Nacionales | 31 May En Uruguay quedan 40.000 dosis de vacuna contra la gripe, de las 500.000 que se compraron y se espera la llegada de 100.000 más dentro de 15 días, anunció en conferencia de prensa la ministra interina de Salud Pública, Cristina Lustemberg, tras el Consejo de Ministros. Estas dosis serán entregadas en casas de salud y “también estamos viendo que hay departamentos en los que ya no quedan dosis en los centros de salud públicos y privados”, agregó la jerarca del MSP.
Días pasados, el senador nacionalista Javier García propuso que las dosis compradas al laboratorio que las hace en Francia sean traídas por la Fuerza Aérea, lo que aceleraría los tiempos, pero esta posibilidad fue descartada por un tema de costos por la cartera de Salud. García dijo a El País que se comunicó con el comandante de la Fuerza Aérea, quien le recordó que esto ya se había realizado en la época de la aftosa, sin embargo, fuentes del MSP señalaron que el traslado normal incluye una garantía que se pierde en caso que se utilice otro medio de transporte del medicamento. Lustemberg afirmó que “estamos haciendo los trámites como órdenes de compra por el proveedor, que es en Francia, en un contexto internacional en donde la previsión de esta vacuna ya está escaseando. Pero tenemos garantizadas 100.000 dosis”.
La jerarca reiteró que en aquellos lugares en los que aún existan dosis disponibles se haga énfasis en la vacunación de lo que denominan “población de riesgo”, como mujeres embarazadas, personas adultas mayores y niños desde el nacimiento hasta los cinco años. Hasta el momento 390 personas se encuentran internadas en los Centros de Tratamiento Intensivo de Uruguay y que 61 de ellas presentan un diagnóstico de infección respiratoria aguda, que en un 70 % puede estar vinculado a la gripe A.

RIGE NUEVO DECRETO PARA HABILITACIÓN DE BOMBEROS
El Ministerio del Interior anunció en la víspera que entró en vigencia un nuevo decreto de aprobación para las habilitaciones de la Dirección Nacional de Bomberos en los locales comerciales. Según indican, el nuevo decreto, que fue entregado a Presidencia para su aprobación en marzo, promueve un trámite “mucho más ágil y eficaz”.
Entre las principales modificaciones se encuentran la extensión del plazo de habilitación, que pasa de cuatro a ocho años de vigencia y el área límite, que pasa de los 400 metros cuadrados de la normativa anterior a dividirse en dos partes: menores a 750 metros cuadrados (proyecto técnico-certificación) para medidas mínimas de seguridad como extintores y puertas de emergencia; y superiores a 750 metros cuadrados (proyecto técnico), que implicará medidas de prevención y evacuación. Se podrá gestionar y seguir el trámite de forma online a través del sistema Prometeo, utilizando usuario y contraseña, e ingresando la información en forma de declaración jurada. Tras el ingreso de la solicitud y el pago correspondiente, el local queda habilitado de forma automática, encargándose la Dirección de Bomberos de las inspecciones correspondientes.

SUELDO MÍNIMO DE $ 20.000 EN SUPERMERCADOS
A fines de junio vencerán 105 convenios salariales --la mitad del total-- y en un contexto marcado por la desaceleración económica, la inflación por encima del 10% y el anuncio de un ajuste fiscal que disminuiría los ingresos disponibles de miles de trabajadores, las partes involucradas auguran negociaciones muy trabajosas. De todas formas, el Pit Cnt no quiere que se pierda de vista que bastante más de la mitad de los trabajadores uruguayos no pagan Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por lo bajas que son sus remuneraciones, dijo el presidente de la central, Fernando Pereira.
Un sector clave que negociará será el de los trabajadores de los supermercados en los que se desempeñan unas 27.000 personas, que en un 60% aproximadamente son mujeres. Más del 50% de los trabajadores están sindicalizados. En este caso, la gran mayoría de los asalariados no se verá afectada por el incremento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) porque sus remuneraciones son bajas, pero la negociación no será fácil porque el sindicato irá a la mesa con una propuesta de salario mínimo de $ 20.000 nominales, que significaría incrementos significativos sobre todo para categorías como las de “reponedores” o el personal de limpieza.
El dirigente del sindicato del comercio (Fuecys), Ismael Fuentes, dijo a El País que el personal de las cajas cobra en partidas por “presentismo” y “quebrantos de caja” unos $ 18.000 brutos, y un “reponedor” de productos unos $ 16.000. El personal mejor pago suele ser el de carnicería o confitería porque está especializado y no hay tantas personas capacitadas para desempeñar tareas en esas secciones.

TABACALEROS RECHAZAN IR AL FONASA
El Sindicato Autónomo Tabacalero rechazó la reciente incorporación de sus afiliados al Sistema Nacional Integrado de Salud y entiende que al eliminarse el sistema médico con el que contaban desde hace décadas, el Estado afrontará nuevos costos.
Mario de Castro, integrante del gremio, explicó a El País que el sistema con que contaba el sindicato era de larga data y no generaba ningún tipo de costo al Estado ni a los trabajadores que accedían a medicamentos y tratamientos de forma gratuita. A su juicio, la incorporación de 730 trabajadores y pasivos al sistema “es un capricho” que tendrá un costo para el Estado y que perjudicará a los trabajadores que tendrán una atención “inferior”.
El sindicato planteó a la Organización Internacional del Trabajo su rechazo a la medida a la que considera una intromisión indebida del gobierno, ya que la existencia del sistema estaba prevista en el convenio salarial del sector y constituía de hecho parte del salario. Según de Castro, el sindicato estaba dispuesto a estudiar una solución intermedia para que los trabajadores se hicieran cargo de parte del pago de los costos de su atención, pero esta posibilidad no fue tomada en cuenta por el gobierno. El anterior gobierno había decidido en 2010 la extensión del sistema hasta enero de 2016, pero transcurrido ese plazo se abrió una negociación que no llegó a ningún acuerdo. El sindicalista insistió en que el costo de la atención corría a cargo de las empresas, y de hecho, luego de que la multinacional Philip Morris cerrara su planta en Uruguay en 2011 y llevara su operación a Argentina, siguió pagando la atención médica de los jubilados.