Nacionales | 15 Jun El Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente acordaron anoche el envío de un proyecto de ley que hace inexcarcelables los delitos vinculados a la producción y comercialización de drogas (con la excepción del cannabis) y el financiamiento del narcotráfico. Así se acordó en la octava reunión que el presidente Tabaré Vázquez mantuvo con los partidos políticos con representación parlamentaria, informó El País.
La iniciativa supone que la pena mínima por estos delitos pasará de 20 a 24 meses, lo que implica castigo de pena de penitenciaría. La iniciativa no fue acompañada por Unidad Popular. Por otra parte, no tuvo andamiento una iniciativa del Partido Colorado para que la temática de la minoridad infractora pasase a una comisión bicameral.
Desde hace semanas los partidos políticos con representación parlamentaria realizan reuniones para llegar acuerdos multipartidarios en materia de seguridad pública. En mayo se alcanzó otro acuerdo para limitar la libertad anticipada a reclusos procesados por delitos graves.
MÁS DE 150 DENUNCIAS DE MALTRATO CONTRA ANCIANOS
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó en la víspera un informe sobre violencia en ancianos en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Según informó el Mides, en el año 2015 se atendieron en el Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar dirigida a las personas mayores 156 ancianos, 21 de ellos comenzaron a atenderse en el año 2014 y continuaron haciéndolo en el 2015.
El Servicio de Atención a la Violencia Intrafamiliar comenzó a operar en julio de 2013 en Montevideo y Zona Metropolitana. Este servicio recibe, atiende y da seguimiento a situaciones de abuso y maltrato hacia personas mayores para contribuir a la protección de sus derechos mediante la atención integral.
El abordaje de las situaciones está a cargo de un equipo técnico interdisciplinario especializado en la temática que brinda atención directa y proporciona asesoramiento psicológico, social y legal. El informe presentado detalla que en el 62,9% de los casos atendidos en 2015 quien ejerce violencia es el hijo de la víctima. De ese total, el 54,6% es hijo del matrimonio y en el 8,3% de los casos es hijo solo del anciano agredido y no de su pareja.
Asimismo, la investigación sostiene que en el 11,1% de los casos la violencia llega del esposo o del compañero de la víctima.
En el 9,3% de las denuncias quien ejerce el maltrato es el nieto. En el resto de los casos, que suman el 16,7%, los agresores son sobrinos, yernos o nueras, hermanos o el hijo de la pareja.

VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS
La farmacia es un comercio regulado, que tiene exclusividad de venta de medicamentos y dispositivos terapéuticos desde hace 30 años. “Hoy y desde hace muchos años no se está respetando la regulación. Se venden medicamentos en quioscos, supermercados, minimercados, estaciones de servicio y no se está fiscalizando”, aseguró a El Observador la prosecretaria de la Asociación de Farmacias del Interior (AFI), Isabel Regent. “Hemos hecho denuncias a lo largo de los años y no hemos tenido respuesta de las autoridades”, agregó. Fuentes del Ministerio de Salud Pública (MSP) informaron a El Observador que comenzaron a inspeccionar ferias y otros puestos de venta ilegales para hacerle un seguimiento al origen de esos productos. Sin embargo, hasta el momento no han puesto sanciones.
Según la ley 18.703, que es la que está vigente y regula la distribución, comercialización y dispensación de medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos, los únicos lugares habilitados para vender estos productos --además de las farmacias-- son las herboristerías y los no farmacéuticos como ópticas, ortopedias y perfumerías. Por lo tanto, no están comprendidos otro tipo de comercios. Para la AFI esto es un problema porque aseguran que “la población en general no advierte que es algo que está mal y que pone en riesgo su salud”, dijo Regent.
Por otro lado, consideran que la falta de controles en los puestos de venta ilegal de medicamentos ha hecho que las personas lo normalicen. El MSP reconoce que actualmente se adquieren medicamentos en locales no autorizados que no hacen los controles necesarios: sobre la fecha de vencimiento o los lugares especiales donde deben guardarse para mantenerse en buen estado.

PARO NACIONAL EN LA SALUD PÚBLICA
La Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que agrupa a los trabajadores de las mutualistas, firmaron un convenio colectivo que implicaba dar cursos de capacitación durante 2016 y 2017 y en contrapartida recibir una partida fija anual. En promedio serían entre $6.000 y $8.000 el primer año y entre $10.000 y $ 12.000 el segundo. Sin embargo, las empresas se negaron a hacer los cursos, después de haber sido acordados, según denuncia la FUS y por lo tanto los trabajadores no cobrarán ese dinero, informó Subrayado.
Para denunciar la situación, la Federación convoca a un paro de la salud privada para hoy entre las 8 y las 15 horas, con una concentración en el Obelisco y un acto frente al Ministerio de Salud Pública a las 11. Allí entregarán una carta al Ministro Jorge Basso, dando plazo hasta el 1º de agosto para aplicar el convenio o, en caso contrario, comenzarán una serie de medidas sindicales.
La Federación de Salud Pública se une a la movilización con un paro de 24 horas que abarca hospitales y policlínicas públicas de todo el país. La FUS también reclama al gobierno una auditoría sobre el dinero que el Fonasa da a las instituciones.

PRESENTARON PAUTAS PARA CONTROLAR CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS
El gobierno y el Pit Cnt presentaron en la víspera la reglamentación del decreto que regula los controles y establece cómo deben actuar las empresas frente a los casos de consumo abusivo de drogas y alcohol en los lugares de trabajo, informó Subrayado.
Se establecen algunas pautas para los controles, ya que hasta ahora se han registrado prácticas que invaden la intimidad y la privacidad de los trabajadores, afirmó Cecilia Miller del Pit Cnt.
La reglamentación estuvo a cargo del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que establece un mecanismo que salvaguarde la integridad del trabajador y el buen funcionamiento de la empresa. “El empresario tiene el derecho a garantizar la seguridad y el ambiente libre de consumo” y “el trabajador tiene el derecho a mantener en privacidad los consumos sociales o recreativos que quiera tener”, sostuvo Miller.

PRIMERA COSECHA DE CANNABIS
Las dos empresas encargadas de la producción de marihuana legal en Uruguay están recogiendo unos 300 gramos por cada planta en su primera cosecha, que se inició esta semana, informó EFE.
El presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Juan Andrés Roballo, señaló ayer a los medios de prensa que “pronto va a estar la primera cosecha de las empresas adjudicatarias (ICCorp y Simbiosys)”, que desde febrero trabajan en los campos del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) en la producción de la planta. La cosecha continuará la siguiente semana y a su término se emplearán 15 días para el secado de la marihuana y una siete más para realizar el manicurado de la planta.
El empaquetado y almacenamiento de la marihuana conllevará unas tres semanas más y, una vez culminado el proceso, alrededor de agosto, comenzará su venta en las farmacias, que recibirán la sustancia en envases de 5 y 10 gramos.