PAYSANDÚ NUESTRO SOSTIENE QUE NO
DEBERÍA SENTARSE EL PRECEDENTE

Locales | 03 Jun La organización Paysandú Nuestro elevó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) sus objeciones acerca de la construcción de un dique de contención de inundaciones dentro del área natural protegida Montes del Queguay.
De acuerdo al documento, el proyecto consiste en la “construcción de un dique para la protección de 480 hectáreas de campo agrícola frente a inundaciones extraordinarias del sistema arroyo Guayabos Grande - río Queguay Grande, con la finalidad de utilizar el suelo protegido para desarrollar actividades agropecuarias con menor riesgo de afectación hídrica”.
El informe agrega que el sistema de protección --o sea, el dique-- tendría una altura de entre 1 y 3,2 metros y una longitud de 8,512 metros, para lo que se prevé un movimiento de suelos del orden de 120.408 metros cúbicos.
Javier Dalmás, integrante de Paysandú Nuestro, señaló que las objeciones presentadas obedecen a que “no es pertinente el desarrollo de esa infraestructura en la zona”. “Hay que tener en claro que esto no es un parque nacional sino un área protegida donde conviven los sistemas productivos que ya estaban instalados en la zona con la preservación del espacio. Eso no es razón para habilitar cualquier tipo de emprendimiento y menos de este tipo, con grandes obras de infraestructura, que alteran el lugar”, aseveró.

EQUILIBRIO
Para el ecologista Ignacio Sarli, la eventual aprobación de este proyecto haría entrar a cuestionarse el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. “Más allá que se convive con los diferentes sectores productivos, tanto agrícola como forestal y ganadero, se necesita un equilibrio; acá se obliga a un sector a realizar agricultura cuando no es para agricultura: eso era un bañado, después fue una arrocera y ahora se quiere hacer agricultura de secano con ese dique que tiene una dimensión de unos 8 kilómetros”, indicó.
Sarli, quien aseguró que debería existir un plan B, cargó contra “la codicia de alterar el ecosistema para un fin productivo”. “Normalmente se hace, pero aquí estamos hablando de un área protegida, se está obligando al ecosistema a una cosa que va alterar el cauce del agua, porque eso es una desembocadura del Guayabos; después no sabemos si va a haber desmonte y va a haber un gran movimiento de tierra”.
En el mismo sentido, Dalmás enfatizó que, “en definitiva, lo que está en discusión es el modelo productivo”.
Esta polémica contrapone, “por un lado, la maximización del lucro de la mano de la agricultura intensiva en productos químicos y en el agronegocio y, por oro lado, un área protegida que debería ser una zona donde demostrar a la sociedad que se puede convivir con un ecosistema biodiverso, rico, y con un tipo de producción que sea más amigable”, enfatizó.
Dalmás dijo que hay que demostrar que ese modelo alternativo “es también productivo y produce muy buen dinero y, a la vez, conserva la biodiversidad. Las zonas protegidas y su área de amortiguación --que es el entorno de la propia área-- tienen un poco en su espíritu eso, un manejo que permita conservar esa biodiversidad y esto va totalmente en contra”.

INTENDENCIA
Dalmás celebró el apoyo que ha recibido el rechazo a este proyecto, incluso desde la propia Intendencia departamental.
“Junto con varios grupos y la Intendencia --que es cogestora junto con la Dinama en el área--, que se pronunció en contra de este proyecto, enviamos nuestras objeciones. Esperemos que esto pese a la hora de tomar las decisiones y no siente un precedente”, dijo.

ESTUDIO
Por otra parte, desde el grupo hay un cuestionamiento con respecto al procedimiento que emplea Dinama para evaluar los proyectos. En todos los proyectos que estudia la Dinama, se trabaja en base a un estudio contratado por la propia empresa interesada en el emprendimiento.
“La empresa paga a una consultora y ese es el único proyecto que van a leer. Dinama no hace su propio estudio de impacto ambiental; o se debería permitir que la sociedad, la Intendencia o los grupos que estén involucrados presentaran su propio estudio, porque de esta manera están escuchando una sola voz, están recibiendo solamente a los interesados en explotar esa zona”, dijo Patricia Correa.
“Nosotros lo cuestionamos, porque es el interesado el que presenta el informe de impacto ambiental. Obvio que va a decir que no pasa nada, que está todo bien”, agregó.