Nacionales | 04 Jun La cantidad de casos de infecciones respiratorias graves que se atienden en Uruguay son similares a los de julio y agosto de años anteriores, lo que llevó a un aumento no solo de las consultas ambulatorias y en emergencias, sino de ingresos a terapia intensiva.
De hecho, el 90% de las camas de CTI están ocupadas actualmente y la mitad de las internaciones en esa área son por enfermedades respiratorias agudas, según el director general de la Salud, Jorge Quian, tras una reunión de las autoridades sanitarias con los directores técnicos de las instituciones y jefes de las unidades de terapia intensiva de adultos y niños. En el caso de los adultos, 90% de los que están internados tienen patologías o factores de riesgo que favorecen tener infecciones respiratorias y lo mismo sucede en 30% de los niños en terapia intensiva.
La semana pasada, la subsecretaria del MSP, Cristina Lustemberg, anunció en conferencia de prensa que cuatro personas habían muerto por enfermedades respiratorias graves; se confirmó que todas tenían la gripe A (H1N1) y no se habían vacunado. Cuando la semana que viene lleguen las 100.000 vacunas extra que el Ministerio de Salud Pública (MSP) compró a Francia, se priorizarán aquellos centros de vacunación que tienen horario y días de atención extendidos. Quian dijo a la prensa que el objetivo sigue siendo la población de riesgo, pero la cartera apunta a que todos los que quieran puedan vacunarse y, por ese motivo, se hará foco en que los centros extiendan su horario, para que eso no sea un obstáculo para recibir la vacuna.
El anuncio de las cuatro muertes, sumada a los ingresos a unidades de terapia intensiva, aumentó abruptamente la demanda de vacunas. En un mes se vacunó un número similar de personas que en tres meses del año pasado, cuando se registraron las cifras más bajas de vacunación de los últimos cinco años. Las 500.000 dosis que llegaron a Uruguay a fines de abril costaron unos U$S 2 millones y a esa cifra se le sumarán U$S 400 mil por la compra de las 100 mil dosis extra. A principios de la semana quedaban menos de 40 mil dosis, que estaban siendo utilizadas en las casas de salud para vacunar a los ancianos.
El desabastecimiento fue parejo para centros públicos y privados, así como de una vacuna cuatrivalente, que tienen las mutualistas y que cuesta unos $ 600 a los usuarios. A pesar de que las vacunas están prácticamente agotadas y el MSP debió comprar más, las cifras siguen preocupando a las autoridades por la baja cantidad de niños menores de 5 años y embarazadas que se vacunaron. Solo 16% de los niños pequeños recibió la vacuna, lo que para Quian es “algo que no se puede aceptar”, al tiempo que hubo una mejora en la inoculación de más de la mitad del personal de salud.

AMENAZA DE BOMBA EN RESIDENCIA PRESIDENCIAL
La residencia presidencial de Suárez y Reyes y el lindero Colegio San Pablo fueron evacuados al mediodía de ayer, debido a una amenaza de bomba. La denuncia fue realizada a través del servicio 911, por un hombre de acento extranjero, dijo a Subrayado Mariela Vivone, jefa de prensa de Bomberos. El hombre dijo que iba a colocar una bomba en la residencia presidencial y luego volvió a llamar, para denunciar que también puso un explosivo en el colegio.
El presidente Tabaré Vázquez estuvo en el lugar por la mañana, pero a la hora en que se produjo la llamada al 911 ya no se encontraba allí. Durante la tarde, personal de la Brigada Antiexplosivos y Bomberos realizaban las últimas inspecciones de la casa presidencial. La vocera de Bomberos, Mariela Vivone, dijo a El País que no se encontró ningún artefacto extraño, por lo que la llamada se trató de una falsa alarma.

ASSE INSTÓ A CORREGIR IRREGULARIDADES
Tras una serie de auditorías, internas y externas, que se llevaron a cabo el año pasado en la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), la institución envió días atrás a los directores de hospitales un comunicado en el cual se reconocía la detección de “inconvenientes y situaciones que deben corregirse a la mayor brevedad”, y los instó a ejercer un mayor control de las empresas tercerizadas.
Con el antecedente de la maniobra de corrupción protagonizada por el exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, quien fue procesado a mediados de 2014, la Administración hizo auditorías que dieron cuenta de una gran cantidad de irregularidades en los contratos con empresas tercerizadas. Se descubrió que varias de estas firmas tienen en negro a sus trabajadores y que pagan sueldos por debajo de los laudos. También se detectó, entre otras cosas, la no adecuación al marco legal aplicable para la contratación de empresas, la no constatación de la intervención del Tribunal de Cuentas y la no justificación para compras directas realizadas.
En el comunicado enviado por ASSE a los hospitales, se pide a cada centro que designe “un referente respecto a la gestión de los servicios tercerizados”, y el envío por escrito a la institución quién ocupará ese puesto. “El funcionario deberá estar capacitado en todo lo referente a los procedimientos de compras y contrataciones, manejar planillas Excel y tener facilidad para el manejo de programas informáticos, o a su defecto, tener las aptitudes y capacidades necesarias para acceder en forma rápida a los conocimientos referidos”, advierte el comunicado.
También se pide que aquellos centros de salud que tienen procedimientos de compra directa que hayan sido observados, inicien en un lapso no mayor a 15 días la regularización de los gastos y señala que aquellos procedimientos de licitación que hayan sido observados “por el Tribunal de Cuentas o Auditorías Delegadas, únicamente podrán adjudicarse y reiterarse por el período inicial, no haciendo lugar a las prórrogas”. Desde ASSE dijeron a El País que no iban a hacer declaraciones sobre este tema.

IMPOSIBLE APLICAR NUEVO CÓDIGO,SEGÚN SCJ
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) expresaron en el Parlamento que el nuevo Código General del Proceso Penal (CGPP) no podrá ponerse en funcionamiento en el mes de febrero del 2017 como propuso el Gobierno. Según informó La República, el presidente de la corporación, Ricardo Pérez Manrique, dijo en Comisión que “es imposible que el 1º de febrero de 2017 podamos implementar un régimen intermedio pues en el caso de asignarse recursos en la rendición de cuentas, los mismos se estarían recibiendo recién a partir del 1º de enero de 2017”.
Por su lado, el ministro Jorge Chediak calificó de “barbaridad” la vigencia del CGPP en etapas. “Es una barbaridad que a alguien se le ocurra que pueda haber tres procesos y dos transiciones, sobre todo en la materia procesal penal”, sostuvo. Explicó que jueces de cortes supremas de países que ya han avanzado mucho en la reforma “nos alertan que probablemente el sistema funcione peor”, sostuvo.