocasionales, provocadas por crecientes del río Uruguay o los afluentes de su cuenca, por las operaciones de la represa o por sequías; programas de protección ambiental; promoción de las pequeñas y medianas empresas instaladas o a instalarse en la región, con preferencia por aquellas que trabajen en nuevos sectores productivos y empleen mano de obra juvenil; y al apoyo a construcciones o equipamientos docentes públicos.

ANTECEDENTES EN URUGUAY
La primera vez que a nivel legislativo se consideró la creación del Fondo Salto Grande para el Desarrollo fue en diciembre de 1995, cuando el entonces diputado por Artigas Carlos dos Santos, junto a legisladores de los tres grandes partidos, lo propuso. Su objetivo era la ejecución de planes de desarrollo rural y promoción económica y social de la región con influencia de la fuente hidroeléctrica de Salto Grande, correspondiente a los departamentos de Artigas, Salto y Paysandú.
Cinco años después, en el 2000, legisladores del Frente Amplio presentaron en la Cámara de Representantes un proyecto de ley por el que se crearía el Fondo Salto Grande para el Desarrollo. Entre los autores de la iniciativa estaban el hoy senador Ernesto Agazzi y el vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Entre los diputados firmantes de esa iniciativa se encontraban el expresidente y actual senador José Mujica, y los actuales senadores José Carlos Cardoso y Daisy Tourné. Se integraba con el 10% del total anual facturado por la cuota parte de energía producida por la represa de Salto Grande correspondiente a Uruguay. El fondo se destinaría al fomento de pequeñas y medianas empresas que generaran empleos en la zona; la promoción de la lechería familiar en unidades económicas; la construcción de viviendas para pobladores de zonas urbanas y suburbanas afectadas por inundaciones; sistemas de riego en áreas de desarrollo agrícola; emergencias sociales provocadas por crecientes del río Uruguay o sus afluentes, o por operaciones de la represa de Salto Grande; y programas de protección al medio ambiente. Un 10% sería destinado a cubrir emergencias sociales producidas por crecientes.
Finalmente, en 2008, el entonces diputado por Salto Rodrigo Goñi Romero presentó un proyecto similar al de los diputados frenteamplistas, de ocho años antes. La exposición de motivos que sustentaba aquel proyecto de ley de los legisladores del Frente Amplio expresaba, entre otros conceptos, que “la represa de Salto Grande comenzó a generar energía en 1979 y lo ha hecho en forma ininterrumpida hasta hoy, demostrando en los hechos que esa forma de generación energética es la más limpia, barata, renovable y autofinanciable disponible”.
Y continuaba: “También ha provocado, aguas arriba, inundaciones mayores a las previstas; no generó un polo de radicación industrial”. Agregaba que la represa le quitó a la zona “de los tres departamentos del litoral noroeste miles de hectáreas de tierras, sin que las indemnizaciones a los propietarios privados pasaran de ser una compensación individual, pero nunca una indemnización regional”. También incluyó “errores en obras no comunes, como el nuevo trazado de la Ruta Nacional Nº 3, marginaron a pueblos como Constitución y Belén, sin que haya habido resarcimiento adecuado a comunidades castigadas además por el cierre de El Espinillar”.
EN ARGENTINA
En el lado argentino, desde el comienzo mismo de la generación energética, las provincias de Entre Ríos y Corrientes recibieron aportes significativos. En 1998, se incluyó a Misiones en el reparto de las ganancias de Salto Grande. La Ley argentina 24.954 estableció que los excedentes derivados de la represa Salto Grande se repartieran en forma proporcional. De esta manera, la provincia de Entre Ríos recibe el 65,5%, el 27,5% para Corrientes y el 5% a Misiones.
En Entre Ríos fue creada la Cafesg por Ley Provincial Nº 9140 en 1998, durante el segundo gobierno de Jorge Pedro Busti. Es la encargada de administrar el fondo formado por los aportes provenientes del excedente derivado de la explotación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande. Las provincias se quejan de que el gobierno nacional les ha restado unos 300.000.000 de dólares en ingresos, desde setiembre de 2003, el primer gobierno de Néstor Kirchner.