Opinion | 13 May Para quienes creemos en la democracia no hay nada para festejar a propósito de la situación que se ha generado en Brasil y que ha desembocado en el inicio del juicio político y separación temporal de su cargo --por 180 días-- a la presidenta Dilma Rousseff. Se trata de un país vecino en serios problemas socioeconómicos, a lo que se agrega un problema institucional que pone en duda que la jefa de Estado complete el mandato. Pero este escenario está enmarcado en un proceso que está previsto en la Constitución brasileña y muy lejos por lo tanto de que se trate de “un verdadero golpe de Estado”, como ha señalado Rousseff, anteponiendo su situación personal a la institucionalidad del país.
Por cierto, hay varios perfiles para el análisis y mucho paño para cortar ante lo que ocurre en el país vecino, pero no puede soslayarse hacer referencia primero a los hechos de las últimas horas, en su secuencia episódica que culminaron con la salida por la puerta de atrás de la mandataria del palacio presidencial.
Es así que ayer la presidenta fue suspendida temporalmente de su cargo por decisión del Senado brasileño, y ya ni lerda ni perezosa, minutos después salió con un discurso a la población en el que aseguró haber sido víctima de un golpe de Estado y de "una farsa política y jurídica".
"Lo que está en juego en el juicio político no es solo mi mandato. Lo que está en juego es el respeto por las urnas, por la voluntad soberana del pueblo brasileño y por la Constitución. Lo que está en juego son las conquistas de los últimos 13 años", afirmó la mandataria.
Además, aseguró que su gobierno ha sido objetivo de un intenso e incesante sabotaje, con la intención evidente de impedirle llevar adelante su gestión "y así forjar un ambiente propicio al golpe", a la vez que reflexionó que "cuando una presidenta electa es acusada por un crimen que no cometió, el nombre que se da a eso en el mundo democrático no es impeachment, es golpe".
Pero hay que ir despacio por las piedras, tanto en los antecedentes como en el origen de este proceso y sus consecuencias, porque, para empezar, el impeachment no ha sido inventado para Rousseff ni mucho menos, sino que ha habido decenas de estos procedimientos --la enorme mayoría sin resultados-- en la política brasileña. El más resonante ha sido la destitución del expresidente Fernando Collor de Mello, precisamente por corrupción, aunque posteriormente el exmandatario fue sobreseído de los cargos en los juicios que se le siguieron y hoy ocupa una banca parlamentaria.
Por lo tanto, es un procedimiento que no es desconocido y que no ha sido fijado como objetivo para poner en “víctima” a Rousseff, quien entre otras consideraciones, fue arrastrada por una degradación de su gestión de gobierno, con brutales tejidos de corrupción institucional, que hicieron que se esfumaran miles de millones de dólares por fraudes y coimas en la empresa estatal de petróleo Petrobras. A la vez, existieron pago de sobornos a diputados de todos los partidos y otros hechos similares que han confirmado la degradación en el cuerpo político de este país.
Y por más que tanto Rousseff como Lula Da Silva, su antecesor y mentor, lo nieguen, hayan tocado o no dinero o traficado influencias, “no podían ignorar” lo que estaba sucediendo alrededor suyo, salvo que exprofeso miraran hacia otro lado para no complicarse y seguir adelante con sus políticas con cierta tranquilidad pese a que llovieran las acusaciones desde todos lados por el deterioro de la institucionalidad.
También debe tenerse en cuenta que el actual escenario está fuertemente interrelacionado, como ocurre con cualquier gobierno, con la situación económica, con el humor de la población y los actores del tramado socioeconómico del país. Este factor ha jugado fuertemente en su contra, porque el deterioro ha avanzado a pasos agigantados desde hace por lo menos un año. Es que el país ha ingresado en una recesión que dista de revertirse, y ha hecho carne en la mayoría de los brasileños que no puede esperar que desde su presidencia se adopten medidas que permitan una mejora dentro de un período razonable, porque sus políticas voluntaristas están agotadas.
Desde el punto de vista formal, empero, el detonante del juicio político ha sido que la ahora exmandataria le mintió a los brasileños, al plantearle a los electores un panorama del país que estaba maquillado, porque los indicadores que exhibió no mostraban el déficit fiscal que es piedra angular de la crisis. Con deslealtad jugó esta carta para obtener el respaldo de los votantes --que fue apenas de un uno por ciento sobre el opositor-- y, por lo tanto, ha detonado el procedimiento de un juicio político para lo que puede calificarse como un delito político, previsto en la Constitución brasileña.
La presidenta ya suspendida ha soslayado estos elementos y, rodeada de quienes fueron sus ministros y colaboradores, aseguró que sufre "la mayor de las brutalidades que se puede cometer contra un ser humano: castigarlo por un crimen que no cometió".
Sus primeras palabras fueron que lo que está sucediendo es "un verdadero golpe de Estado" al que se llegó con "un juicio fraudulento". Y dijo que "quieren tomar por la fuerza lo que no consiguieron por las urnas".
"El mayor riesgo para el país en este momento es que lo dirija un presidente sin votos", dijo Rousseff. "Un gobierno que se puede ver tentado a reprimir" a los que se rebelan contra él, sentenció, con lo que lejos de elevar las miras, exhibe una postura que no puede contribuir a la paz social que necesita Brasil, que precisa América Latina, para que su nación pueda recuperarse gradualmente de la situación económica en el marco de una institucionalidad en base a la grandeza y desprendimiento de todos sus actores para restañar heridas.
Lo confirma cuando señaló en su discurso que "quieren impedir la ejecución del programa que se eligió por el voto de 54 millones de brasileños y brasileñas. El golpe amenaza con llevarse por delante no solo la democracia sino también los logros alcanzados en la última década", cuando precisamente junto con la corrupción galopante, ese ha sido su mayor problema, porque lo que se “ganó” desapareció en poco tiempo, porque se trataba de “logros” sin sustentabilidad, de transferencias efímeras de recursos que solo podía sostenerse mientras durara la favorable coyuntura internacional.
Y tras estas reflexiones, la pregunta que surge inmediata es: los demás países del Mercosur, ¿harán lo mismo que con Paraguay, cuando como club de amigos presidentes suspendieron a la nación guaraní por la destitución, contemplada en la Constitución, del expresidente Fernando Lugo, quien luego compareció en las urnas y quedó sepultado por los votos de los propios paraguayos que le dieron la espalda? Lo dudamos, por decir lo menos.