Opinion | 24 May Las catastróficas lluvias que en varias zonas del país --incluyendo a Paysandú-- alcanzaron e incluso superaron en un mes el promedio de registros anuales constituyeron un rudo golpe, entre otras consecuencias, para la estructura vial del país, dejando en evidencia el déficit crónico en vialidad y mantenimiento de la red de salida de la producción y de los residentes en zonas rurales.
Durante muchos años se han volcado recursos y programas para mantener la vialidad, que resultaron insuficientes porque no han constituido prioridad ni del gobierno nacional ni de los departamentales, a pesar de que Uruguay es un país de base eminentemente agropecuaria.
Lamentablemente, esta puesta a prueba de la red ha caído en uno de los peores momentos tras la bonanza que se ha extendido por una década, por cuanto pese a los ingresos adicionales desde el gobierno nacional no hay recursos para volcar hacia la red vial en una modalidad de impacto, que es la única adecuada ante la gravedad de los problemas.
De acuerdo con lo que indica El Observador, las restricciones presupuestas que aplicará el gobierno este año, debido a que el Presupuesto Quinquenal se elaboró sobre un crecimiento que no ha llegado siquiera a la mitad del previsto, obligarán a que desde el Poder Ejecutivo se intente recurrir con énfasis a la Participación Público Privada (PPP) como instrumento para financiar las obras viales y de caminería rural.
Además de la importancia de la red en apoyo a la producción primaria del Uruguay, hay otro aspecto que no debe dejarse de lado porque constituye una fuente adicional de ingresos: el turismo, sobre todo focalizado a determinadas áreas, que necesita accesibilidad a los lugares de interés en toda época del año.
En este sentido, recientemente dábamos cuenta en EL TELEGRAFO acerca de la visita a Paysandú del director nacional de Turismo, Carlos Fagetti, quien señaló que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) se ha realizado una consulta a las intendencias acerca de cuáles son las rutas que consideran prioritarias en relación con la actividad turística.
“La caminería tiene un déficit porque el país ha crecido y la infraestructura ha ido más lenta que ese crecimiento. Se presentó una serie de rutas que son de interés turístico, no con la intención de repararlas, sino para priorizar cuáles son las más importantes, cuáles son las secundarias y cuáles pueden esperar un poco. La intención es ayudar a ordenar la inversión pública a través del criterio del interés turístico”, afirmó Fagetti.
En el caso de Paysandú, el planteo se centró fundamentalmente en mejorar la conexión transversal, es decir sin responder exclusivamente al “embudo” tradicional de las conexiones con Montevideo, planteando, por ejemplo, atender el déficit de la comunicación vial Este-oeste. “Nosotros entendemos que para facilitar este corredor sería prioritaria la Ruta 4 para unir la 26, pasando por Montes del Queguay y por la zona de la calzada hasta Guichón”, indicó el director de Turismo de la Intendencia de Paysandú, Alejandro Leites, quien acotó que otro camino prioritario es parte del que se denomina Camino de los Charrúas, que es unión entre la Ruta 5 y Guichón (continuación de ruta 90 “De los Charrúas”).
Pero sin dudas la gran olvidada y cenicienta del departamento es la Ruta 26, cuyo estado es catastrófico. Si bien el director de Turismo subrayó que esta ruta “de cajón” está incluida entre las prioridades de los planes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pasan los años sin que se encare una reconstrucción.
Y en el contexto general del país, corresponde traer a colación que un estudio de la consultora CPA Ferrere, anterior a las adversidades climáticas de este otoño, daba cuenta de que más del 50 por ciento de las rutas nacionales estaba en malas condiciones, pero en el caso de la caminería rural este guarismo ascendía al 70 por ciento en rutas secundarias y terciarias, lo que concuerda en buena medida con un estudio del año 2012, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que presentaba en buen estado el 45 por ciento de las rutas nacionales y el 33 por ciento de los caminos rurales.
Esos números refrendan lo manifestado por Fagetti en el sentido de que el país ha crecido más que lo que lo ha hecho la infraestructura vial y ello habla de un déficit en la concreción de proyectos y afectación de recursos para esta área, pese al incremento de la recaudación y del propio gasto público en el período. Es que el dinero ha ido a parar a otras áreas, sin que se compensara con un uso adecuado de la participación pública-privada, porque los técnicos creen que el instrumento no ha sido el más adecuado, pero seguramente también porque el contexto no ha sido el mejor para alentar estas inversiones y concesiones.
Es evidente que el impacto de inversiones no puede hacerse en forma errática, sin una evaluación técnica precisa, por lo que es de recibo la gestión que encara la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para obtener “una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo con vistas a identificar, clasificar los caminos departamentales y los caminos que por características de transitabilidad o por el volumen de tránsito, deben tener una categoría distinta”, manifestó Pedro Apezteguía, director de Descentralización e Inversión Pública de la OPP.
Es de esperar que en el ínterin se ataquen los enlaces prioritarios e impostergables en rutas y caminos principales, porque estamos hablando de políticas de impacto inmediato para atender lo urgente, sin perder de vista otras necesidades que no pueden seguir esperando estudios técnicos y licitaciones, cuando es sabido que los tiempos del Estado no son los tiempos de la gente.