Opinion | 06 Jun En setiembre de 2013, el entonces presidente José Mujica participó en la firma de siete convenios entre el gobierno y las intendencias de Montevideo y Canelones, instituciones estatales, privadas y sindicatos para desarrollar varios programas enmarcados en el Plan Siete Zonas, con una inversión estimada de 34 millones de dólares.
Daniel Olesker, quien era el ministro de Desarrollo Social, explicó que el programa se destinaría a mejorar la infraestructura urbana en cinco barrios capitalinos (Marconi, Cantera del Zorro, Chacarita de los Padres, Santa Teresa y Barrio Ituzaingó) y otros tres en Canelones, con una intensificación de los planes sociales e intervención en la seguridad. La presentación, a cargo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, describió la construcción de plazas, centros cívicos, centros deportivos, iluminación de 40 cuadras y erradicación de basurales.
El despliegue de los programas sociales resaltó una profundización en las políticas de protección a la infancia y adolescencia, CAIF, bonos transitorios para atención en guarderías privadas, OPP, Uruguay Crece Contigo, programas Cercanías y Jóvenes en Red pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social. A esto se sumó un convenio con la Cámara de la Construcción y el Sindicato de la Construcción para que los residentes en las Siete Zonas accedieran a cursos de capacitación y pasantías en empresas, al tiempo que la empresa Hípica Rioplatense se comprometía a capacitar y extender oportunidades laborales a los beneficiarios de esos barrios.
Incluso el Programa de Adultos del Consejo de Educación Inicial y Primaria anunció en aquel momento la apertura de cursos para los interesados en finalizar sus trayectorias educativas y se lanzó el programa Jóvenes Mediadores en las instituciones de educación media.
En referencia a la seguridad ciudadana, se informó acerca de un nuevo sistema de patrullaje, que se intensificaría con la Policía Comunitaria y la concreción de corredores seguros en los barrios.
Durante el lanzamiento, tanto Bonomi como Olesker resaltaron en 2013 que “no es deseable ni sostenible una estrategia de seguridad pública basada en una respuesta policial única y aislada, cuyo componente central sea la saturación permanente de zonas bajo el control policial” y que “de nada sirve cuadriplicar los equipos sociales en el territorio si no hay una modificación en la trama urbana, que genere equipamiento social, espacios urbanos y de convivencia, que hagan posible la movilidad ciudadana”.
En agosto de 2014, el plan desembarcó en el barrio Marconi con la presentación pública de las obras proyectadas para esa comunidad: la remodelación del anfiteatro y la refacción de la plaza de Itacumbú, con el complemento del diseño de un nuevo alumbrado y el lanzamiento de la gestión ambiental de la zona con la instalación de contenedores.
En junio de 2015, se inauguró la nueva plaza del barrio que fue escenario de enfrentamientos con la Policía en 2012, cuando murió un conocido delincuente de la zona (“El bebe” Sosa) y motivó la instalación de un cerco policial durante tres días para repeler las reacciones de algunos habitantes del lugar que incendiaron neumáticos, así como se intensificaron los robos a taxis y autos.
El Marconi, donde residen al menos 4.000 personas y los niños menores de 14 años significan el 30% de la población, no contaba con un espacio para este público objetivo y el “desembarco” del plan --así lo definió Olesker-- implicó la inversión de 30 millones de pesos e incluyó la colocación de juegos, una cancha de fútbol y básquetbol, entre otras mejoras, además de la renovación del anfiteatro, que es uno de los pocos existentes en las plazas capitalinas.
Seguidamente se instalaron 92 contenedores y 297 puestas de luz para iluminar 40 cuadras del barrio, con el compromiso de la apertura de nuevas calles que permitieran romper con la idea de gueto urbano que ronda sobre el Marconi --así como en otras zonas-- al tiempo que se anunció la instalación de cámaras de videovigilancia en la plaza y otros puntos.
Con la totalidad de las inversiones efectuadas, las derivaciones de los programas sociales, ampliación de servicios y relocalización de familias, el gobierno destinó unos U$S 6,7 millones en los últimos tres años, que --según la evidencia-- no han alcanzaron para recomponer una compleja trama, cuyo revés mostró su lado más violento hace unos días con un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas policiales y vecinos, que ameritó el despliegue de otras estrategias del Ejecutivo, que aseguraran servicios sumamente básicos como las atención de las policlínicas, centros educativos o transporte público.
Y si hablamos de estigmatización, entonces tomemos las cifras oficiales de la Seccional 17, donde se denunciaron 31 homicidios durante 2015, enmarcados en cifras que se mantienen altas desde hace una década, al menos cinco rapiñas diarias y el cruce de las calles Aparicio Saravia y San Martín como la segunda esquina más violenta del país. Es así que Bonomi determinó la presencia de la Guardia Republicana con su Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) que redujo las rapiñas en un 60%, pero resultó determinante en la explosión de violencia de hace unos días.
Sin embargo, no hay grandes cambios en cuanto a infraestructura o vivienda, en tanto el Plan Juntos es el único que se acercó a un área donde existen siete asentamientos irregulares, sin saneamiento. Aquí, a pesar del “desembarco” de la totalidad de los planes sociales y una fuerte presencia del Estado, uno de cada diez hogares se encuentra en emergencia habitacional y el 60,1% de la población presenta al menos una necesidad básica insatisfecha. Este porcentaje es el más alto de Montevideo, en comparación con el 30,7% a nivel nacional.
Cuatro de cada cinco hogares presenta un nivel bajo de educación y uno de cada cinco estudiantes alcanza el nivel medio o alto, según el Mides.
De diez trabajadores que residen en la zona, cuatro presentan restricciones en su formalización o en la cantidad de horas trabajadas y entre los trabajadores pobres, la relación es de seis cada diez. Tres de cada cuatro menores de la zona son pobres y allí residen 3,6 menores por cada adulto mayor, cuando el promedio nacional es de 1,9.
Es también una de las zonas con mayores porcentajes de menores incorporados al trabajo (por encima del 10%), al tiempo que una investigación confirmó que la Unidad Casavalle (donde se encuentra el Marconi) reveló que el 25% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja ni tampoco busca un empleo, cuando ese promedio en la capital del país se ubica en torno al 10%.
Estas cifras oficiales expuestas denotan una realidad que nadie puede mirar de soslayo: el fracaso de las políticas sociales instaladas en una zona que revela otras realidades, tras la “década ganada”. En todo caso obstan las adjetivaciones, análisis y diagnósticos sesudos porque nos impedirían ver con crudeza lo que ocurre diariamente, en una sociedad fragmentada desde sus bases.
Pero es, como dijo la actual ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, en una entrevista con El Observador: “Me atrevo a decir, con gran dolor, que no va a ser la última”.