Locales | 18 Jun La denuncia contra el funcionario municipal "funcionario presupuestado de la Intendencia Departamental de Paysandú" y de "confianza política del señor intendente", presentada en la víspera ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal, Menores, Aduaneros, de Segundo Turno de Paysandú, se refiere al delito de violencia privada, prevista en el artículo 288º del Código Penal, que castiga con entre tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.
En el cuerpo de la denuncia, de nueve páginas, se establecen los hechos desde el punto de vista de las tres denunciantes y se involucra directamente al intendente departamental, al secretario general y a tres directores. Asimismo, aparecen dos ediles departamentales suplentes del Frente Amplio, víctimas también, pero que no han acompañado la denuncia.
"Las comparecientes son integrantes del cuerpo de voluntariado --desde hace varios años-- ante lo cual son llamadas a cumplir tareas totalmente honorarias en ayudas a familias que en situación de emergencias, ya sea climática o accidental, se vean forjadas a salir de sus hogares, todo esto previa coordinación del Comité Departamental de Emergencia", se indica. "A saber, las últimas inundaciones que atravesara nuestro departamento, en particular nuestra ciudad, hicieron intensificar sus horas de dedicación a dichas tareas comunitarias en desmedro de dedicarse a sus respectivas familias y su vida personal".
Luego explica que, a mediados de enero, cuando se dio por terminado el operativo de emergencia en la inundación diciembre-enero, se reunieron en la casa de una de las denunciantes siete mujeres que habían participado como voluntarias, dos de ellas ediles departamentales suplentes.
En esa instancia, la dueña de casa recibe "varios mensajes por Messenger del señor (nombre del acusado), quien quería participar de la reunión y preguntaba qué debía traer, como así que le informaran la dirección del lugar y si iba solo o acompañado". Cuando la dueña de casa comunica esos mensajes a sus compañeras, una de las ediles suplentes afirma: "Si viene ese viejo degenerado, yo me voy".
Y en ese momento comentó a sus compañeras que "desde la época del exintendente Julio 'Nino' Pintos, compartiendo la militancia junto a (nombre del acusado), este le mandaba en reiteradas oportunidades fotos de él desnudo y en una ocasión fotos de su pareja desnuda, en ese momento sin el consentimiento de esta".
Tres de las otras mujeres presentes --entre ellas la otra edil suplente-- aseguraron haber recibido fotos similares de la misma persona. Días después, otra mujer también recibió las mismas fotos de desnudo del ahora denunciado.
La situación le fue comunicada a una directora de la Intendencia Municipal, quien prometió: "lo voy a resolver mañana", según consigna la denuncia, indicando que esa comunicación ocurrió a fines de enero pasado.
En marzo, una de las denunciantes, que es funcionaria municipal, fue recibida por el intendente Guillermo Caraballo "para hablar de varios temas", indica la denuncia. En la conversación surgió el asunto de las fotos de quien entonces era "jefe, cobra horas extras, inhábiles y lo premian".
Esto causó en el intendente "gestos de asombro y de sorpresa". La ahora denunciante recuerda que, "como era de esperar, se puso nervioso, sudoroso, y le solicitó el celular urgente, llamó a varias personas".
En la parte culminante, la denuncia sostiene que "es imperioso resaltar que el envío de fotos por el denunciado a las comparecientes está desprovisto de cualquier solicitud o provocación de estas hacia él". Y sub raya que se está ante un hecho de acoso sexual, que define como "la práctica tendiente a obtener los favores sexuales de una persona cuando quien lo realiza abusa de su posición de superioridad sobre quien lo sufre". Y destaca que "la relación de superioridad está dada por el cargo de confianza" del denunciado y el acoso "por la reiteración de imágenes y mensajes del denunciado hacia las denunciantes".