Opinion | 15 Jul “No hay casos donde el productor lechero esté aunque sea empatando, todos están perdiendo”, fue la reflexión formulada a EL TELEGRAFO por el presidente de la Intergremial de Productores de Leche (IPL), Sergio Filgueira, aludiendo a una problemática que no es solo del medio rural, sino que refiere a un área productiva de vital importancia y, mucho más aún, porque muchos de los emprendimientos del sector son de carácter familiar o de dimensiones muy restringidas.
Entre otras consecuencias, el dirigente gremial evaluó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Leche (Inale), “en el último año hay unos 70 tambos confirmados que cerraron”, y la situación es tal que “los productores están vendiendo sus animales en el peor momento e incluso faenando para el consumo ganado lechero”, de forma de poder hacer menos negativa la ecuación económica del emprendimiento.
Deben formularse determinadas precisiones sobre el particular, porque está de por medio la visión que tiene todo sector de su propia situación, donde por regla general el afectado tiende a exagerar su condición para sensibilizar a quienes tienen poder de decisión; el gobierno, que no puede hacer la vista gorda al respecto porque es un tema de interés nacional; y el concepto de muchos ciudadanos, sobre todo buena parte de los de Montevideo, que tienden a emitir juicios a la ligera, al señalar que en el campo todos los productores viven bien, que compran costosas camionetas “4X4” y que siempre están pidiendo más.
Bueno, no hace falta ser un especialista en la materia para evaluar que a partir de la caída de los precios internacionales de los lácteos los productores lecheros han ingresado sin solución de continuidad en una marcada tendencia de deterioro real de sus ingresos. Al mismo tiempo, el costo país se les ha incrementado sustancialmente, como a todos los sectores productivos, y la conversión de dólares a pesos tampoco ha sido mucho mejor, con sensibles pérdidas en el poder adquisitivo por efectos de la inflación.
Como elemento agravante, en el caso particular de Uruguay, la oportunidad de vender lácteos a Venezuela a buen precio se desinfló porque el país caribeño, hundido en una crisis histórica, no ha pagado sus importaciones. Al respecto, el gobierno decidió en su momento establecer una especie de crédito puente, que tiene sus costos y, por lo tanto, no es lo mismo que cobrar en tiempo y forma, como debió haber sido el caso.
Es pertinente traer a colación los argumentos de Filgueira, expuestos ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, donde dio las razones del agravamiento del problema de los tamberos. Explicó que “hoy hay números que demuestran cuál es la situación del sector, por ejemplo, la menor cantidad de leche que se envía a planta (en torno al 15%, el aumento de la faena de vacas Holando, que significa una descapitalización de los productores que están echando mano a esto para tapar alguna cuenta”.
Evaluó que pese a que el tema no es nuevo, las respuestas no han llegado o han sido absolutamente insuficientes y dijo que existe una marcada necesidad de rebajas en impuestos como el Imeba, la quita de la energía eléctrica, pequeños aportes que pueden llegar a solucionar a algún pequeño productor, sin dejar de tener en cuenta “el corrimiento de vencimientos, ir a un año o año y medio, más los créditos que ya están tomados”.
A juicio de Filgueira, el sector necesita una inyección de no menos de 60 millones de dólares “para seguir vivos hasta que esta crisis comience a darse vuelta y el precio de la leche empiece a cubrir los costos de producción que tenemos”.
Por cierto, aparece como desembolso de poco dinero para sostener a un sector si tenemos en cuenta que por mala gestión, año tras año se ha acumulado una deuda de prácticamente mil millones de dólares en Ancap y se ha debido recapitalizar al ente con dinero de todos los uruguayos por no menos 600 millones de dólares.
Pero en este caso no se trata de regalar ni mucho menos, como se hizo con el ente petrolero, sino de aflojar la presión cuando el sector necesita aire y hay una responsabilidad ineludible del Estado por la severa presión tributaria que ejerce sobre todos los sectores de la economía y el ciudadano común, por supuesto. Es que el gobierno se resiste a reducir gastos, parte de los cuales bien podría destinarse a volcar un crédito puente a los tamberos que les dé posibilidades de recomponerse hasta que la situación se revierta.
Esta es una posibilidad que ya fue trasladada en comisión al sistema político, a los legisladores, para que armen propuestas y desde el Poder Ejecutivo se ensayen respuestas que desestimen los cortoplacismos, sí, pero que atiendan las urgencias mientras surjan las alternativas en el escenario.
Lo señaló el productor al referir que esta es una decisión del Poder Ejecutivo, pero con alternativas posibles que se cuentan con los dedos de una mano, porque en economía no hay magia: “dejamos libre al equipo económico de gobierno para que, llegado el momento, pueda definir cuál es la estrategia. Pero en definitiva, se quitan impuestos, se bajan algunos insumos o se dan créditos especiales o diferencias que se paguen a medias entre productor y Estado”.
Es decir, no hay mucho lugar para la imaginación, sino asumir que lo que se pueda acordar para la dinamización de la lechería no es lo mismo que volcar fondos a un agujero negro --como es el caso del gasto burocrático en el Estado--, porque tiene retorno en el esquema productivo interno y en la exportación, en el tramado social del medio rural y en la industria del sector.
El gobierno tiene la responsabilidad de aguzar el ingenio para promover alternativas. Las miradas deben estar puestas en ampliar el mercado exterior, que es la respuesta de fondo, habida cuenta de los precios deprimidos y que salvo alguna expectativa en Brasil y un eventual TLC del Mercosur con la Unión Europea, no hay salidas inmediatas a la vista.