Locales | 22 Jun “Orden en la sala” fue la frase que más se escuchó en la sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Paysandú, realizada anoche, ante el llamado a sala al intendente Guillermo Caraballo por la bancada del Partido Nacional.
No obstante, Caraballo se hizo representar por el jefe de Asesoría Letrada, Federico Álvarez Petraglia y la encargada de la Unidad de Género, Generaciones y Derechos Mariela Coiro, en tanto en el ambulatorio se vio al secretario general Mario Díaz y a veces en sala y a veces en el ambulatorio al director general de Servicios, Marco García.
Gritos, amenazas y acusaciones no faltaron, mientras el presidente Jorge Dighiero se “gastaba” el dedo apretando la campanilla. Tras cuatro horas de discusiones, se aprobó en mayoría la declaración del Frente Amplio, dándose por satisfecho el cuerpo con las explicaciones brindadas por los representantes del intendente.
La interpelación fue conducida por la edila Gabriela Gómez, quien protestó enérgicamente porque no pudo realizar todas las intervenciones que deseaba. El Frente Amplio dijo que eso había sido pactado entre los coordinadores de bancada. Posteriormente hicieron uso de la palabra prácticamente todos los ediles en sala. Cada uno de los dos partidos principales haciendo uso de su artillería, en tanto el Partido Colorado, se colocó en el centro de la contienda, lamentando la situación de las víctimas y al mismo tiempo apoyando lo expuesto por los representantes del Ejecutivo.
Para el Frente Amplio se trató de “un circo”, de “una opereta”, “de lo más bajo de la política”; para el Partido Nacional de “un acto de encubrimiento”, “de estigmatizar a las víctimas”, “de ocultamiento de los hechos”.
Los representantes del Poder Ejecutivo salieron al ruedo con armamento pesado. Álvarez Petraglia subrayó que “era un intercambio (de mensajes) entre dos personas adultas. Había un ida y vuelta, que iba desde una sonrisa de alguna foto que le mandaba (el acusado a la presunta víctima), comentarios sobre la anatomía y comentarios como 'Te esperé por mi casa y no fuiste'”.
Mariela Coiro, en tanto subrayó que en su unidad “no he recibido nunca una denuncia sobre acoso sexual laboral ni en forma escrita ni verbal. Tampoco recibí denuncias de mujeres que no sean municipales contra un funcionario municipal”.
Relató además que en un encuentro con la denunciante funcionaria municipal “me muestra algunas fotos y veo los comentarios que la funcionaria realizó. En ese momento le planteé si quería hacer una denuncia al respecto y me dijo que no. Mi impresión fue que no estábamos en presencia de un hecho de acoso sexual laboral. Ni la funcionaria demostró desagrado al recibir las fotos”.
Al recordar el episodio de “la casita del parque” se incendió la sala, incluso con amenazas de Dighiero de expulsar ediles nacionalistas. Lo hizo con Marcelo Tortorella, pero ni este abandonó el plenario ni el presidente insistió.
Y ambos, Álvarez Petraglia y Coiro, subrayaron que “no conocemos la denuncia penal, solo por trascendidos de prensa”; “si algún edil cree que el intendente ha hecho encubrimiento, que vaya a la Justicia, ¡que vaya a la Justicia!”
Y tanto los representantes del Ejecutivo como los ediles del Frente Amplio citaron repetidamente posteos de la denunciante funcionaria municipal que publicó en su muro de Facebook para afirmar el criterio de que se trató de un hecho consensuado el envío de fotos, ante comentarios presuntamente alegres y divertidos tras recibirlas.
El Partido Nacional se empeñó en demostrar el carácter de funcionario “de confianza política del Jefe Administrativo del Cecoed, excandidato a diputado y precandidato a intendente, cesado por resolución del 18 de marzo, quitándole el cargo y la diferencia de sueldo”.
Los delegados por Caraballo se rieron de que un “funcionario grado 3 con diferencia de sueldo grado 7 puede ser llamado un director de confianza política. Es de quinta línea”.

ENTERA SATISFACCIÓN
“Su entera satisfacción en relación a las respuestas brindadas por los integrantes del Ejecutivo Departamental”, expresó la declaración en mayoría, del Frente Amplio, que aprobó la Junta Departamental anoche, que subrayó que “las explicaciones brindadas confirman que no se configuró bajo ningún aspecto acoso laboral o sexual”.
“De las explicaciones brindadas, surge nítidamente la ausencia de denuncias en los ámbitos que la IdP dispone a esos efectos, efectuándose las mismas de manera pública con la aparente intención de desprestigiar al gobierno departamental”, agregó el documento.
“Como se demostró en sala, los mensajes invocados para presumir la existencia de acoso sexual no reflejan otra cosa que un intercambio privado entre personas adultas, y no constituyen en absoluto mérito suficiente para generar de parte del Ejecutivo ninguna investigación administrativa”.
Asimismo, los ediles del Frente Amplio expresaron que “el Ejecutivo ha demostrado desde el inicio de este gobierno que sigue aportando al desarrollo del departamento, basado fundamentalmente en valores. Que no existe desarrollo sin respeto por los Derechos Humanos, garantizados por la estructura política en el pleno ejercicio de la democracia y el estado de derecho”.

NACIONALISTAS PIDEN
COMISIÓN PREINVESTIGADORA
Tras la extensa sesión, que así como tuvo escaramuzas tuvo momentos de letargo y aburrimiento, el Partido Nacional dio a conocer una declaración en minoría.
En la misma pidió la creación de una Comisión Preinvestigadora con el cometido de analizar dos asuntos. El primero, “la responsabilidad de los funcionarios públicos, director general de Servicios, Marco García; de la directora de Género, Generaciones y Derechos Humanos de la IdP, Mariela Coiro, al igual que del secretario general de la IdP Mario Díaz, por ocultamiento y encubrimiento deliberado de los hechos a los efectos de su destitución si así se considera”.
En segundo término, analizar “la conducta de encubrimiento y omisión de las ediles Sandra Lacuesta y Libia Leites, porque tales hechos que llegaron a su conocimiento y no fueron denunciados, en atención a su calidad de funcionario público”.
En su declaración el Partido Nacional se declaró “no satisfecho” por las explicaciones dadas en sala. Condenó al Ejecutivo Departamental por “la maniobra de encubrimiento y ocultamiento a los efectos de proteger una persona de su confianza de probada militancia política en la fuerza de gobierno”; y “al cuerpo de ediles del partido de gobierno que en conocimiento de tales hechos, no hizo nada”.
También repudió “la maniobra de victimización de las implicadas llevada adelante por este Ejecutivo Departamental, al descalificar su denuncia”.