Opinion | 29 May En los próximos meses en la ciudad se construirán infraestructuras urbanas por cinco millones y medio de dólares. Será esta la primera ofensiva de la actual Administración departamental en lo que propone sea una transformación urbana. Esos fondos llegarán a través de un fideicomiso financiero ya aprobado, pero como se recordará, será solamente el 40% de la cifra que inicialmente se quiso invertir en urbanización, pues en principio se pidieron 15 millones de dólares (para obras en todo el departamento), cifra que no fue aprobada por la Junta Departamental.
En esencia los fondos se destinarán para mejoramiento vial en varios barrios y calles de la ciudad. Se agregará --por ejemplo-- cordón cuneta, la etapa preliminar para la bituminización de las calles. Más allá que la intendencia ha presentado esta inversión como una apuesta a la modernización y mejoramiento de la urbe, es claro que si bien las obras pueden ser prioritarias, no se integran en lo que debe ser una verdadera transformación urbana.
Y esto se debe a que es necesario dar respuesta a las necesidades básicas evitando al vecino tener que soportar en su calle el barro en épocas de lluvia o el constante polvo en el aire en días ventosos. Porque hay obras que ya no pueden esperar más y, aun cuando durante este año la intendencia recibirá 1.646 millones de pesos (en promedio un millón de dólares por semana) parece que no puede afrontarlas con su propio presupuesto. En realidad, de esos ingresos, pagadas las retribuciones personales, quedan solamente unos 400.000 dólares por semana para afrontar el resto de la estructura municipal y para realizar obras. Esas cifras explican claramente que por importantes que sean los ingresos, los egresos son también enormes para “gastos corrientes”.
Por tanto, se utilizará un fideicomiso para obras de infraestructura que mejorarán el barrio o la cuadra donde viven miles de personas. En buen romance es un crédito que se pagará en los años por venir, con parte de los ingresos que se recibirán por concepto de pago de patente de rodados. Tal como ocurre en el ámbito hogareño, si se quiere cubrir una necesidad concreta sin esperar el tiempo necesario para ahorrar el dinero, se accede al sistema financiero y en los meses o años por delante se destina parte de los ingresos al pago.
La inversión será importante, equivale a unas seis semanas de presupuesto completo de la intendencia sanducera. Y estará destinada para atender necesidades urgentes de una población foco, o lo que se denomina desarrollo urbano sustentable. Se entiende este por la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas de una población determinada. Le corresponde a la intendencia crear un ambiente armónico para el hábitat, desde que los otros elementos de ese desarrollo (alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda y cultura) no están dentro de sus materias específicas. Precisamente, la urbanización que se encarará se basa en la formulación y ejecución de planes que cumplirán esos cometidos.
Ahora bien, lo que aun no está en esta planificación --aunque sí se había apreciado parcialmente en el plan original de obras con el presupuesto no aprobado de 15 millones de dólares-- es un desarrollo urbano de fondo. Paysandú continúa creciendo sin un criterio definido o determinado desde el gobierno departamental. No se desconoce la existencia de ordenanzas y normas, ni tampoco de la ley de ordenamiento territorial. Pero en buena medida la ciudad crece sin lineamientos oficiales, solo por la oferta y demanda de tierras o viviendas.
Lo que la ciudad necesita es un plan de ordenamiento urbano completo, aun cuando no podrá pedírsele a esta Administración que lo lleve a cabo. Pero sí que invierta mucha planificación, que estructure soluciones a largo plazo, que piense hacia dónde debe ir no solamente la expansión de la ciudad, sino también cómo solucionar aspectos claves en el desarrollo urbano que hoy están en difícil situación.
A modo de ejemplo, el desarrollo urbano pasa también por el tránsito de la ciudad y en el centro de la ciudad se aprecia con mayor énfasis los inconvenientes debido a la creciente falta de lugares de estacionamiento público y la escasa oferta de estacionamientos privados. Pero este sector, a su vez, debido a la reglamentación de construcción en el área, no recibe incentivos para invertir en obras que tengan como propósito el estacionamiento de vehículos.
Asimismo, a determinadas horas el flujo de vehículos es tal que enlentece en mucho el tránsito. Una parte del proyecto de obras por fideicomiso tiene como objeto establecer vías de tránsito rápido, lo que está bien. Pero hay que volar más alto que obras en particular y pensar en el tránsito que Paysandú deberá soportar en 2050, como mínimo. Es hacia eso adonde hay que apuntar, a planificar en grande primero para después pensar en cómo hacerlo y por último como financiarlas.
Muy probablemente para entonces, la unidad básica en el tránsito no será ya la moto. No es posible adivinar el futuro, pero claramente, en dos generaciones por adelante, la moto habrá dejado paso a otra unidad básica de movilidad, como antes lo hizo la bicicleta, que supo identificarse como vehículo de la clase trabajadora. Hay, por tanto, que planificar pensando cómo adaptar la ciudad a las exigencias del porvenir, como en el ya lejano 1947 lo hizo el Plan Regulador de Paysandú, de Julio Vilamajó.
Ciertamente serán bienvenidas las obras que se concretarán con el fideicomiso financiero. No obstante, la mayor importancia residirá en cómo se invertirá el medio millón de dólares (con el cual se completan los seis millones de dólares) con los que se comprarán tierras. Bueno será que no se piense en lo más barato con la intención de comprar más terrenos, sino en cómo invertir mejor de acuerdo a una planificación que piense en el Paysandú del futuro.
Esa planificación deberá tener un sustento en el ambiente ecológico, a corto, mediano y largo plazo; cumpliendo principios de equidad, descentralismo y previsión de servicios básicos. En eso, es clave el marco político que impulse el mejoramiento de la calidad urbana y que instale en la ciudadanía la necesidad por alcanzar un determinado estándar urbano y arquitectónico. Ámbitos en los cuales deberán unir esfuerzos los sectores públicos y privados.
Además, hay que hacer énfasis en la recuperación de los espacios públicos, pues aunque se habla de relocalización, no se plantea ni siquiera como plan a mediano plazo la reubicación de los miles de personas que viven a la vera del Sacra, muchas veces en precarias viviendas. Porque en un desarrollo de la ciudad pensado en años por venir, esa área debe tener el mismo carácter público ya establecido en 1947.
Quizás el modelo que se instale definitivamente en estos años sea el de fideicomiso para la realización de obra pública. Es un aspecto a considerar seriamente, en la medida que nuestros impuestos deberían ser utilizados en beneficio del lugar donde vivimos, y no solamente para mantener una enorme estructura, apoyada en miles de trabajadores, que aun así no parecen suficientes porque frecuentemente se licitan obras.
Pero aunque así fuera, el hacer obras no debe ser prioritario. Porque, aunque otro gobernante corte la cinta, lo esencial es pensar, planificar y establecer regulaciones que promuevan un desarrollo armónico, sustentable y que mantenga la identidad de esta comunidad.