Opinion | 07 Jul El último informe del Sistema de Información Nacional de Tránsito confirmó la tendencia descendente de la cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito en el país. De acuerdo al mismo, en los primeros cuatro meses del año fallecieron 143 personas en siniestros viales, la menor cifra de los últimos seis años y de ese total, un 53,1% fue en rutas nacionales.
Teniendo en cuenta el lugar de fallecimiento, surge que del total de fallecidos, un 53,1% fue en siniestros de tránsito ocurridos en rutas nacionales y el restante 46,9% en ciudades y caminos departamentales. Si el análisis respecto al modo de transporte utilizado se realiza exclusivamente en ciudades y caminos departamentales, los motociclistas alcanzan el 61,5% de los fallecidos, mientras que los peatones son un 18,5% y los ciclistas el 12,3%; sumados alcanzan el 92,3% del total de fallecidos.
En cambio, los protagonistas de siniestros de tránsito fatales en rutas nacionales, pasan a ser los ocupantes de autos y camionetas alcanzado el 53,8% del total, proporción superior a la registrada en años anteriores.
Las cifras antes señaladas, que representan las consecuencias extremas de los accidentes de tránsito en las rutas, caminos y calles uruguayas están dando la pauta de tendencias decrecientes de siniestralidad que pueden adjudicarse a múltiples causas.
En primer lugar, a partir de la Ley 18.113 y posterior creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial se ha trabajado arduamente por el establecimiento de una Política de Estado que pretende abordar un problema social de gran relevancia en el que hasta entonces no había sido posible obtener avances.
Como bien se ha señalado desde la Unasev, las visiones parciales, fraccionadas y carentes de definiciones adecuadas condicionaron que durante décadas no existiera en el país un abordaje integral al problema y menos aún una planificación basada en las recomendaciones internacionales que hacen a las “buenas prácticas” basadas en la evidencia científica.
Tampoco hubo hasta el año 2008 un referente gubernamental que se responsabilizara del establecimiento de esas políticas que permitieran disminuir el número creciente de lesionados y fallecidos en el tránsito.
A estas acciones se sumó la denominada “tasa cero” de alcohol, cuya implementación fue gradual comenzando a mediados de la década del 90 (cuando se estableció el 0.8 gr/l de alcohol y la tasa cero para los conductores del transporte colectivo de pasajeros, para luego expandirlo a todos los conductores profesionales y se bajó el 0.8 baja a 0.3 gr/l), hasta llegar a hoy cuando “cero alcohol” rige para todo tipo de conductores.
También se han reforzado las acciones de sensibilización de la población respecto a la epidemia de accidentes de tránsito, incorporándose a la tradicional publicidad en medios de comunicación, otras actividades tales como concursos, charlas y acciones en la vía pública.
Es claro que se trata de un tema en el que el Estado está asumiendo responsabilidades importantes como las antes señaladas y, en este contexto, cabe llamar también la atención sobre recientes y preocupantes informes internacionales referidos a la calidad y aspectos de seguridad de los automóviles que se comercializan en Latinoamérica, incluido Uruguay.
En este sentido, los últimos resultados de las pruebas de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), continúan exponiendo a algunos fabricantes de automóviles que ofrecen niveles de seguridad de peligro de riesgo de vida. En América Latina las grandes automotrices están vendiendo autos con mínimas funciones de seguridad y los modelos de autos con más baja clasificación en cuanto a seguridad dominan las listas de automóviles más vendidos. Sin embargo, estas mismas automotrices fabrican autos con los más altos estándares de seguridad, sólo que se venden en países en donde existe una regulación que cumplir. Preocupada por este tema, en abril de este año, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución que llama a los gobiernos a implementar regulaciones vehiculares que brinden seguridad a los usuarios. La misma reclama un compromiso más fuerte hasta ahora en seguridad vial con el objetivo de reducir a la mitad las muertes y lesiones de tránsito para el año 2020.
Se necesitan urgentemente vehículos más seguros para ayudar a detener la muerte de 1.25 millones de personas y las 50 millones más que quedan heridas en incidentes de tráfico cada año.
La resolución de la Asamblea General invita a sus estados miembros que aún no lo hayan hecho a considerar la adopción de políticas y medidas para poner en práctica las regulaciones de seguridad de vehículos de Naciones Unidas o las normas nacionales equivalentes para garantizar que todos los nuevos vehículos motorizados cumplan con las regulaciones mínimas aplicables para los ocupantes y otras protecciones para los usuarios de carretera, con cinturones de seguridad, bolsas de aire y sistemas de seguridad activa equipados como norma estándar.
¿Qué hará Uruguay respecto a esto? ¿Qué haremos cada uno de nosotros? En países como México o Brasil –donde 5 de los 10 autos más vendidos son tan poco seguros que clasificaron con apenas cero o una estrella en las pruebas de choque de autos de Latinoamérica, sobre un total de cinco estrellas—los consumidores han comenzado a movilizarse y realizar peticiones públicas a sus gobiernos a través de Internet y otros medios. Reclaman compromisos respecto a plazos de implementación para las 7 regulaciones de la ONU sobre seguridad vehicular y que los gobiernos exijan pruebas de impactos frontales y laterales para todos los nuevos coches para fines del 2016.
Indudablemente, la resolución de Naciones Unidas crea un punto de referencia mundial claro para los estándares de seguridad para ser aplicado por sus países miembros --entre ellos Uruguay-- los cuales deberán actuar para que los fabricantes satisfagan la demanda de vehículos más seguros, lo que seguramente será otro factor que contribuirá a reducir la pérdida de vidas.
En tanto, los consumidores también tenemos la palabra, especialmente en lo que respecta a reclamar por la seguridad para nosotros y nuestras familias y, fundamentalmente, a informarnos a la hora de tomar nuestras decisiones de compra.