Nacionales | 14 Jul El gobierno decidió implementar en 2017 el “etiquetado genérico” en las cajillas de cigarrillos, que incluye forma y color únicos, mayores advertencias sanitarias y marcas sin variantes, es decir con igual tonalidad y tipografía. El objetivo es bajar 20% la prevalencia del consumo en la población en general, indicó el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, quien agregó que también se estudia el aumento del precio.
En conferencia de prensa en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), el ministro Basso expresó su satisfacción por los resultados favorables a Uruguay en el proceso judicial tramitado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ante la demanda presentada por la empresa tabacalera de origen estadounidense Philip Morris.
En la oportunidad, felicitó al equipo jurídico y médico que trabajó en ese proceso de seis años, además de resaltar la claridad del fallo y que el tribunal haya desestimado cada una de las demandas presentadas en la ocasión.
Basso aclaró, sin embargo, que aunque el fallo hubiera sido adverso no se modificaría la política antitabaco que Uruguay implementa. En este contexto, informó que es una meta de este quinquenio (2015-2020) abatir los índices de prevalencia de consumo en 20%.
En la actualidad, 22% de la población uruguaya adulta aún mantiene el hábito de fumar, según datos de la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística de 2014. En 2006 ese indicador llegaba a 32%. En cuanto a adolescentes de 13 a 15 años, en 2006 era 20,2% y actualmente se encuentra en 8,2%.
Según el ministro, una forma de reducir la prevalencia es la implantación del etiquetado genérico, esto es forma y color únicos, acompañado de la ampliación de las advertencias sanitarias y la concreción de marcas sin variantes, mediante tipografía y color únicos.
“Este etiquetado elimina todo tipo de atractivo que puedan tener las presentaciones de tabaco, atractivos sensoriales vinculados a colores, sabores, aromas, tipo de filtro y papel, cualquier elemento que pueda identificarse como particularmente atractivo para algún sector de la población”, detalló Basso.
“Incluye además amplias advertencias sanitarias (se prevé rotación para no generar acostumbramiento) y evita el engaño al consumidor a través de términos y colores”, argumentó.
El ministro explicó que el proceso ya comenzó, pues actualmente varias facultades trabajan en un proyecto que procura elaborar una propuesta oportuna para la población uruguaya, con base en un modelo originado en Australia, guiado por la percepción de las personas ante distintas cajillas.
“Es un proceso con respaldo científico, jurídico y técnico”, dijo el titular de Salud Pública, quien estimó que en 2017 estará instrumentado el nuevo etiquetado.
Basso agregó que las decisiones del gobierno respecto a la política antitabaco no son sugestivas, arbitrarias, improvisadas ni sin evidencia. Dijo que de igual forma se llevó adelante el proceso de defensa en el juicio contra las tabacaleras.
En paralelo a los avances que implica esta medida, indicó que continuarán los protocolos para el control del comercio ilícito de tabaco, en procura de limitar al máximo el ingreso de cigarrillos de contrabando. Para concretarlo, hace un tiempo se creó una comisión intersectorial “buscando ser lo más eficientes posibles”, agregó.
Asimismo, continuará el trabajo en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco y la colaboración con otros países.
En cuanto al precio, el ministro recordó que fue ajustado en febrero pasado y se estudiarán nuevas subas, ya que el aumento es una medida importante para bajar la prevalencia.
Consultado sobre el enfoque de las próximas campañas antitabaco, puntualizó que se dirigirán a las poblaciones más vinculadas con el consumo, personas más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, mujeres jóvenes, en quienes la industria tabacalera hizo foco, embarazadas y los trabajadores de la salud.
También sostuvo que el ministerio trabaja con el Pit Cnt para incidir en los trabajadores de la construcción, que registran altos indicadores de consumo de tabaco.

UPM ANUNCIÓ INVERTIR EN UNA TERCERA PLATA
La multinacional UPM anunció en la víspera su interés en invertir en una tercera planta de celulosa en Uruguay. “Uruguay podría albergar una tercera planta de celulosa de tecnología de vanguardia y con probado desempeño ambiental, si se adecuara la infraestructura logística que permita el desarrollo de emprendimientos de gran escala orientados a la exportación”, dijo un comunicado difundido por UPM.
La empresa entiende que si estos “desafíos” son resueltos en los próximos años, Uruguay se convertiría en una alternativa competitiva para las “oportunidades de mercado de la celulosa de UPM en la década de 2020”, afirmó Jaakko Sarantola, vicepresidente senior, Desarrollo de negocios en Uruguay.
En ese sentido, la multinacional comenzará a dialogar con el gobierno sobre las opciones para concretar el desarrollo de la infraestructura logística. Estas conversaciones incluirán el ferrocarril, rutas y caminos, los que UPM considera “el principal desafío en el interior profundo del país para la instalación de operaciones industriales de gran escala, conectada a un puerto con profundidad adecuada”.
Por otra parte, la empresa estimó que la demanda de fibras de celulosa continuará en el largo plazo y como ejemplo mencionó que hacia el final de la década del 2020, la demanda global de celulosa kraft blanqueada aumente aproximadamente unas 20 millones de toneladas.
“En un corto período, Uruguay ha creado las condiciones necesarias y desarrollado exitosamente la industria de la celulosa en un negocio de exportación, que ha generado impactos positivos para el país en muchos aspectos. Hemos aumentado consistentemente nuestra base forestal y estamos preparados para abastecer de madera a una tercera planta de celulosa en el país”, agregó Sarantola.
El jerarca reconoció que se están evaluando alternativas de crecimiento en diferentes partes del mundo, pero agregó que “esta posibilidad en Uruguay está en línea con nuestra estrategia de crecimiento de múltiples tipos de fibras”.

UNA DE CADA 457 PERSONÁS PAGÓ MULTA POR NO VOTAR
Según informa la Corte Electoral, solo 716 personas de las 327.193 que debieron concurrir a votar en las elecciones del BPS y no lo hicieron, han pagado la multa correspondiente. La multa varía entre $800 y $1.600 para los activos, $800 para los pasivos y entre $4.800 y $20.000 para las empresas. El plazo establecido para la presentación de las justificaciones cesó el 13 de mayo, fecha en la que se contabilizaron 43.678 justificaciones. En promedio, de cada 457 personas que debería haber abonado la sanción, solo una lo ha hecho. Hasta el momento han sido recaudados $728.800 en multas.