Opinion | 25 May Los anuncios formulados por el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, que comprenden aumentos en los porcentajes de las franjas más altas del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) en las pasividades mayores, son la segunda parte del ajuste fiscal que ha instrumentado el actual gobierno a partir de los cambios en la forma de liquidación del IRAE. También responden al rechazo de una rebaja de los combustibles de Ancap en 2015, pese a la caída en el precio internacional del crudo, así como los incrementos de precios y las tarifas de servicios públicos desde el 1º de enero de este año.
Como es notorio, un ajuste fiscal significa apuntar a reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre lo que gasta el Estado y el dinero que ingresa por todo concepto, sobre todo, impuestos. Entonces, hablamos de una ecuación constituida por dos partes, desde el punto de vista matemático, pero con un tercer componente que siempre influye en los resultados: la expectativa de los agentes económicos, que suelen responder a señales y por regla general retraen el consumo y la inversión cuando aparecen las dudas en el escenario socioeconómico.
Pero, a la vez, una mayor presión tributaria por regla general significa encarecimiento de los productos por mayor costo para las empresas, aumento de la economía subterránea o en negro y baja del consumo, cuando se sobrepasan determinados límites, por lo que no hay una relación lineal entre recaudación y la mayor presión tributaria, como está comprobado.
En este caso el secretario de Estado ha puesto énfasis en que el ajuste apunta a la percepción directa a través del IRPF y el IASS, para llegar a una recaudación de unos 500 millones de dólares adicionales en el año, ante el déficit fiscal exacerbado. Para ello también se apunta a reducir los aportes del gobierno central a la Caja Militar, que se entiende extralimitada en la demanda de recursos.
Para explicar las medidas que adoptará el gobierno en el marco de la Rendición de Cuentas a fin de equilibrar las cuentas públicas, Astori sostuvo que "el enlentecimiento del crecimiento" del país "ha obligado a revisar las proyecciones", y la conclusión a la que se arribó es que en esta Rendición de Cuentas "va a haber una importante corrección de las predicciones a la baja". No corregir el déficit "llevaría a un deterioro de la calificación crediticia del país", dijo Astori, quien sostuvo que "las fortalezas si no se toman medidas correctivas, terminan por diluirse".
“Reconozco que estamos viviendo una realidad distinta y muchos análisis que hicimos en condiciones diferentes del país, la región y el mundo, hoy no los podemos hacer", reflexionó en respuesta a si con estos anuncios el gobierno ha cambiado su postura respecto a lo anunciado durante la campaña política, cuando se aseguraban que el tercer gobierno del Frente Amplio no instalaría nuevos impuestos.
Subrayó que el objetivo para el período es mejorar el resultado fiscal en 1 punto del PBI, equivalente a 500 millones de dólares y para ello las medidas previstas "tienen como objetivo proteger los logros ya alcanzados, evitar costos sociales y generar condiciones para seguir avanzando".
Consideró que "el 70% del gasto público uruguayo es endógeno" y "viene casi predeterminado por normas y disposiciones, y que hay que cumplir". Y si bien "el margen para actuar sobre el gasto está muy acotado, hay que actuar", en tanto el Poder Ejecutivo pretende diferir para 2018 la ejecución de 10% de los aumentos de gastos previstos en 2017. "No hay recorte, hay un diferimiento que desde el punto de vista fiscal es muy importante", dijo Astori.
Estos "diferimientos" se realizarían en gastos de la administración central, en organismos del artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, entes autónomos y servicios descentralizados), en materia de subsidios y subvenciones así como "diversos créditos" que no fueron especificados por el titular de Economía.
Paralelamente, otras de las medidas previstas desde el Ejecutivo es la limitación del ingreso de funcionarios públicos, tanto en la administración central como en las empresas públicas. "Por cada tres que egresen, ingresarán dos", anunció Astori.
En cuanto a los cambios en IRPF, indicó que las franjas 1 y 2 se mantienen. En cambio, las siguientes sí pasarán a tributar más: la franja 3 va del 15% actual a 18%; franja 4 de 20% a 23%; franja 5 de 22% a 26%; franja 6 de 25% a 29%; franja 7 de 30% a 34%.
En números nominales, las cifras quedan así: Salarios entre $ 33.401 y $ 50.100 tributan un 18%, entre $ 50.101 y $ 167.000 un 23%, entre $ 167.001 y $ 250.500 un 26%, entre $ 250.501 y $ 384.100 un 29%. Salarios de más de $ 384.101 tributan un 34%.
Los siete primeros deciles de ingreso no van a tener aumento de IRPF, anunció el ministro de Economía, quien agregó que el efecto de esta medida se concentra en el 30% más rico de la población. Otra medida propuesta comprende que a partir del 1° de enero de 2017 los pagos con medios electrónicos tendrán una rebaja adicional de 2 puntos de IVA (que se agrega a los beneficios actuales), por lo que el Estado resignará 50 millones de dólares por esta baja.
Es decir, que si bien el impacto negativo en el consumo en principio debería ser moderado, no puede obviarse que da en un período de desaceleración de la economía y con incidencia en sectores con mayor capacidad de consumo, con la expectativa de que tiendan a diluirse los números en rojo del Estado, lo que es un objetivo imprescindible. Por otra parte, el incremento de los impuestos apunta a quienes tienen capacidad de ahorro, lo que parece razonable, excepto que también se busca fomentar la inversión, y lo que se logra con estas medidas es restar recursos justo al sector que puede tener resto para invertir.
Pero el punto es que hasta ahora el énfasis se ha puesto en el ajuste del sector privado, y sigue sin ponerse sobre la mesa la necesaria contrapartida del Estado, en cuanto a reducir y racionalizar el gasto, que financiamos todos los uruguayos con nuestros impuestos, a partir de la riqueza que crea el sector privado.
No es de recibo, por lo tanto, que el ministro de Economía y Finanzas diga que el margen para abatir el gasto estatal “es muy acotado”, porque si esto ocurre es por un mal manejo de la economía del país. Es que esta coyuntura dejó en evidencia lo que tantas veces hemos dicho desde esta página: desde 2005 en adelante hemos aumentado el gasto fijo del Estado peligrosamente, dejando escaso margen de maniobra para cuando cese el viento de cola.
Debe quedar claro: el ajuste fiscal hay que hacerlo, tal como están planteadas las cosas y porque durante demasiado tiempo desde el gobierno se siguió pateando la pelota para adelante, apostando a que las cosas se arreglaran solas.
Pero la carga del costo hasta ahora solo se aplica al sector privado, cuando el Estado, el gran demandante de recursos, siguen sin aportar su cuota parte, dilapidando recursos en empresas eternamente fundidas, en gastos superfluos como el Antel Arena, en combustibles caros para sostener un proyecto de biocombustibles ineficiente, en millones de dólares tirados en el horno de portland de la planta de Ancap que supuestamente iba a hacer rentable la producción --que actualmente es deficitaria--, y que ahora está juntando óxido en el predio de Nuevo Paysandú, o regalando tablets como si fuese Papá Noel, entre un sinnúmero de etcéteras.