Opinion | 10 Jun Al hablar en las últimas horas ante la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, el titular de esta cartera, Jorge Basso, dijo que la Administración de los Servicios de Salud Pública (ASSE) cambiará el diseño de su organización para mejorar la gestión.
Explicó el jerarca que el rediseño implica una “desconcentración de la gestión” con personas responsables de proyectos en particular, que contarán con un presupuesto propio, en tanto actualmente, si bien hay determinadas áreas dentro del ente, la responsabilidad final recae sobre el directorio.
Con la vigencia de la nueva organización, el directorio recibirá informes de los responsables de las áreas que se determinen, y según Basso “ASSE debe dar un salto estratégico en materia de organización”, para agregar que la cartera asume que tienen “problemas serios en ASSE. Somos responsables y vamos a trabajar con el directorio para mejorarlo”, aseguró.
La convocatoria al ministro fue realizada por el diputado nacionalista Martín Lema, luego de que solicitara un pedido de informes sobre las empresas tercerizadas. Según informó El País, el informe develó que aún trabajan en ASSE empresas vinculadas al caso de irregularidades que en 2014 terminó con el procesamiento de Alfredo Silva, exrepresentante de los trabajadores en el organismo.
Precisamente el exdirector de ASSE, de acuerdo a lo que surgió de la investigación judicial, prohijaba adjudicaciones a empresas por fuera de las normas legales y como imposición, lo que derivó en cobro de horas no trabajadas y sobreprecios que fueron a cargo del Ministerio de Salud Pública.
Consultado por El Observador, Lema sostuvo que la respuesta del ministro sobre por qué esas empresas siguen trabajando y quién es el responsable de eso fue “totalmente insuficiente. El MSP es el rector y desconocía las irregularidades de las auditorías. Hay un sentimiento de impunidad que se le transmite a ASSE porque no se hizo absolutamente nada”, dijo.
En esta oportunidad el ministro informó a los legisladores que se aumentará el control a las empresas tercerizadas y que “asumen la responsabilidad”. Según informó, hay 3.400 funcionarios en 122 empresas tercerizadas. “Estamos decididos a iniciar un proceso de transformación”, destacó el ministro.
Lo que ocurre en ASSE es sintomático y más aún, un claro ejemplo de la falta de transparencia que se da en el ámbito del Estado, donde como regla general tanto funcionarios como jerarcas procuran diluir responsabilidades y sobre todo no rendir cuentas sobre la gestión de los recursos que aportamos todos los uruguayos.
La regla general es que los recursos se utilizan como suele hacerse con dinero ajeno, sin rendir cuentas ni buscar la mejor eficiencia de lo que se invierte, lo que es un acto irresponsable en todo lugar, pero sobre todo en el caso de la salud, donde cada peso que se invierte importa y va en directo perjuicio o beneficio del usuario.
Bueno, a partir de la reforma de la salud instrumentada durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez se hizo hincapié en que se aumentó la transferencia de dinero a salud pública, pero ello no quiere decir necesariamente que el resultado haya sido una mejor gestión o que ésta vaya en proporción directa a la mayor afectación de recursos.
Peor aún, con la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud, financiado con aportes del Fonasa, ha habido un aumento del número de los usuarios de la salud privada y por lo tanto una reducción en los usuarios de salud pública, lo que en teoría debería resultar en un descongestionamiento y un mejor uso de los recursos, traducido en una mejor atención y servicios, pero lamentablemente las falencias han seguido manifestándose, de lo que son claro síntoma de las colas, las demoras y la falta de disponibilidad de especialistas, que es uno de los males crónicos del sistema, sin olvidar el gran ausentismo del funcionariado del sector y falta de ambulancias.
Por supuesto, no está todo mal, y hubo avances en determinadas áreas, pero de ninguna manera esta mejora guarda relación con los incrementos presupuestales, y tampoco las tercerizaciones han sido la solución, sino que como suele ocurrir, la ausencia de transparencia y la burocracia enmarañada hace que no se perciba que los recursos se utilicen criteriosamente.
La tercerización en el Estado, por lo pronto, si bien conceptualmente apuntaría a que se pueda hacer un “bypass” a las exigencias de controles en el Estado que enlentecen y desvirtúan muchas veces la gestión, para pasarlo a la esfera privada, donde las acciones son más ejecutivas y se busca la eficiencia, muchas veces resultan en otras ineficiencias, porque los recursos y las adjudicaciones provienen del propio Estado, y cuando hay manejos como los que se hacían en ASSE, los problemas de gestión y mal uso de recursos subsisten.
Este escenario también se da por ejemplo en las satélites de empresas del estado, como ha sido el caso concreto de ALUR respecto a Ancap, porque se trata de empresas que actúan bajo el derecho privado, y por lo tanto eluden los controles parlamentarios y de otros organismos que deben regir la gestión en el Estado.
Es decir, que se conjugan dos situaciones indeseables: se vuelcan recursos de todos los uruguayos para financiar aventuras empresariales de empresas satélites que no responden a los normas de regulación de los dineros públicos. Y en el caso de la salud la problemática se agrava porque el Estado debe responder a las necesidades de sectores de la población de menores ingresos.
Precisamente en las últimas horas con los votos del Frente Amplio el Senado aprobó este miércoles la venia de Natalia Pereira como representante de los usuarios en el directorio de ASSE, sin hacer caso a cuestionamientos sobre representatividad y legitimidad que tiene la representación de los usuarios en ASSE, porque por la vía de los hechos se convierte en un cargo de confianza del Frente Amplio.
Y este es precisamente el extremo en el que no se debe caer, porque es en realidad el gobierno controlándose a sí mismo en la gestión, cuando debe instalarse una representación que realmente surja de una elección y no de nombres digitados, que represente a los directamente interesados en que las cosas vayan bien, que se atiendan sus necesidades, por encima de intereses políticos y de la autocomplacencia que suele instalarse cuando se escucha y atiende solo el discurso propio.