Nacionales | 10 Jul Tres meses después del tornado, en Dolores se ven techos de nailon, hacinamiento y gente que espera una solución. “No se nos puede ofrecer ayuda, se nos tiene que ofrecer soluciones”, resaltó Giselle Della Mea, una de las damnificadas e integrantes de la asociación civil “Reconstruyamos Dolores”.
Della Mea tiene en el patio de su casa desde hace un mes una de las 800 canastas con materiales que se repartieron en la localidad y consultada la razón de esa situación contestó que “no hay créditos y la mano de obra no da abasto”.
María Moraes, representante del Ministerio de Vivienda en Dolores, negó que se hubiera decidido no entregar créditos e informó a El Observador que mañana lunes y el martes arribará una delegación del Banco Hipotecario del Uruguay para ofrecer líneas de crédito para los doloreños. Además, durante la semana funcionarios del Ministerio de Vivienda también llegarán a la localidad para informar sobre el tema.
Los estándares internacionales establecen que ante una catástrofe de esta naturaleza se requieren tres meses en estado de emergencia para luego pasar a una etapa de “sanación”. Juan Ángel de la Fuente, miembro de la organización “Reconstruyamos Dolores”, dijo a El Observador que aún queda “muchísimo por hacer”, ante “situaciones complejas”, sin embargo, reconoció que se ven “paredes que se levantan” en la ciudad.
En este sentido, Moraes entiende que el proceso “empezó a fluir” y si bien quedan muchas situaciones por resolver, afirmó que se está “poniendo toda la carne en el asador y dejando el alma en la cancha para llevar la respuesta lo antes posible”.
Hay unas 40 viviendas finalizadas o a punto de su terminación, a cargo de las cuadrillas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y del Ministerio de Vivienda, al tiempo que dos familias ingresarán a casas construidas por Mevir y la semana próxima se entregarán unas 15 casas que están “con la cubierta puesta”, según Moraes. La cuestión de los tiempos es la interrogante con la que Moraes se tropieza una y otra vez. “No importa la celeridad con la que se responda, siempre va a ser insuficiente, nunca vamos a poder acompasar la urgencia que tiene una familia que en tres minutos se quedó sin casa. No hay respuesta posible y satisfactoria para eso”, señaló.

CONTINÚA DEMANDA MILLONARIA POR FALLECIDOS EN CÁRCEL
A seis años de la mayor tragedia ocurrida dentro de un centro carcelario en Uruguay, familiares, amigos, y allegados a los 12 presos que murieron quemados en la cárcel de Rocha el 8 de julio del 2010, pidieron “memoria y justicia”. La convocatoria que tuvo lugar en Plaza Libertad de Montevideo, fue propuesta por un grupo de organizaciones no gubernamentales y en ambos lugares se leyeron proclamas con decenas de reclamos.
La cárcel en la que fallecieron 12 jóvenes “fue construida en el siglo XIX como regimiento de Caballería, y en condiciones infrahumanas en 2010 recluía a 174 personas donde se suponía que no debería haber más de 60”, aseguró Mario Barrios, padre de Matías Barrios Sosa, uno de los jóvenes que murió quemado por las llamas que afectaron al módulo 2 del centro carcelario departamental de Rocha.
Para las familias, las secuelas y las vidas de sus hijos son irreparables, pero hay algo que puede mejorar: las condiciones en las que viven hoy los reclusos uruguayos. “Nosotros queremos Justicia por nuestros hijos que estaban encerrados en un lugar con condiciones lamentables. La causa penal está archivada desde 2012 y la civil sigue su curso, pero sabemos bien que demorará”, dijo a El País una de las madres de los reclusos fallecidos hace seis años y que prefirió no ser identificada.
La magistrada Marcela López, quien archivó el caso hasta que no se encuentren nuevos elementos que permitan reabrirlo, señaló en su fallo que “no puede perderse de vista que el incendio mismo ha sido causado por un caso fortuito (caída de una sábana o manta de uno de los reclusos de la celda sobre un calefactor); ni por el Estado ni sus agentes”. Asimismo, la jueza aseguró que luego de haber llevado adelante una investigación, no han surgido elementos que hagan presumir responsabilidad penal de los funcionarios encargados de la custodia. Por su parte, las demandas civiles contra el Ministerio del Interior que aún están en curso superan los U$S 2 millones y solo el abogado Luis Huttón, de la familia Cardoso, presentó una demanda por U$S 1,5 millones. Por su parte, los abogados Fernando Torres y Gustavo Salle representan a los familiares de un fallecido y a tres heridos en el episodio y su demanda civil asciende a $ 18.048.000 por los cuatro afectados.

CADA VEZ MENOS PAGAN LA PATENTE DE LOS PERROS
En los últimos cinco años el precio de la patente de perros se duplicó y en la actualidad cuesta $ 490, lo que “estaría desmotivando a muchos ciudadanos a pagar dicho tributo”, dijo el edil nacionalista de Canelones Joselo Hernández, quien recordó además que la multa por esa omisión ahora es de $ 4.900.
Como consecuencia ya se advierte que menos recursos ingresan a la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, que ahora prohibió la entrega subsidiada en veterinarias de patentes y pastillas antiparasitarias a usuarios de ASSE, que son de bajos recursos. Hasta la entrada en vigencia de la nueva resolución, quienes presentaban el carné de ASSE en una veterinaria pagaban por la patente $ 55, pero ya no rige ese beneficio y la pastilla antiparasitaria que se entrega con el registro tiene un costo de solo $ 20 en las veterinarias.
“Las personas de escasos recursos solo podrán acceder a este subsidio en los locales de las comisiones honorarias de zoonosis que existen en las capitales departamentales. Por lo tanto es probable que muchos vecinos no vayan a su capital a obtener la patente junto a la pastilla antiparasitaria debido a los gastos de traslado que les genera”, advirtió el legislador, quien supone que lo mismo que acontecerá en su departamento se dará en todo del país.