Opinion | 20 Jul A propósito de la declaración dada a conocer recientemente por más de un centenar de científicos vinculados a la biotecnología, en la que rechazaron la postura de la organización internacional ecologista Greenpeace a propósito del uso de tecnología transgénica para aumentar la producción de cereales y combatir el hambre en el mundo, señalábamos que lamentablemente muchas de estas organizaciones desdibujan sus causas con posturas radicales y extremistas que descartan a priori cualquier discusión sobre bases científicas.
Basan sus cuestionamientos en un acto de fe, y pretenden que todos los demás se alineen detrás de su postura, solo porque ellos consideran que las cosas tienen que ser así, y no aceptan dos posiciones.
La “lucha” de los activistas de Gualeguaychú en la Argentina, respaldada demagógicamente por los gobiernos K, contra la instalación de la primera planta de UPM Botnia, se enmarca en estas posturas extremistas y radicalizadas, porque aún hoy siguen aseverando que pese a las normas internacionales que se han observado para el funcionamiento de la planta, la fábrica contamina y que en un amplio radio se desarrolla poco menos que un atentado contra la vida vegetal y animal, incluyendo naturalmente a los seres humanos, con sus consecuencias en malformaciones y enfermedades inimaginables.
El anuncio del gobierno uruguayo de que se da luz verde para la construcción de una tercera planta de celulosa en la zona de Tacuarembó, sobre el río Negro, insólitamente, ha despertado ya rechazo en los activistas de Gualeguaychú y generado el alerta también en organizaciones ambientalistas de nuestro medio, aunque en este último caso estaría en alguna medida justificado desde que se trata de un emplazamiento dentro del territorio nacional y a más de un centenar de kilómetros del río compartido, donde desemboca el río Negro.
Es así que luego de conocida la decisión y las negociaciones iniciadas por el gobierno uruguayo, el municipio de Gualeguaychú se pronunció en contra de la instalación de una tercera planta de celulosa en Uruguay y solicitó al gobierno argentino que "repudie" la decisión porque entiende que incumple (¿?) el fallo de la Corte Internacional de La Haya.
De acuerdo con el comunicado emitido por el municipio, se considera que con esta decisión Uruguay “incumple ‘una vez más’ el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que establece que el conflicto no se agrave y recomendó no volver a actuar de mala fe”. Asimismo, el municipio solicitó al gobierno argentino que “instrumente las acciones necesarias para repudiar esta decisión del gobierno uruguayo, y se lleven adelante las medidas necesarias para evitar la instalación de esta nueva planta”.
Ante este panorama, los ambientalistas comenzarán a definir los pasos a seguir en Argentina. Al mismo tiempo, en Uruguay el grupo Mesa Ecológica convocó a otras organizaciones a participar en una reunión para abordar el tema.
Precisamente integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dijeron a El País que con la instalación de la planta en el río Negro también será contaminado su afluente, el río Uruguay.
Aunque a esta altura pocas cosas deberían asombrarnos cuando de actitudes de estos grupos radicalizados se trata, las acusaciones tomaron por sorpresa a buena parte del gabinete ministerial del gobierno uruguayo que en declaraciones a la prensa reafirmaron que la decisión de instalar la planta compete solo al gobierno nacional. “En general pienso que va a haber reclamos. A mí me desvelan un poco más los reclamos de Uruguay, a los cuales nosotros atendemos”, sostuvo la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León.
La ministra de Industria, Carolina Cosse, se manifestó en el mismo sentido y dijo que “no dejo de sorprenderme. La verdad es que no tiene nada que ver con esto. Esto es una planta en Uruguay. Además, Uruguay es un país serio, con vasta experiencia en temas de medio ambiente, reconocido a nivel mundial. Me parece buscarle la quinta, sexta pata al gato”, agregó.
Mientras tanto, el embajador argentino, Guillermo Montenegro, consideró oportuno que el gobierno uruguayo dé una respuesta a los reclamos para mantener la “buena relación” entre ambos países.
“Creo que cada uno defiende lo que cree que es justo y esto hay que entenderlo, escucharlo y darle una buena respuesta a todos los reclamos, sobre todo entendiendo que esos reclamos pueden llegar a ser explicados”, concluyó.
Si bien las precisiones del diplomático se inscriben en la prudencia y en un balance entre lo que cabe esperar en cuanto a las relaciones con nuestro país y las repercusiones en la vecina orilla, se percibe igualmente una diferencia de postura respecto a la intervención de los diplomáticos de los gobiernos K, que no podían ocultar un grado de prepotencia acorde con el patoterismo de grupos de activistas que hasta establecieron campamentos y bloquearon puentes en el punto más álgido de la protesta seudoambientalista.
Pero lamentablemente, cuando de grupos activistas se trata, es impensable que se apeen de los preconceptos y de sacarse el cristal por el que filtran la realidad para acomodarla a su religión, y en este contexto el integrante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Juan Veronesi, dijo al diario El País que la construcción de la planta “sería una nueva agresión al río Uruguay”, la cual “preocupa enormemente” a la organización.
El ambientalista y también integrante del grupo, Martín Alazard, consideró que la instalación de la planta “va a impactar directamente en el río Uruguay” dado que la boca del arroyo Yaguarí, afluente del río Negro, se encuentra aproximadamente a 35 kilómetros del difusor de la planta de Botnia y con el reflujo “habrá un efecto acumulativo innegable y una sumatoria de contaminación”.
Según dijo Veronesi, el daño ambiental que produjo la anterior planta de UPM en Fray Bentos “ha sido constatado en el río y en aire” pero “Uruguay se opone a la mitigación de los efectos” y las cancillerías de ambos países actúan con “secretismo”. Quizás Veronesi tenga información que confirme el incremento en la tasa de mortalidad en un radio de 150 kilómetros alrededor de la planta de UPM, así como el incremento exponencial en los casos de cáncer en toda esa área por la contaminación del aire y el río Uruguay, llegando a ciudades como Concepción de Uruguay aguas arriba, tal cual lo aseguraban que ocurriría los ambientalistas de Gualeguaychú antes de 2010. Por supuesto, nada de eso ocurrió; de hecho, nada cambió ni en Concepción del Uruguay, ni en Gualeguaychú, excepto el haber dejado muy mal parado a los movimientos ecologistas que los apoyaron en una causa absurda arrastrados por la paranoia colectiva.
En cambio, sí surge nítidamente que la contaminación que arrastra el río Gualeguaychú es de real magnitud y deben encararse en forma urgente medidas para reducir los vertidos en este curso de agua que va a dar al río Uruguay, que como dicen los vecinos gualeguaychences, pertenece a ambos países.
Esta forma selectiva de evaluar la presunta contaminación, impacta negativamente en la consideración de científicos y opinión pública respecto sobre la legitimidad de estas causas.
Peor aún, en lugar de contribuir a generar conciencia medioambiental en gobernantes y ciudadanos, los activistas hacen poner en tela de juicio lo que llevan adelante otros ambientalistas legítimamente preocupados por preservar el medio ambiente con una mirada objetiva y en base a fundamentos atendibles y con respaldo científico, como debe ser en toda circunstancia.