Opinion | 24 Jun Cuando las barbas de tu vecino veas arder, las tuyas en remojo debes poner, sentencia un conocido refrán que en resumen puede ser equiparado a la máxima de curarse en salud, o en su defecto, ya que estamos en máximas y consejos, tratar de que un tratamiento precoz evite males mayores. Bueno, esa es la reflexión que surge en principio cuando se especula sobre los eventuales alcances de la iniciativa surgida del ámbito político en cuanto a promover --y predicar con el ejemplo-- que se divulguen declaraciones juradas de los bienes patrimoniales de quienes se dedican a la función pública.
Todo indica que en un impulso para desmarcarse de la ola de corrupción en la región, ya la bancada de diputados del Frente Amplio (FA) acordó divulgar sus declaraciones juradas de bienes, que según la legislación vigente deben entregar todos los legisladores a la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública (Juntep), pero que quedan cerradas y en custodia para el caso de ser requeridas por la Justicia.
También en redes sociales y portales partidarios, los líderes Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry y Pablo Mieres, del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente respectivamente mostraron el documento donde aparece el detalle de sus ingresos, cuentas bancarias e inmuebles.
Es decir que teniendo en cuenta la oleada de corrupción que ha quedado expuesta en forma obscena en los gobiernos K y los del PT en Brasil, en el sistema político uruguayo parece haberse iniciado un intento de ponerse a cubierto de cuestionamientos mediante medidas de transparencia, en momentos donde la región está minada de corrupción y enriquecimiento ilícito por las cúpulas de gobierno o de quienes dejaron el poder hace poco tiempo.
Hay algunos proyectos de ley que han sido anunciados en los últimos días, algunos de los cuales con la intención de tipificar el delito de corrupción o de formar comisiones en el Parlamento para perseguir esas actitudes, en tanto otros apuntan a ampliar el sistema de declaraciones de bienes patrimoniales.
Es así que legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) presentaron recientemente ante sus colegas del FA un proyecto de ley para ampliar el alcance del sistema de declaraciones juradas de bienes. Allí anunciaron que iban a divulgar públicamente las suyas e invitaron a hacer lo mismo al resto de los legisladores.
De acuerdo con lo que indica El Observador, en la reunión hubo amplio acuerdo para publicar esos documentos y resta que cada sector analice la forma en la que divulgará esa información, lo que será acordado por la bancada del FA la próxima semana. En ese proyecto, el MPP no solo propone que de ahora en más las declaraciones de legisladores, ministros de Estado, intendentes, presidentes de empresas públicas y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, divulguen el detalle de sus bienes, sino que además incluye a privados. La idea es que todo aquel que maneje o reciba dineros públicos dé cuenta de su patrimonio. Así en el proyecto se incluye que las empresas licitatorias de obras y servicios públicos, los gerentes y directivos de mutualistas (que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud) envíen la documentación a la Juntep para que esté bajo custodia. Pero, hasta ahora solo las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República deben ser publicadas; y ni siquiera así se hace de forma muy transparente, puesto que en el caso de Tabará Vázquez, por ejemplo, al tener separación de bienes matrimoniales, el espíritu de la norma no se cumple. Precisamente en la exposición de motivos de esa iniciativa se habla de mantener la “cultura de honestidad” del sistema político uruguayo.
En el marco de esta problemática, la bancada del Frente Amplio redactó un comunicado donde transmite su compromiso de avanzar en la transparencia del sistema político y en el fortalecimiento de la Juntep. Entre otros aspectos, declara su "compromiso con la transparencia y la ética pública, más que demostrado en múltiples iniciativas, que debe plasmarse en acciones colectivas e institucionales". También señala que acordaron la necesidad de avanzar en legislación que permita "transparentar al máximo" toda la información referida a declaraciones juradas de legisladores y jerarcas.
En forma paralela, los senadores Pedro Bordaberry y Pablo Mieres han manifestado cada uno por su lado la intención de trabajar en proyectos de ley sobre transparencia, y como antecedente puede citarse que en 2008 el Parlamento aprobó un proyecto sobre el financiamiento de los partidos políticos. Pero la experiencia en dos elecciones demostró debilidades de ese autocontrol, ya que la supervisión corre por cuenta de la Corte Electoral, que es integrada y dirigida por los partidos, y todo indica que las colectividades partidarias encontraron la forma de no respetar el espíritu de la ley.
Sin dudas, de lo que se trata en buena medida es de enviar un mensaje a la ciudadanía a través de estas iniciativas, aunque nunca se sabe lo que realmente va a quedar en limpio desde el punto de vista normativo para luchar eficazmente contra el flagelo Y porque además la historia de corrupción conocida en el sistema político es limitada a casos aislados protagonizados desde organismos del Estado fundamentalmente –es muy difícil cuantificar los casos de cohecho (coimas) porque hay dos partes que participan, y quien denuncia se expone también a compartir culpabilidades-- en magnitud que por regla general tiene relación con la economía del país.
No es lo mismo, precisamente, que lo que ocurre en economías del tamaño y países con déficit de institucionalidad como Brasil y Argentina, caso este último donde se percibe que había una matriz organizada de corrupción que era la regla y no la excepción, con múltiple participación y omisión o complicidad de los organismos de control, que es un aspecto clave cuando se pretende actuar en forma eficaz contra este flagelo del que solo suele descubrirse la punta del iceberg.
Es cierto, el combate a la corrupción es un aspecto muy importante en una democracia, a la que debe preservarse para que no se caiga en el descreimiento, aunque no haya vacuna contra estas prácticas que suelen atravesar a los partidos, porque no hay derecha ni izquierda en la que no pueda haber corruptos, sino que hay factor humano de por medio cuando se generan estos casos.
Debe tenerse presente sobre todo que la transparencia y los controles adecuados son el antídoto por excelencia porque, mal que pese, la tentación del dinero fácil mal habido es un poderoso huracán que compra conciencias y doblega resistencias iniciales a embarrarse.
Pero a la vez, en lo que refiere a la necesaria transparencia, deben ponerse sobre la mesa hechos que respalden los dichos, para no solo proclamar que se es honesto y se combate la corrupción.
Una forma es por ejemplo habilitar comisiones investigadoras parlamentarias cuando hay denuncias concretas sobre determinados hechos que despierten justificadas sospechas, en lugar de estrechar filas a priori en aras de proteger a integrantes del mismo partido y decodificar las cosas en clave de interés electoral, como suele ocurrir.