Opinion | 28 Jun Hace pocas horas el Plenario Nacional del Frente Amplio, con la oposición de Asamblea Uruguay, acordó impulsar antes que termine la administración del presidente Tabaré Vázquez una reforma constitucional que en principio tiene diez puntos a discutir, con elementos como reforma en la estructura del Poder Judicial, la posibilidad de eliminar una de las cámaras legislativas, habilitar el voto epistolar y recoger en el texto de la Carta Magna algunos de los instrumentos adoptados en los gobiernos de izquierda en la última década, para que queden inamovibles.
Debe señalarse que, naturalmente, una reforma constitucional debe llevarse adelante por determinados mecanismos previstos en la propia Constitución, que indican la necesidad de la consulta a la ciudadanía, con instancias como constituir nada menos que una asamblea constituyente, o recoger firmas para con el diez por ciento del electorado plebiscitar el nuevo texto en coincidencia con la siguiente elección nacional.
Por supuesto, nunca es deseable el “toqueteo” constante de la Constitución, por temas que puedan catalogarse como puntuales y muchas veces, según la experiencia, referidos a intereses electorales de quienes lo proponen, más allá de contextos políticos.
Implica asimismo enfrascarse en una discusión extensa, con participación de los directamente interesados y de todo el sistema político, representantes de instituciones, entidades y sectores que se sientan afectados, para luego exponer claramente ante la ciudadanía --no siempre dispuesta, por desconocer los temas o directamente no interesarle-- para que defina en una convocatoria sobre el sí o el no a la propuesta.
Y las repercusiones deben evaluarse precisamente en cómo cae la idea en el sistema político, teniendo en cuenta que no hay acuerdo dentro del propio partido de gobierno sobre la conveniencia o no de llevar adelante la reforma constitucional, con el sector del Cr. Danilo Astori claramente opuesto a la oportunidad de la propuesta.
Pero sobre todo, hay que tener en cuenta que la luz verde para impulsar un proyecto en este sentido es dada por el Plenario Nacional del Frente Amplio, órgano de conducción cuestionado severamente desde la dirigencia de la propia coalición de izquierdas, por considerar que en este ámbito de conducción partidaria están sobrerrepresentados los sectores radicales de la fuerza de gobierno y en claro desconocimiento del caudal electoral de cada representación sectorial, por lo que generalmente sus decisiones se sustentan en un perfil ideológico que no es el eje central del parecer de la fuerza de gobierno, en base a la voluntad ciudadana.
“Que el Plenario del Frente plantee esto solo permite hacer dos lecturas: o está desnorteado o se tiene una ambición de poder peligrosa, porque salvo allí no creo que en Uruguay haya una sola persona que esté pensando en una reforma constitucional. A la gente le preocupa los precios, el empleo”, dijo a El País el senador del Partido Nacional Javier García respecto al tema. “Si hoy el Parlamento gasta un minuto en discutir, realmente los sacan a todos a patadas porque es no saber lo que son las preocupaciones, es vivir en otro mundo; un delirio y un disparate que solo refleja que se les pegó el poder en las manos y que están fuera de la realidad”, agregó.
Por su lado el senador nacionalista Jorge Larrañaga calificó de “absolutamente irresponsable” hablar de reforma constitucional mientras el gobierno está “en una situación de enorme dificultad desde el punto de vista económico, con un ajuste fiscal y un estancamiento de la economía, con crisis en la educación, problemas gravísimos en lo que tiene que ver con la seguridad y más; es ridículo e irresponsable”.
En la misma línea el senador colorado Pedro Bordaberry reflexionó que “de todos los temas que se plantean se pueden hacer por ley con la mayoría parlamentaria que el Frente Amplio tiene. Todos, menos las reformas electorales que pretende introducir el Frente Amplio que por suerte requieren de la garantía constitucional de los dos tercios. No es bueno meter cambios electorales en estos momentos en que las encuestas dan una baja en la intención de votos de quien gobierna. Los ejemplos de países que lo hicieron llevaron a bloqueos y enfrentamientos de los que después es muy difícil salir. El ejemplo más claro es el que hoy tiene Venezuela y el que casi inicia Bolivia. Lo que se propone enfrentará a los uruguayos entre sí y no nos unirá para encarar los problemas graves de empleo, educación, seguridad, economía y salud que se vienen”.
Por su lado el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, dijo que es “sorprendente que el partido de gobierno con todos los problemas que hay en el país y las dificultades económicas y los riesgos de aumento del desempleo, dedique toda una tarde a discutir si hace una reforma. Esto solo demuestra la distancia que tienen de la realidad; viven en un mundo paralelo”. Además “están planteando convocar a la Asamblea Constituyente, lo que implica hacer una campaña para elegir 260 constituyentes a los que habrá que pagarles un sueldo durante un año. La gente los va a matar; están fuera de la realidad”.
Mientras tanto, el sector de Astori, en soledad, sostuvo en el plenario que “la actual Constitución, aún con los defectos e insuficiencias que posee, no impide cumplir con el programa de gobierno, ni continuar con el proceso de cambios iniciado en el 2005”. El sector considera que una reforma constitucional significaría una “movilización de envergadura” y “gastos” que el país no puede asumir, aunque debe tenerse presente que el Plenario no se puso de acuerdo en la forma de reformar la Constitución, para lo que se volverá a reunir el 10 de setiembre.
Hay ejemplos (malos) de reformas constitucionales en América Latina, a impulsos de gobiernos populistas que han tenido como objetivo incorporar a la Carta Magna sus propias visiones ideológicas, de lo que son un claro ejemplo Venezuela, Bolivia, Ecuador, donde en andas de eslóganes y escenarios coyunturales de la economía regional, se pudo obtener mayorías para estas reformas; con la salvedad del traspié que sufrió en la última oportunidad Evo Morales en Bolivia, donde no logró mayorías que permitieran extender su permanencia en el poder.
En el caso de la propuesta frenteamplista, ya rechina a priori la idea de meter mano en el Poder Judicial, que es precisamente uno de los poderes del Estado y que significa un contrapeso dentro del juego de equilibrios que debe tener el ordenamiento institucional, lejos de ejemplos cercanos, como el de la Argentina, donde el gobierno de turno ha presionado sistemáticamente a los jueces cuando los fallos o las indagatorias judiciales molestaban al poder, lo que habilitó que se extendiera la corrupción como práctica sistemática, en un marco de impunidad.
Es pertinente por lo tanto, más allá de defectos y de correcciones que siempre es posible encarar en la Constitución, que es perfectible, dedicar todos los esfuerzos y tiempo a trabajar dentro del sistema político y fundamentalmente en el gobierno, por tratar de revertir una difícil situación económica, porque no se ha sido criterioso en el gasto público ni en dar sustentabilidad a las mejoras, con escenario internacional que ya no es tan favorable y problemas en la enseñanza, en la vivienda, en el empleo, en la inversión, que requieren el máximo de atención y creatividad.