Opinion | 03 Jul El diario El País informó que el Banco de Previsión Social (BPS) cortará 12.000 asignaciones familiares de niños y jóvenes en edad escolar y liceal que no estudien. Es decir, si ese niño o niña, chico o chica, no va a clases, no habrá asignación. La medida, que apunta a que los padres sean más responsables, a que los niños y jóvenes estudien y a terminar con el asistencialismo, implica un cruzamiento de datos entre el BPS, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que comenzó a realizarse en 2013. Pero dejó de hacerse el año pasado porque la ministra del Mides, Marina Arismendi, estaba en desacuerdo. Ahora, volverá a implementarse.
“El Banco de Previsión Social informa a las personas que tienen a su cargo a los menores beneficiarios de asignaciones familiares (…) que, en virtud del resultado de los cruzamientos de datos efectuados entre el BPS y los organismos de la enseñanza, se procederá a suspender el pago de dicho beneficio a partir del mes de cobro de julio de 2013. Con el fin de restablecer dicho pago deberán acreditar que los menores estén cursando estudios en centros de enseñanza públicos o privados. A tales efectos, deberán presentar el certificado de escolaridad correspondiente en el BPS”, asegura el comunicado publicado por este organismo en su página web hace tres años.
Gracias a un decreto de setiembre de 2015, firmado por el presidente Tabaré Vázquez, la medida volverá a tomarse en cuenta, con una flexibilización: las familias tendrán un mes para reaccionar ante la advertencia del BPS, según le dijeron fuentes del organismo a El País. Si no lo hacen, se les cortará la prestación en agosto y a partir de setiembre próximo ya no tendrán depositado el dinero.
De acuerdo al matutino capitalino, el BPS hizo un primer relevamiento en abril, y en ese entonces había 22.000 jóvenes que no estaban concurriendo a estudiar. Unos 10.000 volvieron al sistema en estos últimos meses, dijo el viernes a Canal 4 el presidente del BPS, Heber Galli. El decreto firmado por Vázquez obliga a la ANEP y al Mides a salir a buscar, casa por casa, a los alumnos que no asistan a las escuelas y los liceos, además de instarlos a hacerse los controles de salud correspondientes, algo que, según El País, no ha funcionado aún. También, dos veces al año, una en julio y otra en noviembre, se hará un corte a partir del cruzamiento de datos, por el cual se suspenderán las asignaciones que correspondan.
El Estado otorga 495.000 asignaciones familiares. La mayoría de ellas, 384.000, están comprendidas dentro de la ley N°18.227, las cuales están condicionadas a que las familias envíen a sus hijos a estudiar y les garanticen los periódicos controles de salud, ya sea en prestadores públicos o privados. La prestación que reciben la mayoría de los beneficiarios se cataloga como “simple” y corresponde a una cifra entre $684 y $1.839, dependiendo de la cantidad de menores que tengan a cargo.
La medida es saludable y envía un buen mensaje a la población, en tiempos de desaceleración de la economía y de aumentos de impuestos. Incluso, es un mensaje alentador desde el punto de vista de la educación. Ante un sector en crisis, es bueno saber que, de alguna forma, se puede presionar para que los chicos no dejen de estudiar. Aunque esto puede crear un verdadero dolor de cabeza para los centros de estudio, por cuanto resulta difícil imaginar que un estudiante que se ausentó por más de un mes al aula pueda volver a insertarse como si nada a la clase.
Por eso, además de instar al estudio, se deben ofrecer --más allá de los estudios formales-- alternativas para que los jóvenes retomen el estudio y se abran paso en el campo laboral. Ha sido bueno saber, según un informe del diario El Observador, que el 70% del programa “Jóvenes en red” del Mides retomó el estudio o el trabajo. Esta iniciativa, que comenzó en 2013 y que hasta febrero de este año contaba con la participación de más de 5.500 chicos de entre 14 y 24 años, busca atraer a aquellos que dejaron de estudio o trabajar para ayudarlos a vincularse nuevamente al ámbito laboral y educativo.
Durante 2015, se sumaron 1.380 adolescentes y entre enero y febrero de este año, 67. “Jóvenes en red” realiza talleres en barrios de Montevideo y localidades de Canelones, Cerro Largo, Artigas, San José, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rivera.
Según datos del último relevamiento realizado, más de la mitad de los participantes (54,4%) son mujeres y uno de cada cuatro es padre. Al momento de ingresar al programa, 3,2% no sabía leer y escribir y 95% había asistido alguna vez a un centro de enseñanza formal, pero no estaba asistiendo en ese momento. El nivel educativo máximo alcanzado por la mayoría fue ciclo básico, pero incompleto y menos del 5% lo había terminado.
Diego Olivera, coordinador de “Jóvenes en red”, dijo a El Observador que pretenden evitar un círculo vicioso. Justamente, para que los jóvenes no pasen a depender de las asignaciones familiares. “Si bien ‘Jóvenes en red’ sirve como nexo para acceder a otros programas y servicios del Mides como las asignaciones familiares, la idea es que no haya un círculo de programas, sino que consigan un trabajo o retomen los estudios, y que no pasen de un programa al otro”, subrayó.