Opinion | 01 Jun Las instalaciones de la Asociación Rural de Florida fueron sede recientemente del Congreso Anual de la Federación Rural, tradicional evento que es caja de resonancia de las inquietudes de productores rurales de todo el país y que cuenta además, año a año, con la presencia de representantes del Poder Ejecutivo y del sistema político, en tanto refiere a una problemática que es base del trabajo y creación de riqueza nacional.
No puede ser de otra manera en un país de base agropecuaria por excelencia, con ventajas naturales notorias para producciones primarias del área pecuaria y agrícola, pero que además ha tenido en los últimos años incorporaciones muy auspiciosas como la explotación de centenares de miles de hectáreas forestadas, y la construcción de plantas de celulosa e infraestructura de apoyo –entre otros rubros de menor incidencia-- enmarcadas en el aprovechamiento de las condiciones naturales de la región.
Pero una cosa son las ventajas comparativas y otra el marco que se da el país para su mejor desarrollo, sin perder de vista el entorno internacional donde radican los mercados para productos de nuestro origen, que en un 90 por ciento se vuelcan a la exportación.
Y esta problemática ha sido el motivo principal del análisis de las gremiales que se dieron cita en la asociación floridense, porque no debe perderse de vista que estamos ante emprendimientos de riesgo, que generan la riqueza que se derrama desde al agro a todos los sectores de la sociedad. Pero cuando la rentabilidad no existe o es magra, se resienten todos los esquemas y los problemas inmediatamente permean hacia las ciudades y la economía de todo el país.
El sector ha sido la clave, además, de la década de bonanza que se ha vivido en la región hasta hace poco más de un año, ante las favorables condiciones internacionales que hoy han quedado diluidas y envueltas en un mar de incertidumbre sobre su evolución, que dista de ser auspiciosa por lo menos en el futuro inmediato.
Los productores trajeron estas inquietudes al seno del congreso ruralista y sus planteos dieron lugar a la redacción de una proclama en la que se advierte sobre la persistente pérdida de competitividad del sector, que es un factor clave a tener presente en los emprendimientos que producen para exportar o para competir con similares importados.
El problema es que la tendencia se mantiene firme y la Federación Rural advirtió que esta pérdida de competitividad del sector agropecuario “ha llevado al deterioro económico del productor rural y el país”, y a la vez hace referencia a “las pésimas gestiones que han provocado continuos déficits fiscales, que terminamos pagando todos los uruguayos”, en tanto subrayó que “el país no resiste más impuestos ni más promesas incumplidas”.
Más aún, el documento sostiene que “la situación en general del sector agropecuario se hace insostenible”, a la vez de pedir que se declare al sector lechero nacional en estado de emergencia. La gremial “ve con extrema preocupación el deterioro permanente de la caminería nacional y departamental, no habiendo tenido los gobernantes una visión de la importancia que la infraestructura tiene en el desarrollo del país”, a la vez de evaluar positivamente el tratamiento legislativo del abigeato y puntualizar que “seguiremos siendo firmes vigilantes para que se cumplan las normas y que las autoridades entiendan lo que ha significado este flagelo, que ha llevado a la deserción de muchos productores rurales”.
El presidente saliente de la Federación Rural, Fernando Dighiero, complementó el panorama al considerar que el momento que está viviendo el agro es muy complicado porque los gobernantes siguen sin entender la problemática del sector.
“No es bueno seguir cargando de impuestos ciegos al campo; tenemos cuatro y eso provoca que se debiliten las fuerzas del productor”, reflexionó, al apuntar a medidas de gobierno que claramente reflejan la visión que el Estado tiene del campo, que lo considera una fuente prácticamente inagotable de recursos para sostener su ineficiencia y no como la columna vertebral de la economía del país.
No es un secreto para nadie que la economía se presenta por ciclos y que Uruguay, como los demás países de la región, es solo tomador de situaciones globales. Tuvimos una década muy favorable, con muy buenos precios internacionales, que permitieron colocar materias primas a valores excepcionales, y más de un economista oficialista se mareó y tomó la coyuntura positiva como un éxito de la gestión del gobierno de turno. Mientras, llegaron al país cuantiosos recursos que tuvieron a la vez virtud de reciclarse en lo interno, dinamizar la economía y mantener como factor virtuoso la ecuación económica de los productores, a la vez de dinamizar la infraestructura de apoyo y derramar riqueza sobre los demás sectores de la economía.
Pero los buenos precios, como todos sabíamos --menos quienes con soberbia se vanagloriaban del exitoso manejo de la economía nacional-- no iban a durar para siempre y que la coyuntura favorable era el momento inmejorable para que desde el gobierno se encaminara un proceso de reconversión y reversión de los factores que han incidido en el persistente deterioro de la competitividad. Estos factores son esencialmente los costos internos, el costo que aplica el país a los sectores reales de la economía, desde los impuestos al costo de la energía, la logística, las cargas sociales, y la generación y potenciación de la infraestructura productiva, todos elementos que se disimularon en la nube de humo de los buenos precios.
Y tienen razón los productores cuando en congresos como el celebrado en Florida reclaman al gobierno la cuota parte de responsabilidad respecto a no haber hecho lo que se tenía que hacer por la sustentabilidad. Los privados lo hacen permanentemente hasta por mera razón de supervivencia, porque es el riesgo de la actividad empresarial, que los números den positivos o tener que endeudarse para intentar salvarse, o igualmente terminar fundiéndose. Pero no sucede lo mismo con el Estado, y como claro ejemplo está Ancap, que aún completamente fundida recibe un millonario rescate del Gobierno.
Y como el Estado siguió gastando en exceso y la norma ha sido la de seguir políticas procíclicas, cuando hay déficit fiscal el recurso al que se apela es el aumentar impuestos, justo cuando las vacas han enflaquecido.
Por cierto llegado este extremo no hay soluciones fáciles, y mucho menos cuando se sale tarde a tomar medidas, pese a que en este caso desde hace tiempo los economistas advertían sobre el fin del ciclo excepcional de bonanza y de la necesidad de ser prudentes en el gasto público. Y lamentablemente, siempre se carga el fardo a los que han tratado de hacer las cosas bien, por negligencia de los que siguen cometiendo los mismos desaguisados de siempre.