Opinion | 03 Jun La respuesta de mal gusto, agresiva y descalificatoria --para sí mismo-- que dio públicamente el presidente venezolano Nicolás Maduro a la iniciativa del titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro sobre activar la Cláusula Democrática del organismo contra el gobierno venezolano ante la grave crisis social y económica, así como la violencia represora contra la oposición, es solo un paso más en la escalada verbal entre el mandatario caribeño y el presidente del organismo internacional.
Es cierto, es difícil sustraerse a la tentación, ante los agravios del mandatario --la última perla es “métase la Cláusula Democrática donde le quepa”-- de responder en forma similar y personal, porque además de las condiciones técnicas para ejercer el cargo, Almagro es un ser humano y, por lo tanto, permeable a sufrir y responder en términos a tono con los calificativos de quien enceguecido por la ideología y “loco como una cabra”, al decir del expresidente José Mujica, desde hace rato ha ingresado en raptos frecuentes de irracionalidad.
Respecto a esta situación, en una declaración conjunta con sus pares de Argentina, Chile y Colombia, el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa expresó el apoyo “a los procedimientos constitucionales, tal como el relativo al referéndum revocatorio”. El procedimiento había sido solicitado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que juntó 1,8 millones de firmas contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro.
En la nota, los cancilleres Susana Malcorra (Argentina), María Ángela Holguín (Colombia), Heraldo Muñoz (Chile) y Nin Novoa expresan su “satisfacción” por las gestiones realizadas por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, en apoyo a un “diálogo efectivo” entre el chavismo y la oposición.
Nin Novoa dijo recientemente que la “única manera” de que Venezuela supere su situación actual es por medio de un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Para el canciller, el país caribeño atraviesa una crisis producto de un modelo de “control férreo de la economía del Estado que no es exitoso”.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, al activar la Carta Democrática del organismo para Venezuela, recurre al artículo 20º para “solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio de 2016”, un procedimiento que “deberá atender a la alteración del orden constitucional. La decisión adoptada por el que fuera canciller del expresidente José Mujica fue sin embargo cuestionada por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y en este sentido el senador Ernesto Agazzi (MPP) calificó la actuación de Almagro como “un exabrupto”, según publicó en Twitter. En la misma línea, el diputado Daniel Caggiani (MPP) le contestó al propio Almagro en la red social: “Estimado Almagro, lástima no haber escuchado ninguna declaración tuya sobre el proceso de diálogo en Venezuela”.
En la vereda contraria al Frente Amplio, la oposición celebró la decisión del excanciller y al respecto el senador del Partido Colorado Ope Pasquet manifestó que la situación política de Venezuela es visible y notoria. “Es natural que la OEA lo señale”, dijo a Canal 4. Por su lado, el senador del Partido Independiente Pablo Mieres la calificó de una decisión “correcta” y dijo que “hace mucho tiempo que en Venezuela se está viviendo una violación flagrante de los derechos humanos y una afectación muy fuerte a la democracia”.
En el orden internacional, el grupo de exmandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron su “respaldo” a la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de activar la Carta Democrática para Venezuela.
En la declaración de apoyo a Almagro, los exjefes de Estado que forman IDEA exigen al gobierno venezolano la “liberación de los presos políticos y la garantía del derecho del pueblo a su participación democrática mediante referendos”.
Mientras tanto, en las últimas horas, el Consejo Permanente de la OEA decidió convocar a un diálogo en Venezuela y ofreció su participación para acercar a las partes, de forma de llegar a un desenlace que se enmarque en la institucionalidad democrática y atienda la convivencia y las necesidades básicas insatisfechas de la población venezolana, respetando el derecho a la autodeterminación de los pueblos, como un paso previo indispensable antes de desencadenar en hacerse eco del planteo del secretario general respecto a la Cláusula Democrática, que incluso podría desembocar en la suspensión de Venezuela del organismo regional.
La Carta Democrática de la OEA es un instrumento jurídico para la preservación de la institucionalidad democrática con la que se dotaron los estados miembros por unanimidad hace 15 años. Se trata de un recurso extremo, porque su última consecuencia es la suspensión de la OEA. Hasta ahora solo se aplicó por solicitud del Estado afectado, salvo el golpe de Estado de Honduras en 2009.
En el caso de Almagro, el excanciller uruguayo, al invocar la medida, se ampara en el artículo 20º, que permite pedir un consejo cuando en un país ocurra “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.
Por supuesto, una cosa es el proceso formal del organismo y otro el efecto muy dudoso que su actuación con convocatoria al diálogo puede tener en el gobierno de Venezuela, cuando además hay una explosiva crisis social, con desabastecimiento de alimentos, medicamentos y una inflación que se acerca al mil por ciento anual, mientras Maduro sigue culpando al “imperialismo” y de paso denuncia que Almagro es un servidor a sueldo de los Estados unidos e incluso agente de la CIA.
Es decir, en el delirio, en su visión de fantasmas conspiradores, la culpa es de todos, menos de él mismo y la política del socialismo bolivariano que se sustentaba en repartir dinero de las rentas del petróleo para disimular pobreza estructural, mantener la red de clientelismo político-electoral y conformes a las fuerzas armadas.
Y como Maduro es el problema y no la solución, nos afiliamos a la tesis de que se entable un diálogo fecundo, dentro de lo posible, que implique como elemento fundamental apelar a la fibra democrática del régimen, si es que la tiene, para no seguir obstaculizando un referéndum revocatorio, previsto en la Constitución venezolana, procedimiento legítimo y a esta altura imprescindible para que el pueblo pueda manifestarse y decidir el gobierno que quiere para su país.