Opinion | 04 Jul El expresidente José Mujica, antes de abandonar su gobierno, reconoció que Uruguay atravesó por la denominada “década ganada”, con un crecimiento por encima de las potencias de América Latina (5,9% anual en promedio) desde 2005 hasta que finalizó su mandato y un incremento del “107% de los indicadores de todo el siglo pasado, incluyendo la bonanza del primer batllismo”.
Incluso comparó que mientras Brasil creció un 37%, Uruguay lo hizo un 68% en apenas 10 años, y “no hay en la historia nacional un período similar”, según el exmandatario. En ese entonces, el Fondo Monetario Internacional, reconoció que Uruguay “está entre los 13 países que más logró aumentar su Producto Bruto Interno (PBI) en la década”, a la vez que lo ubica en el conjunto de naciones que multiplicaron su productividad.
Mujica recordó que en la década anterior a su gobierno, las exportaciones de Uruguay apenas pasaban los 4.000 millones de dólares y durante su gestión se incrementaron a 14.000 millones, a lo que sumó la “diversificación de lo que se vende, con la aparición de rubros como el software, que no solo ayudan a esa variación, sino que multiplica el valor y la calificación”. Por todas esas razones, Uruguay lograba un flujo de capitales que llegaba a casi el 24% de su PBI.
Sin embargo, poco tiempo después y de acuerdo a las cifras divulgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, el desequilibrio de las cuentas fiscales a diciembre de 2014, era el equivalente al 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI), o un negativo de aproximadamente U$S 1.900 millones, según algunos analistas. El déficit fiscal había crecido 1,1% del PBI en comparación con el cierre de 2013.
Por lo tanto, los ingresos del sector público se redujeron 0,1% del PBI por menor recaudación, con la excepción del BPS que aumentó 0,4% del PBI, y los egresos significaron un incremento del 0,8% del PBI, por las transferencias al gobierno.
El gobierno que ingresó en marzo de 2015 tenía un escaso margen de maniobra, en un contexto regional e internacional incierto y un pronóstico adverso de crecimiento de las tasas a menor promedio que en los diez años anteriores, así que una de sus mayores preocupaciones sería abatir el déficit fiscal.
Y así transcurrieron diez años, más un año y medio del actual gobierno. Alcanzaron las recorridas efectuadas por el presidente Tabaré Vázquez y su Consejo de Ministros a diversas localidades del Interior para conocer de primera mano lo que no se hizo, si bien ya era conocido por los mismos integrantes, en tanto el cuadro del Ejecutivo no había sufrido modificaciones sustanciales.
Entonces, no toman conocimiento ahora del estado calamitoso de la Ruta 26 ni las necesidades de los habitantes de la zona, o las carencias estructurales en la educación, detalladas en un documento elevado por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Allí se consigna la situación de 19 liceos del Interior, además de varias escuelas de Tacuarembó, tras el último consejo de secretarios de Estado que se congregó en San Gregorio de Polanco.
Las instalaciones sanitarias de edificios de Secundaria pensados para la década del cuarenta sufren hoy los embates y exigencias de un alumnado que aumenta; las filtraciones en escuelas que no cuentan con galerías para resguardarse de la lluvia demuestran una realidad diferente, a pocas horas de la capital, porque –de acuerdo con el testimonio de una niña residente aquella localidad tacuaremboense-- “no todos tenemos paraguas y botas para protegernos”. Incluso los niños reclamaron una conexión eléctrica acorde que les permita el uso de sus ceibalitas. Sin embargo, al comienzo del año lectivo las autoridades de la educación en general coincidieron en que las condiciones de los locales eran aceptables.
Ante esta situación, a la que era imposible atribuirle una animosidad política, al mandatario solo le quedó reconocer que se le “caía la cara de vergüenza”.
Una semana después del Consejo de Ministros, las autoridades de la educación se trasladaron nuevamente a Tacuarembó para gestionar las reformas solicitadas por aquella comunidad. No obstante, resulta obscena la explicación de que la mayoría de las obras estaban en carpeta y que la llegada del Poder Ejecutivo en pleno aceleró los trámites.
Obsta la aclaración de que esas obras son necesarias desde hace años y que los niveles presupuestarios se incrementan con el paso del tiempo porque los costos de la construcción han registrado subas sostenidas, mientras los proyectos duermen en las carteras de la burocracia. Y mientras tanto, en las escuelas rurales sus maestros y directores terminan encargándose del mantenimiento, porque las autoridades demoran sus decisiones y las comisiones de fomento o la organización de actividades a beneficio resultan una pata insustituible para las comunidades pequeñas. Justamente allí, donde no permean los discursos políticos ni les llegan los “shocks edilicios” o los “apagones logísticos”.
El informe de los docentes de Secundaria comprobó un “deterioro importante de las condiciones y medio ambiente de trabajo”, con falta de mantenimiento, problemas de limpieza, condiciones precarias de iluminación, acústica, ventilación, presencia de roedores, problemas de filtraciones de agua cerca de conexiones eléctricas, paredes y estructuras; y unos pocos contaban con luces de emergencia y señalizaciones. Algunos tenían extintores, pero pocos y mal colocados.
El informe señala que “preocupante es, también, la falta de una política de mantenimiento correctivo o preventivo, con su correspondiente financiamiento, que de rápida y necesaria respuesta desde la propia Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”. Esta carta llega en un momento de diálogo inexistente entre el sindicato docente y el Consejo de Educación Secundaria, particularmente con su directora general Celsa Puente, por eso es imprescindible conocer de qué forma se instrumentó el gasto público en áreas que requieren un mantenimiento continuo, dadas las exigencias de los tiempos actuales.
Si las cifras de la última década fueron marcadamente auspiciosas, entonces la pregunta es tan básica como necesaria: ¿Qué se hizo con esa recaudación récord, sólo comparable a un “país de primera con justicia social”?
Si los hijos de los políticos uruguayos van a estas escuelas, entonces ¿por qué demora tanto una solución a estos problemas? ¿O es que ya no concurren a las escuelas públicas?