Nacionales | 03 Jun El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fue presuntamente amenazado de muerte por el narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, que cumple prisión preventiva por un supuesto delito de lavado de activos, informó el semanario Búsqueda.
Según la publicación, en un control de rutina en la celda de González Valencia, los guardias encontraron condimentos culinarios y, al indagar sobre el origen de estos productos, el reo denunció haber sido torturado y lo dejó constar en un acta firmada por él a la que tuvo acceso ese medio.
“Me tuvieron desnudo con temperaturas bajo cero. Si el ministro del Interior (Eduardo) Bonomi sigue mandando sus guardias a torturarme, que busque el puente más alto del Uruguay, donde lo voy a colgar”, constata presuntamente el acta rubricada por González Valencia. A raíz de la amenaza, el semanario consigna que el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal y que el titular de la cartera tiene una escolta de seguridad permanente, incluso desde antes de ese episodio.
Consultadas por EFE, fuentes de la cartera de Estado prefirieron no realizar comentarios o aclaraciones respecto de este episodio.
El mexicano, integrante del cártel “Los Cuinis” realizaba lavado de activos provenientes del narcotráfico mediante operaciones inmobiliarias en Punta del Este, por lo que permanece en prisión preventiva desde finales de abril.
Los negocios fueron realizados a través de una sociedad anónima vinculada al estudio panameño Mossack Fonseca, cuya actividad dio origen al episodio conocido como Panama Papers, y por el caso hay otros cinco procesados además de González Valencia.
La Justicia de Estados Unidos pidió la extradición del narcotraficante, aunque para que Uruguay lo envíe a ese país debe existir primero una sentencia y un cumplimiento de la pena, aunque según convenios internacionales suscritos por ambos países, este último requerimiento se puede trasladar al país norteamericano, según el procurador general, Jorge Díaz.
Fuentes del caso consultadas por Búsqueda afirmaron que esta posibilidad cuenta con el consentimiento del encarcelado, que es necesario para que pueda descontar su pena fuera de Uruguay, ya que le permitiría una mayor cercanía con su familia.
También existe preocupación de que la presencia del narco en una cárcel pueda extender la aplicación de técnicas criminales entre los presos uruguayos, por lo que desde el Gobierno existe supuestamente el beneplácito para que este mecanismo legal se active.