PUEDEN LLEGAR A DEMOLER NUEVAS OCUPACIONES

Locales | 14 Jul La Inspectoría Territorial es la herramienta con la que la Intendencia de Paysandú interviene en las zonas donde se han producido realojos de familias que ocupaban irregularmente terrenos fiscales. Las funciones de la dependencia estaban ya fijadas por un decreto del 2011, pero en febrero se designó a la abogada Claudia Moroy como encargada de esta dependencia y se puso a funcionar efectivamente en el mes de mayo con los inspectores seleccionados tras un llamado interno dentro de la Unidad de Ordenamiento Territorial de la Dirección General de Obras, cuyos vehículos utiliza hasta que se le asigne un móvil propio.
"Tenemos un cuerpo de cuatro inspectores que están en el territorio con la intención de generar la idea de prevención, en realidad tenemos que estar en el territorio para adelantarnos a los eventos", señaló Moroy a EL TELEGRAFO sobre el propósito de esa oficina.
La profesional indicó que priorizan las zonas inundables, "un poco porque hay un montón de otras acciones que está tomando la Intendencia con el Gobierno Departamental en su conjunto que van por esa línea de poder eliminar el asentamiento en zonas inundables, y en eso nuestra actuación es estar en el territorio y adelantarnos a todas las nuevas ocupaciones que pueda haber".
A instancias de esta definición el foco de acción de la Inspectoría está puesto en las zonas costeras de Sacra, La Curtiembre y río Uruguay.

FRENAR
Moroy advierte que solucionar las ocupaciones irregulares será un proceso extenso. "No podemos eliminar de un día para el otro toda la situación irregular en estas zonas y todo lo demás, pero sí podemos tener una política clara de que no queremos que crezca el asentamiento en esta zona, o sea, que frente a las nuevas actuaciones ahí, estamos actuando, desestimulando".
La funcionaria agregó que han tenido que intervenir en casos concretos, apelando al diálogo. "En acuerdo con esta idea de que tenemos que manejar el consenso con los vecinos, hemos logrado que se desarme esa construcción y buscar opciones, que la persona pueda armarla en el predio de un familiar, frenar el avance. Porque tenemos como muy instalada esta cultura de la ocupación, porque de alguna manera hemos estado omisos en el control, entonces como no pasa nada, lo hago y en definitiva no hay una respuesta institucional fuerte. Que ahora sí la hay", afirmó.
Moroy indicó que hay zonas donde trabajan con mayor énfasis, como el barrio La Chapita, donde se han llevado a cabo programas de realojo. En ese caso, la intervención consiste en marcar presencia, "estar en el barrio controlando. Hay muchos espacios ya liberados bastante dispersos en ese territorio, que hemos estado controlando y, sobre todo, donde ya se han producido los realojos". Al respecto, destacó que la resignificación de esos espacios liberados será un paso importante para evitar que se regrese a la situación anterior y para ello se está generando un proyecto junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a la vez que se sigue trabajando junto al Ministerio de Vivienda.

CENSO
Moroy indicó que es importante tener documentado quiénes están actualmente en esta situación, porque la intención es que haya un corte definitivo.
Es clave, dijo, "que se entienda que volver a asentarse en esas zonas es seguir perpetuando en el tiempo una situación a la que tenemos que hacer el corte; bueno, el corte lo estamos haciendo hoy. También damos una solución de fondo a esas familias que están en esa situación, pero cortando en el sentido que no podemos seguir permitiendo nuevas ocupaciones, si no, es un círculo que nunca vamos a terminar".
La encargada señaló que este corte está documentado a través de un relevamiento.
"En conjunto con el ministerio, hace dos semanas se hizo una actualización del censo de familias. Hay una situación clara de cuáles son las viviendas, las familias, su integración y demás, y esas son todas las que van a ser objeto de una relocalización. Para nosotros es importante esa línea de base que tenemos que tener, a estas familias se les va a dar la solución habitacional y van a estar en el marco de ese plan de realojos", manifestó.
Junto a técnicos del ministerio, se llevan a cabo reuniones semanales con los vecinos y los inspectores está permanentemente recorriendo las zonas, "estamos tratando de cubrir todos los horarios, incluso hasta los días inhábiles y demás, como para poder estar", aseguró Moroy.
La profesional relató que permanentemente se enfrentan a situaciones nuevas, por ejemplo se han encontrado con ocupaciones de calles, "en zonas que son dominio público y que no está muy clara la conformación de esa calle. Y se nos han dado algunos casos nuevos, donde estamos actuando, siempre apelando al entendimiento y a tratar de encontrar alguna alternativa para esa situación".

PROTOCOLO
Moroy aclaró que las actuaciones de la oficina están definidas en un protocolo de actuación establecido durante los meses de marzo y abril, antes de comenzar a funcionar.
"Tuvimos reuniones tanto con el Ministerio del Interior como con el Poder Judicial y Prefectura, que somos los que estamos más involucrados en estas situaciones, justamente porque generamos ese protocolo de actuaciones, si bien es nuestro a nivel de las diferentes direcciones de la Intendencia, para generar una actuación rápida en estos casos y acortar los tiempos administrativos. También oficiamos tanto al Ministerio del Interior como a Prefectura a los efectos de tener esta coordinación, porque nosotros siempre contamos en estas situaciones con el apoyo de la fuerza pública si es necesario", dijo.
La encargada indicó que en ese protocolo está previsto que los procedimientos lleguen, en caso de ser necesario, a la demolición de construcciones irregulares.
"Se hace una constatación de la situación, luego se intima, se da un plazo de intimación para que desarmen la construcción, dependiendo de la situación, y después corre la vía administrativa y en esas situaciones es donde tratamos de concurrir con la Policía cuando es necesario y de alguna manera disuadir, con la idea de no tener que llegar a la demolición. Pero bueno, en eso también estamos con la decisión firme de que si hay que llegar a una demolición, con las garantías administrativas del debido proceso y demás, se seguirá adelante", señaló.
El protocolo también prevé que si funcionarios municipales destinados a otras tareas detectan situaciones de irregularidad, deban dirigirse a la Inspectoría, a la vez que también prevé actuaciones a partir de denuncias de los propios vecinos.
"Tenemos que estar prontos para salir y lo antes posible, porque acá la reacción inmediata hace posible la actuación. No es lo mismo cuando se llega a una construcción completamente terminada que cuando se está comenzando y se encuentra otra alternativa y se puede llegar a tiempo", afirmó Moroy.