Locales | 23 Jun El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Fiscalía General de la Nación suscribieron un memorando de entendimiento con el propósito de trabajar en forma coordinada respecto a la normativa ambiental.
La ministra Eneida de León dijo que el país tiene que revisar su legislación ambiental y crear la figura del delito ambiental. El acuerdo permite crear una comisión con el propósito de estudiar la legislación ambiental existente y crear la nueva figura de “delito ambiental”, a la vez que “trabajar con la Fiscalía nos permitirá presentar proyectos con el fin de mejorar nuestros controles”, dijo De León.
De León destacó el “fortalecimiento que este acuerdo implica para nuestro país y su institucionalidad”, con la base de un “vasto trabajo del Mvotma en derecho ambiental”. Asimismo señaló la necesidad de “fortalecer las herramientas disponibles para actuar ante delitos ambientales”.
El memorando se basa por un lado en la misión que tiene la cartera de “diseñar e implementar políticas públicas participativas e integradas en materia de vivienda, ambiente, territorio y agua, para promover la equidad y el desarrollo sostenible, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país”, y por otra parte en el proceso que transita la Fiscalía en el “fortalecimiento de aquellas áreas que requieren especial atención dentro de sus cometidos, resultando de interés institucional abordar el tema medio ambiente”, según establece el documento.

ACCIONES
El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, aseguró que la firma de este convenio es una instancia importante para la institución, ya que según se ha evaluado al respecto “la actuación en la materia no ha sido satisfactoria, ya sea porque no se han iniciado las acciones legales correspondientes o porque cuando se han iniciado han fracasado”.
Díaz indicó además que Fiscalía emprendió otra acción estratégica que complementa este acuerdo con el ministerio, que consiste en conformar una unidad central de apoyo en la temática para todos los fiscales.
El titular de la Fiscalía recordó que en Uruguay no existen los delitos ambientales y la protección del ambiente solo se logra a través de la tipificación de sanciones administrativas, generalmente pecuniarias.
“Entendemos que es un tema delicado, que hay que estudiarlo detenidamente, pero el ambiente es un ser jurídico que merece ser tutelado desde el punto de vista penal. Hay determinadas conductas que por su gravedad y por los efectos que tienen, necesariamente deberían ser erigidas como delitos”, subrayó.
Para abordar el tema se tomará como base la legislación comparada e incluso algunos proyectos de ley presentados en el pasado ante el Parlamento.
Ambas partes quedan obligadas a coordinar y prestar el apoyo técnico que sea requerido; a promover instancias de intercambio y capacitación; y facilitar y brindar el acceso a toda información que sea relevante, dentro de sus competencias legales.