Opinion | 23 May La presencia de una Policía militarizada en Paysandú ha sido aplaudida desde diferentes sectores de la sociedad que reclamaba fuertes controles en el tránsito y en barrios conflictivos. Sin embargo, no es positiva la militarización policial con la presencia de una fuerza de choque, como los son el Grupo GEO y la Guardia Republicana. En tal caso, solo llevan a la práctica su entrenamiento, por tanto, es correcto su proceder.
Lo negativo es que actúe sobre lo que tendría que hacer la Policía, como por ejemplo, los controles en el tránsito o en la ruta con personal de la ex Caminera. Es decir, no se trata de condenar la presencia de esta fuerza, si se trata de algo muy puntual y por poco tiempo.
En los últimos años se observó que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tuvo un cambio radical en su percepción de la inseguridad ciudadana, en tanto, pasó de la relativización de las estadísticas que planteaban un aumento de los casos, a la represión, cuando era algo a lo que se negaba. Es así que pasamos de la “sensación térmica”, señalada por el exministro del Interior durante la primera administración del presidente Tabaré Vázquez, José Díaz, a la militarización policial a raíz de los reclamos ciudadanos, la postura de la oposición y también --por qué no decirlo-- de la propia fuerza política en el gobierno.
Así se comprueba que las autoridades de referencia no subieron los primeros escalones, sino que, directamente, se obtuvo la presencia de una fuerza de choque para controlar los comportamientos en el tránsito.
Asimismo, es negativo que se aplauda lo que antes se condenaba, porque de esta forma se apoyan el estilo de las antiguas “razzias”, cuando se solicitan los documentos y se detiene a personas por el solo hecho de permanecer en la vía pública.
No debemos olvidar que estos procedimientos se prestan para el abuso de autoridad y en algunos casos se observan detenciones arbitrarias en la calle. Tal como ocurrió con la demora de un ciudadano en pleno centro de la ciudad ante la confusión sobre su requerimiento y mientras tanto estuvo esposado de rodillas y ante la vista de los transeúntes.
Paralelamente, un caso de tinte diferente sucedió cuando un familiar de un sospechoso protagonizó un incidente con la Policía, también en la zona céntrica, y quedó en libertad.
Es decir, se trata de intervenciones que antes condenábamos, al igual que la persecución efectuada por la fuerza de choque a los conductores en infracción de tránsito. Eso también se rechazaba con fuerza en las redes sociales, por actores que hoy no intervienen e incluso retiraron sus cuentas de Facebook.
O cuando se efectuaron detenciones en un barrio específico, a solicitud de los vecinos, ante la sospecha de consumo de drogas y desórdenes nocturnos, pero en realidad las detenciones se concretaron en el marco de investigaciones, bajo conductas similares a las “razzias”, sin otras derivaciones.
Anteriormente, un sospechoso permanecía detenido por 48 horas y sin una causa, pero actualmente lo hacen por 24 horas. Esto también se hizo al finalizar la dictadura cívico-militar, cuando detenían sin ningún motivo a los jóvenes en sus salidas nocturnas, les requerían su documentación y eran trasladados a las dependencias policiales.
Entonces, ¿ahora está bien y antes estaba mal? No es bueno para la democracia ser dependientes de una Policía militarizada, en tanto se asemeja a las resoluciones adoptadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien se apoya en el Ejército bolivariano. Es decir, cuando no hay nadie más a quien recurrir, se asciende un escalón. El caso uruguayo no se trata de militares propiamente dichos, sino de una Policía militarizada o fuerza de choque.
La utilización de una fuerza de estas características debería transformarse en el último recurso por un tiempo muy limitado, porque si se extiende por un período mayor puede contaminarse de los mismos vicios que la Policía tiene en la actualidad. Por eso condenamos que la comunidad lo aplauda con la idea que se transforme en un accionar permanente, cuando --en realidad-- se deben mantener los niveles más bajos de represión.
En las sociedades modernas hay que tener en claro qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Está mal permanecer charlando en la calle a las tres de la mañana? Si esto es así, entonces el mensaje tiene que emitirse con claridad. Por ejemplo, en Estados Unidos no se permite la permanencia en una plaza pública después de las 22 horas y varios espacios se encuentran cercados.
En Uruguay no está prohibido. Entonces, ¿por qué se puede detener a una persona por encontrarse en un espacio público?
Por otro lado, tanto el grupo GEO como la Republicana han llamado la atención a quienes realizan filmaciones con celulares. ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay para ocultar, si realizan los operativos con el rostro cubierto? ¿O es la voluntad de no mostrar la violencia aplicada en un procedimiento?
Dejémonos de hipocresía y aceptémoslo tal cual se lleva a la práctica desde ahora y hacia futuros gobiernos, sean del tinte que sea. Si no se aceptan determinadas conductas, entonces cambiemos la reglamentación municipal vigente o la legislación a nivel nacional, antes que aceptar los actos intimidatorios.
La exposición de las personas en determinados operativos se transforma en una respuesta violenta de los afectados y genera reacciones de las fuerzas de choque a las que “no se les debe hablar”.
Son las mismas fuerzas que se derivan en los controles en el tránsito. Por eso cabe la pregunta, ¿ahora se detiene a un conductor sin violencia?, ¿es realmente sin violencia?
Y son los efectivos destinados al control de la venta de estupefacientes, tal como ocurrió en un céntrico operativo bajo un despliegue cinematográfico, con armas largas, cara cubiertas y corte de calle para que terminen libres y burlándose tanto de la Policía como de quienes transitan o trabajan en el lugar, porque volvieron a instalarse en un área cercana.
Esas actuaciones con gran severidad y sin mayores respuestas se llevan adelante a la vista de todos. Y tanto se desarma un automóvil como se cachea a un ciudadano públicamente para que después nada ocurra. ¿Cuál es el objetivo final? ¿La demostración de la efectividad de los operativos? Si esta es la forma, seamos coherentes. Si queremos “mano dura”, digámoslo, pero recordemos que estos operativos pueden involucar a cualquiera y a quienes hoy son reclamantes de la represión en las calles. Más temprano que tarde, es factible que le suceda a alguien de su familia. Cuando se llevan a la práctica esta clase de operativos, se debe tener una fuerte convicción de que el resultado será positivo y no de carácter preventivo. Es decir, que el seguimiento de una pista certera se transforme en la condena efectiva a un delincuente y que no se devuelva como una imagen de fuerte mensaje hacia la sociedad. Porque cuando las garantías se pierden, entonces se perderán para todos y no solo para los malos.