Opinion | 07 Jun El común denominador de la región latinoamericana durante la última década, en el marco de ingresos excepcionales generados por los elevados precios de los commodities en los mercados internacionales, fue la aplicación de determinadas políticas sociales por gobiernos rotulados como progresistas que buscaban sacar de la pobreza a millones de personas de escasos recursos. Para ello aplicaron programas en general de corte asistencialistas que en los hechos lograban torcer las estadísticas al transferir directamente recursos del Estado hacia esos sectores, sin sustento alguno.
Precisamente este reflejo estadístico implica una fotografía de una realidad en base a ingresos recibidos durante el período del relevamiento, y al ser sostenida en el tiempo esta bonanza por factores externos, se logró incluso que durante años los números indicaran una mejora sensible en el abatimiento de los niveles de pobreza e indigencia, lo que fue destacado como logros de estas políticas.
Pero no siempre el cortar camino es el método más eficiente y sobre todo sustentable para que los sectores postergados que estadísticamente tienen esta mejora, no recaigan en la situación anterior tan pronto cede el efecto de la bonanza, como está ocurriendo en la región.
Uruguay no ha escapado a esta regla, que se ha manifestado asimismo en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, con matices y de acuerdo a la realidad en cada país. Pero en todos los casos hay muchos elementos en común, sobre todo en cuanto a la diferencia entre lo estadístico y lo realmente sustentable, que es donde ha radicado la falla en las políticas populistas en las que las transferencias de recursos --mientras había dinero-- fue la prioridad. Al mismo tiempo no hubo contrapartida de esfuerzo de los destinatarios y lo que es peor, tampoco se aplicaron políticas que atacaran las verdaderas causas de la marginación.
El efecto derrame de riqueza se hizo sentir con altibajos en la región, donde a la vez hubo graves casos de corrupción, como se ha dado principalmente en Brasil, Argentina y Venezuela, como los ejemplos más notorios. En Uruguay ha habido en cambio claras muestras de gestión deficitaria, ineficiente o decididamente delirante, como ha sido por ejemplo el de las pérdidas de Ancap - ALUR, las de Pluna --con salvatajes que han costado más de mil millones de dólares--, los gastos excesivos en el Fondes, entre otros desaguisados cometidos en nombre de políticas populistas.
Señalamos en este comentario que hubo instrumentación de políticas para combatir la pobreza apuntando a la estadística, y ello se ha dado sin dudas en nuestro país. porque aunque Se buscara lograr efectos duraderos, los instrumentos que se crearon tuvieron perfil voluntarista, de cuño asistencialista y no se apuntó realmente a lograr sustentabilidad, que es el ingrediente diferencial para el éxito.
Es así que, según el análisis de una investigadora del Banco de Previsión Social (BPS), casi la mitad de las personas que concurren hoy a comedores o merenderos estatales, hace siete años eran usuarios del plan de alimentación del primer gobierno del Frente Amplio, por lo claramente que no han logrado salir de una situación de extrema pobreza.
El dato surge del estudio sobre la población que hace uso del Sistema Nacional de Comedores y del Programa Alimentario Nacional (canastas de alimentación y transferencias). El informe, publicado en estos días en la página del BPS, reconoce que “no puede dejar de considerarse con cierta preocupación que siete años después de terminado” el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes) “muchos de sus beneficiarios estén aún en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.
El análisis fue elaborado por la socióloga Leticia Pugliese y es titulado “Características de los beneficiarios de programas de asistencia alimentaria en base a información de la Encuesta Longitudinal de Protección Social”. Señala que del total de personas que concurren a comedores o merenderos, el 42% vivió en un hogar que cobraba alguna prestación monetaria del Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social, que funcionó entre 2005 y 2007 y buscaba atender fundamentalmente a la población más afectada por la crisis de 2002.
“Esto da cuenta que cerca de la mitad de usuarios de este programa se encontraban siete años atrás en situación de extrema pobreza y aún hoy siguen estando en una condición vulnerable”, considera la autora, a la vez de concluir que la minoría afrodescendiente tiene proporcionalmente una mayor representación entre los usuarios de ambos programas.
Surge del análisis que las personas que concurren a comedores y merenderos gratuitos tienen pocos recursos para insertarse en la sociedad y en el mercado laboral, ya que la representación es mayor en los niveles educativos más bajos, lo que acentúa su vulnerabilidad social, al punto que la mayoría son desocupados o inactivos.
Además, como es lógico, los beneficiarios por lo general además son personas que tienen problemas de acceso a la vivienda y necesitan en mayor medida el apoyo de programas como el Mevir o del Ministerio de Vivienda. Paralelamente surge que los hogares en los que están más representados los usuarios de comedores o merenderos gratuitos son los que no tienen núcleo conyugal, los biparentales con hijos y los unipersonales.
El punto es que hemos invertido más de una década de recursos extraordinarios en estudios sesudos, asistencia personalizada de psicólogos, asistentes sociales, médicos comunitarios, maestros comunitarios, policía comunitaria, capacitaciones para desempleados, apoyos a cooperativas de trabajadores sin trabajo, rescate de empresas fundidas y en mantener todo un ministerio –entre una pléyade de políticas imposible de detallar-- para que ahora nos encontremos que las buenas estadísticas se esfuman apenas desaparece el aporte directo del Estado. Y eso aún cuando todos los analistas coinciden que Uruguay no está en crisis, aunque ya se escucha con fuerza la palabra recesión, con la cual colabora el propio Estado al tener que retirar dinero de circulación y aumentar los impuestos porque no tiene forma de reducir gastos. Una paradoja que no es tal, porque que el Estado no pueda reducir sus monstruosas erogaciones tiene mucho que ver con las políticas voluntaristas que ha aplicado en estos más de 10 años, y de las cuales hoy es rehén.