Opinion | 28 May El pasado lunes 23 de mayo, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció las diversas medidas que adoptará el gobierno en el marco de la Rendición de Cuentas y con el objetivo de equilibrar las finanzas públicas. Hoy el déficit fiscal se encuentra en 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI) y en un escenario de desaceleración económica, llegó el momento de ajustar las tuercas. El ministro detalló que la nueva proyección de crecimiento del PBI para el período de gobierno de Tabaré Vázquez es de 7,7%, muy por debajo de los optimistas 14,6% que se preveía en la Ley de Presupuesto. O sea, se crecerá la mitad de lo calculado para estos cinco años.
Astori ahondó que la finalidad para este mandato es mejorar el resultado fiscal en un punto del PBI equivalente a U$S 500 millones. En tanto, se apuntará a modificar los porcentajes a pagar en las franjas superiores del Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas (IRPF), donde habrá aumentos progresivos de entre 3% y 4% para aquellos salarios que superen los 33.400 pesos nominales. Un cambio similar se dará en el IASS, pero a partir de montos superiores.
Además del enojo que supone para parte de la población que gana ese sueldo --que jamás podrá ser considerado un potentado-- y de ver cómo un gobierno no está dispuesto a recortar nada del Estado en momentos que da clases de recortes, causa sorpresa, sino pena, el modo en que Astori informó sobre todo esto a la población. Parecía hasta alegre en la transmisión de una buena noticia. Como si fuera una gran virtud del país, el ministro de Economía y Finanzas anunció que los cambios en su conjunto no afectarán al 60% de los trabajadores y pasivos de menores ingresos. También señaló que el 80% de la recaudación adicional de trabajadores y pasivos recaerá sobre el 10% de mayores ingresos.
“Lo más triste de todo fue que el ministro manejó en ese tono orgulloso y de satisfacción el dato de que el 60% de la población no se verá afectado por el aumento impositivo, ya que no paga IRPF”, dijo en una columna de opinión el prestigioso periodista Leonardo Haberkorn. “El IRPF comienza a cobrarse a partir de 23.380 pesos brutos. La mayor parte de ese universo al que se refiere el ministro no gana 23.380 pesos, sino menos. El más privilegiado de esa gran masa mayoritaria de trabajadores uruguayos, el que gana 23.380 brutos, no recibe esa cifra en su mano. Una vez efectuados los aportes correspondientes a la seguridad social, cobra 18.792 pesos. Quiere decir que el ministro anunció, sin ningún gesto de pudor ni de pesar, que el 60% de los asalariados uruguayos reciben por mes un sueldo en la mano inferior a 588 dólares”, detalló el autor de varios libros.
“Astori no le dijo a esta gente: estamos trabajando para que ustedes tengan un futuro más alentador, para que sus hijos puedan tener una enseñanza digna y ganarse mejor la vida, para que salgan del liceo sabiendo escribir en español y hablar en inglés, dos utopías por el momento. No. Les dijo: ustedes tienen suerte. El dato, triste y demoledor, fue replicado con igual orgullo por integrantes del gobierno y voceros oficialistas de todo tipo”, prosiguió Haberkorn en un tono de lo más descriptivo.
“Además, se comunicó con el mismo tono de satisfacción que otro 10% tampoco se verá afectado porque, si bien pagan IRPF, en esta oportunidad no se les subirá el impuesto. Ese 10% que también tiene suerte gana hasta 33.400 pesos brutos. En esta categoría los descuentos que sufre el salario pueden variar, según el trabajador tenga o no hijos a su cargo. Pero, peso más, peso menos, el dinero que recibe en mano el que cobra 33.400 brutos, el más privilegiado de este sector, ronda los 26.500 pesos. Es decir que el 60% de los trabajadores uruguayos gana menos de 588 dólares mensuales y el 70% menos de 828. Y a los que ganan un peso más, 33.401 pesos, 828,05 dólares, a esos sí se les aumentan los impuestos porque ya forman parte del sector ‘más pudiente’ de la sociedad. ¿Puede haber datos más tristes?”, se preguntó el periodista y columnista.
La oposición tildó a Astori y al presidente Vázquez de “mentirosos”, tras anunciar este incremento de impuestos cuando en campaña electoral habían dicho que eso no sucedería durante el actual período de gobierno. En una entrevista en radio Carve, el ministro dijo que no entraba “en ese terreno”. “Debemos evitar el insulto, el agravio y basarnos en fundamentos”, añadió en referencia a los cánticos opositores. También dijo que prefiere no llamarle ajuste fiscal a lo que acaba de suceder. Lo que se propone hacer ahora es “muy distinto” a lo que se implementó en otras épocas. Por eso prefiere referirse a las medidas que están sobre la mesa como una “consolidación fiscal”, explicó.
Lo más triste es lo que revela este estado de las cosas y es el reconocimiento oficial de lo que en innumerables ocasiones desde estas páginas advertimos durante todos estos años: el gobierno no solo incrementó irresponsablemente el gasto público por encima del aumento de los ingresos --aún cuando estos crecían exponencialmente por razones que nada tienen que ver con la buena gestión del ministerio de Economía--, sino que además hipotecó al país comprometiendo los recursos excepcionales en gasto rígido.
Y no cabe la excusa de que las condiciones internacionales cambiaron drásticamente en los últimos meses, porque al final del mandato de Mujica el déficit fiscal ya rondaba el 4% anual, pero este gobierno en su soberbia siguió dilapidando dineros en cosas superfluas, por ejemplo, se dio el lujo de continuar con la construcción del monumento al centralismo que nos costará cerca de 100 millones de dólares; un estadio montevideano que no tiene justificación y no es de interés del país. O seguimos manteniendo una “aerolínea de bandera”, que dilapida decenas de miles de dólares en combustible para transportar el equivalente de una carga de camión por 180 kilómetros, más una importante delegación del Pit-Cnt, en una marketinera --y cara-- supuesta ayuda a los damnificados por la inundaciones en Durazno.
Sea como fuere, las medidas --que entrarán en vigencia el 1º de enero de 2017-- tendrán que pasar por el tamiz legislativo y también por el sindical. La batalla por la Rendición de Cuentas ingresará en el próximo julio al Parlamento. Y desde el Pit-Cnt se anuncian movilizaciones: un paro general de 24 horas el miércoles 29 de junio en rechazo a los anuncios realizados por Astori. La central sindical le tomará el pulso al gobierno compañero.
Y seguiremos esperando recortes por el lado estatal: que bien puede ser un freno al Antel Arena, menos aumentos salariales en el Estado (en el último año, se incrementaron un 13%), menos viajes de los legisladores, recortar los gastos en biocombustibles caros, etcétera. Cuando menos que se deje sin efecto la compra del avión presidencial, que solo sirve para ocasionar más gastos y alimentar el ego del vicepresidente. Y aunque en números no cambie en nada la situación del país, se estaría dando una señal de austeridad mínima a la ciudadanía. Si hay imaginación para aumentar el IRPF, debería haberla para esto también.