Opinion | 18 May El trágico saldo del incendio del hogar de ancianos “Epoca dorada” en la capital ha impactado dramáticamente en la comunidad. Por la irreparable pérdida de vidas y porque al lamentable siniestro se agrega la percepción --que no es nueva-- de un tramado socioeconómico que presenta serias vulnerabilidades, que suelen agravarse en momentos de problemas en la economía, pero que en este caso tiene asimismo un componente estructural que permanece incambiado con el paso de los años.
Así, el hogar de ancianos que se incendió en la madrugada del lunes no tenía habilitación de Bomberos y por lo tanto tampoco contaba con la del Ministerio de Salud Pública (MSP). Sin embargo, nunca fue clausurado pese a haber recibido inspecciones, con personas que residían allí desde hace seis años.
En el incendio murieron siete personas, de las cuales la mitad eran nonagenarias: cuatro por quemaduras directas, dos por afectación de las vías respiratorias y otra por intoxicación. Pero desde el punto de vista material, la tragedia ha desnudado, por si hacía falta, las carencias que existen en los hogares de ancianos en cuanto a las habilitaciones y controles. Fuentes del MSP reconocieron a El Observador que la mayoría de los hogares de ancianos están en la misma condición y tienen la habilitación "en trámite".
Ocurre que este hogar siniestrado había sido inspeccionado dos veces por el MSP en marzo de este año, por lo que las autoridades sanitarias tenían conocimiento de las irregularidades y los propietarios del centro estaban reparando las deficiencias constatadas, pero no recibieron una sanción.
A su vez desde el MSP afirmó que para clausurar un hogar de ancianos deben incumplirse todos los requerimientos, porque si no todos estarían clausurados.
Este es precisamente el factor que condiciona seriamente esta problemática en todo el país, porque hay realidades que no pueden soslayarse y tienen que ver con el hecho de que salvo organizaciones de beneficencia y la intervención que pueda tener el propio Estado, quienes tienen a su cargo --incluso como medio de vida-- la propiedad o gestión de un hogar de estas características, también se desenvuelven con carencias.
Según datos del Censo de 2011, existen en Uruguay 844 residenciales para ancianos donde viven unas 13.800 personas, y el hecho de que esté la habilitación "en trámite" quiere decir que el centro cumple con algunas de las condiciones necesarias para que puedan funcionar como hogar, pero no con todas, por lo que no alcanzan el permiso definitivo. En este caso, les faltaba la habilitación de Bomberos, condición necesaria pero no suficiente para obtenerlo.
"No tenía habilitación y al no tener no correspondería que funcionara", aseguró a El Observador el director de Bomberos, Leandro Palomeque. "Ahí está la diferencia entre el puede y el debe. Poder pudo, estaba funcionando. Deber no debía. Por parte nuestra no tenía ningún tipo de certificación", agregó.
En este caso, estamos ante un hogar sin fines de lucro –que ofrecía vivienda permanente y alimentación a 17 adultos mayores– que solicitó en 2014 la habilitación a la Dirección Nacional de Bomberos pero esta fue "observada" y se paralizó. El proyecto que presentaron tenía errores respecto al área edificada con que contaba y por lo tanto la solicitud "quedó colgada y no se avanzó más", explicó Palomeque.
La organización que estaba a cargo del hogar había declarado un área construida menor a la real, por lo que fue frenada y, como no se aprobó el proyecto, tampoco recibió una inspección por Bomberos. Para que hubiera sido concluido el proceso restaba que la organización responsable se volviera a presentar ante la Dirección Nacional de Bomberos para renovar el pedido, presentar el proyecto, que lo aprobaran y luego le realizaran una inspección de control.
Desde el Estado, la respuesta ante este hecho puntual, que es solo la punta del iceberg, provino desde el MSP, cuyas autoridades ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron cambios en la reglamentación para exigir que haya un funcionario cada 10 internos como mínimo, dependiendo del grado de invalidez de los ancianos. En el hogar, durante el siniestro, había un funcionario para atender 17 personas.
Aunque en Uruguay hay 844 residenciales para ancianos, la subdirectora general de la Salud, Raquel Rosas, aseguró que existe un "subregistro" de ese tipo de centros porque en el país se encuentra ante un problema "socio sanitario" en la atención a personas mayores.
En la misma conferencia de prensa, el director general de Salud del MSP, Jorge Quián, admitió que hay "muchos" centros donde la habilitación de Bomberos no está hecha aunque los lugares son "adecuados".
A finales de febrero de este año el gobierno decidió exonerar el pago de la habilitación de Bomberos a unos 200 hogares de ancianos porque consideraba que era "un problema" al tratarse de organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, este permiso sigue siendo una traba porque la mayoría de los hogares de ancianos no adquirieron el definitivo porque no cumplen con las condiciones necesarias para funcionar.
A su vez, la ley 17.066 que reglamenta el establecimiento de hogares de ancianos fija las condiciones mínimas para que funcionen, que deben ser "una planta física iluminada y aireada naturalmente, provista de todos los servicios necesarios para el cuidado de la salud integral, la higiene y la seguridad de los residentes".
Paralelamente, en noviembre de 2015 el buque insignia de Tabaré Vázquez pasó a ser ley y el director del Sistema de Cuidados, Julio Bango, aseguró en ese momento que se iba a hincar el diente al estado en el que se encontraban muchos de los residenciales. El jerarca dijo que uno de cada tres deberían ser cerrados, por lo que profundizarían el proceso de fiscalización.
Paralelamente, debe tenerse presente que el aumento de las expectativas de vida de la población indica que seguirá en aumento la franja etaria de personas de tercera edad, y que la problemática se agravará de no contarse con respuestas desde el propio Estado, tanto en forma directa como en el apoyo a las organizaciones sin fines de lucro que se ocupan de estos hogares.
Es sin dudas una problemática muy difícil, porque a la desprotección de la persona que está en la última etapa de su vida, por dificultades económicas en un gran porcentaje, se agrega generalmente su aislamiento del núcleo familiar en que debería ser contenido, porque sus integrantes por regla general “están en otra cosa” y más allá de los lazos familiares, también hay una brecha generacional que se manifiesta de diversas formas.
Pero nuestros adultos mayores merecen otra cosa, no solo contención sino también dedicación, solidaridad y amor de sus seres queridos --cuando los tiene cerca--, porque a cierta edad de alguna manera se vuelve a ser tan indefenso como un niño.