Opinion | 13 Jul Durante los últimos años los uruguayos que hemos seguido la situación en Argentina hemos asistido con asombro al precio casi regalado de los servicios públicos en el vecino país, sobre todo para el gas y la electricidad --también los combustibles como la nafta y el gasoil-- en comparación con nuestro país, los más caros de la región, por contrapartida.
Esto era percibido como un condicionamiento imposible de sostener por mucho tiempo por el crecimiento del déficit fiscal en el vecino país, conjugado con la deuda externa y el creciente encierro de la economía, al tiempo que, por falta de crédito internacional, la premisa era la de tratar de exportar lo máximo posible e importar el mínimo.
No puede extrañar que dicha actitud fuera considerada inamistosa hacia los vecinos de la región, cuando en realidad muchas de estas medidas eran consecuencia de la necesidad de sostener algún tiempo más un modelo que se caía a pedazos.
El peronismo y últimamente el kirchnerismo apelan a los facilismos para sostenerse en el poder y eso fue posible porque Argentina es inmensamente rica y tiene enormes recursos sin utilizar. Desde esta orilla, aún cuando los sucesivos gobiernos han cometido errores, han tenido el prurito de no apelar a la idea de “después de mí, el diluvio”, como parece haber sido la consigna del último período del gobierno de Cristina Fernández, donde de acuerdo con los datos conocidos, se ha volcado durante el último año de su gestión un estimado de 22.000 millones de dólares –la mitad del Producto Bruto Interno de un año en Uruguay-- en subsidios para mantener por debajo de los costos reales las tarifas de los servicios, sobre todo del gas.
Estos subsidios no son los únicos, pero sí los más relevantes y ello explica el desmadrado déficit fiscal superior al 7% del Producto Bruto Interno en la vecina orilla, en una combinación de delirio, irresponsabilidad y mala fe.
Las alternativas para quien tuviera que asir este hierro caliente eran solo dos: seguir pateando la pelota para adelante o tratar de ordenar las cuentas, aunque ello significara pagar serios costos políticos en descontento popular por inflación.
Una descripción más o menos somera es trasladable al escenario en que se desenvuelven otros regímenes populistas seudoprogresistas en la región, el más notorio de los cuales es Venezuela, donde la caída en los valores del petróleo no solo ha vaciado la billetera que esgrimía el difunto expresidente Hugo Chávez para comprar amistades y simpatías en la región, sino que tampoco hay recursos siquiera para cumplir con los servicios más básicos de la población.
Pero la diferencia radica en que en Argentina cambió el signo del gobierno, y aunque se está pagando el duro precio de corregir errores que destruyeron su economía --que sería poco menos que floreciente de haberse hecho las cosas medianamente bien--, es claro que en el mediano plazo el país se recuperará.
Y si nos situamos en Uruguay, debemos considerar que nuestro país siempre ha sido caro, tanto para el ciudadano como para todo emprendimiento productivo.
La década favorable que tuvo la región también nos tocó a nosotros y se generaron recursos excepcionales por los elevados precios de los commodities que exportábamos. Sin embargo, las medidas populistas y errores de gestión han hecho trepar por el gasto el déficit fiscal a prácticamente el 4% del Producto Bruto Interno.
Haciendo un ejercicio de imaginación, no cuesta mucho inferir que si quien ocupara el gobierno fuera un partido tradicional, se vería obligado a tomar medidas impopulares y pagaría el precio que hoy está pagando Macri en Argentina, porque por regla general el que sale se niega a reconocer que el desastre lo provocó su gobierno.
Bueno, ese es el precio del populismo, que en nuestro caso no estamos pagando en la medida en que lo hacen Argentina y Venezuela porque, pese a todo, en Uruguay no se abrieron agujeros en el casco del buque en la magnitud a que se dejó llegar en los mencionados países, pero igualmente nos costará enmendar un esquema internacional todavía negativo o, al menos, neutro.
Pese al anunciado ajuste, se sigue cargando el costo sobre los sectores reales de la economía: el esquema productivo, trabajadores, sin que a la vez el Estado aporte su cuota parte de ahorro en el gasto público, haciendo más difícil y larga la recuperación por no dar el brazo a torcer por los errores de gestión.