Nacionales | 30 May Primaria trabaja para garantizar que todos los niños del barrio Marconi y los docentes puedan acceder a los centros de estudio, en tanto hay servicios, como la línea 405 de la empresa de transporte Coetc, que no circulan por la zona tras los violentos incidentes del viernes.
No obstante, la directora de Primaria, Irupé Buzzetti, dijo a radio Monte Carlo que no se quiere dejar a los niños sin clases. Buzzetti señaló que debido a que la línea 405 no llega hasta la zona se piensa trasladar a los docentes hasta los centros educativos una vez que el Ministerio del Interior garantice que “están dadas las condiciones”.
“A los niños no los podemos dejar sin clase, lo que vamos a ver es cómo protegemos a los maestros que van a ir” y agregó que “si los docentes no tienen ómnibus nosotros tendremos que ver de qué manera, en un lugar cercano al que los maestros puedan llegar, le ponemos de un ómnibus” porque “si el 405 no entra el maestro no puede entrar caminando 15 cuadras”.
En medio de los violentos incidentes del viernes, ambulancias de emergencia móvil también arribaron a la zona: algunos vecinos comenzaron a lanzar proyectiles contra los móviles policiales y los efectivos allí apostados, resultando lesionado un médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). El profesional sufrió una herida cortante en cuero cabelludo y traumatismo de cráneo, por lo que permanece internado en un centro asistencial.
Por este motivo es que los médicos comunitarios y de familia paralizarán sus actividades hoy lunes y se reunirán a las 10 en el edificio de ASSE con autoridades de Salud Pública y el Ministerio del Interior. Sostienen que no hay garantías para poder entrar al barrio. La integrante de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, Virigina Cardozo, dijo a radio Monte Carlo que hasta este lunes inclusive solo se atenderán pacientes en las puertas de emergencia.
Por su parte, Raquel Bruschera, dirigente de Ademu, dijo a El Observador que para el sindicato no están dadas todas las condiciones para garantizar la seguridad de los docentes en el barrio. La dirigente sindical señaló que a cambio, proponen a los maestros presentarse en el CEIP y cumplir el horario allí, para no sufrir luego los descuentos e informó que las camionetas que dispone Primaria no son suficientes para garantizar el trabajo en las escuelas. El sindicato se reunirá hoy con los maestros de la zona para analizar la situación y evaluar los pasos a seguir.

BPS GASTÓ U$S 203,5 MILLONES EN CERTIFICADOS MÉDICOS
Las enfermedades de los trabajadores uruguayos del sector privado le representaron en 2015 U$S 203,5 millones al Banco de Previsión Social (BPS), lo que “preocupa” al Poder Ejecutivo que considera que dentro del organismo se pude estar empezando a generar un “agujero” en las finanzas que atenta contra la estabilidad de las cuentas del gobierno, tal como la Caja Militar que le demanda una asistencia cercana a los U$S 400 millones, similar a la del Fonasa, donde también prevé intervenir.
A partir del cuarto día de certificación médica el BPS comienza a pagar el 70% del salario del trabajador con un tope de cinco Bases de Prestaciones y Contribución, unos $ 16.700, además de la cuotaparte del aguinaldo correspondiente proporcional al período de licencia certificado. Los datos sobre los pagos por prestaciones médicas no contemplan al sector público, cuyas certificaciones se pagan a través de los presupuestos de los organismos.
El problema, además de la abultada cifra, es que esto representó 2% más de lo presupuestado, dijeron a El País fuentes del BPS, y un 36,5% más que lo que se abonó el año anterior. En 2014 el organismo había pago U$S 149 millones por subsidios de enfermedad y complemento de accidentes de trabajo a 441.736 trabajadores. Esto fue un 20% más de lo que se había desembolsado en 2013, U$S 123,5 millones, para 429.572 beneficiarios. En el Poder Ejecutivo consideran que en muchas de las prestaciones lo que falta es control, dijeron a El País fuentes oficiales. A tal punto llega la situación que la Justicia Penal tiene desde el año pasado bajo investigación a un médico que realizaba certificados “truchos”, tras una denuncia del BPS.

PROYECTO DE LEY PARA SUSPENDER INGRESO DE FUNCIONARIOS
En el marco de la discusión planteada por el ajuste del gasto en la próxima Rendición de Cuentas, los senadores Pedro Bordaberry y Verónica Alonso anunciaron que trabajan en un proyecto de ley para limitar el ingreso de funcionarios púbicos al Estado por un período de cinco años.
El proyecto de la oposición se aplicará a funcionarios públicos en los escalafones que establece la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) y a la contratación de personal para su desempeño en régimen de dependencia de la administración pública, así como también aquellas empresas constituidas por las normas de derecho privado, cuyo patrimonio sea propiedad de entidades estatales.
La iniciativa exceptúa de esa prohibición a los funcionarios públicos que por "razones inminentes" deban contratarse para los sectores de la salud, educación y seguridad, lo que incluye, entre otros, a técnicos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y otras dependencias que desarrollen actividades similares. La excepción de contrataciones en el área educativa regiría para docentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), de la Universidad de la República, de la Universidad Tecnológica y de los demás centros de educación dependientes del Estado. Por otro lado, para evitar la suba del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que planteó el Ministerio de Economía desde los $ 33.400 nominales, Bordaberry propuso la semana pasada suspender la construcción del Antel Arena y bajar los sueldos a ministros, presidente, senadores y diputados.
Además reclamó parar la compra del avión presidencial que costará U$S 1,5 millones.

VENDERÁN ASENTAMIENTO KENNEDY AL MEJOR POSTOR
Las 65 hectáreas donde están asentadas las humildes viviendas del barrio Kennedy, cerca del club de golf de Punta del Este, serán vendidas al mejor postor en una subasta pública ordenada por la Intendencia de Maldonado y la operación constituirá la mayor venta masiva de tierras de la historia reciente del balneario esteño.
El director general de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, Alejandro Lussich, adelantó a El País que esto ocurrirá una vez que culmine el proceso de realojo de las familias del asentamiento en los dos predios ubicados sobre Camino Aparicio Saravia que la comuna compró a propietarios argentinos. “El producido de la venta de estas tierras será destinado a la instrumentación de la política de viviendas de la actual administración”, dijo Lussich.
Las 475 familias del Kennedy y otras 50 familias de las 180 que actualmente residen en el asentamiento El Placer, serán reubicadas en los predios que dan al note del Camino Aparicio Saravia, cerca del antiguo aeropuerto de El Jagüel. Las restantes 130 familias residentes en El Placer --ubicado cerca del puente ondulante de La Barra-- serán realojadas en un predio de la ciudad de Maldonado.
Para hacer posible este realojo, la Intendencia llegó a un acuerdo con los propietarios de los dos terrenos donde serán trasladados los vecinos de ambos asentamientos. Los dos padrones contiguos que dan sobre Aparicio Saravia, donde serán realojados los residentes del Kennedy, tienen un área de 299.850 y de 152.392 metros cuadrados, respectivamente. El acuerdo permitió desactivar un juicio por expropiación de los citados predios que llevaba adelante la administración municipal. Por otro lado quedó sin efecto la millonaria reclamación por daños y perjuicios que los propietarios argentinos de ambas tierras preveían iniciar contra la administración municipal.