Opiniones

Locales | 17 Jul En Uruguay existía un impuesto a las retribuciones personales (IRP). Pero vino el cambio. Cuando llegó el Frente Amplio con Astori, se implantó el Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) aplicado sobre los sueldos, jubilaciones y pensiones de todas las personas físicas. Se fijaron porcentajes de descuento por franjas, de modo que al crecer la cifra a cobrar, se pasa de una a otra franja de porcentaje superior y cada vez se paga más. Quede claro que en un principio, el IRPF atrapó a activos y pasivos. Y enseguida se planteó la discusión de si los sueldos, jubilaciones y pensiones eran rentas. En Uruguay el sueldo siempre fue una retribución por el trabajo realizado. O sea, el trabajador entrega riqueza con su trabajo y esa riqueza generada es retribuida con el pago de un sueldo o salario. Para obtener rentas había que tener un capital y ponerlo a rentar. Eso con respecto a los trabajadores activos. En el caso de los jubilados y pensionistas era más que evidente que al cobrar su jubilación o pensión, lo que cobraban era parte de lo que habían aportado mediante el pago del montepío obligatorio durante decenas de años de trabajo. Eso derivó en que hubo muchos jubilados y pensionistas que reclamaron por vía judicial y obtuvieron sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia y no pagaron más IRPF. Pero en su voracidad recaudatoria sin límites, el “progresismo” suprimió el IRPF a los pasivos y le inventaron otro impuesto: el IASS. Impuesto para asistir a la Seguridad Social. O sea para que los pasivos siguieran asistiendo a lo que ya habían asistido toda su vida laboral con el pago del montepío de entre el 15% al 21% de sus sueldos. Como eso también era anticonstitucional, se organizaron grandes grupos de reclamantes ante la Justicia contra ese nuevo impuesto. Y los juicios están aún en proceso.
Pero lo que hoy nos mueve a estos comentarios es que las entidades que brindan asistencia en Seguridad Social, son varias… pero se da la insólita circunstancia de que el que se lleva toda la plata recaudada por el IASS, es el BPS. Existen varias entidades que brindan seguridad social y que también pasan sus vicisitudes y a sus afiliados se les cobra IASS, pero no se les asiste ni con un peso partido por la mitad. Además del BPS, existen la Caja Bancaria, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y la Caja Notarial. Según lo que comenta la revista de la Asociación de Afiliados a la Caja de Profesionales, esa Caja según su Directorio, debería hacer restricciones económicas a costa de las prestaciones, por acechanzas negativas que se ciernen en un horizonte más o menos cercano. La Caja Notarial ya ha sido afectada con recortes como fue la obligación de entrar en el Sistema Nacional de Salud. Y la Caja Bancaria tiene problemas ostensibles. A los bancarios además de pagar el montepío común, en su momento se les impuso otras dos tributaciones por sendas leyes, para “salvar” su Caja. Lo cierto es que todos los jubilados y pensionistas de esas tres Cajas pagan el IASS, pero todo lo que se recauda por IASS va ¡a la bolsa del BPS! O sea al Estado omnipotente. Es evidente que eso rompe la equidad, pues todos ponen y uno solo se la lleva. “Seguridad Social” brindan todas las Cajas y todas --unas más y otras menos-- necesitan asistencia. No obstante las únicas “asistidas” son las del BPS (Civil y Escolar, Industria y Comercio y Rural). Para actuar con equidad, se debería calcular cuales son los montos parciales de lo recaudado por el IASS en cada una de las entidades prestataria de Seguridad Social. Y ver que porcentaje del monto total representan esos parciales. O sea determinar, que el BPS aporta el W%; la Caja Profesional aporta X%; la Caja Notarial Y%; la Caja Bancaria Z%. Entonces, W% + X% + Y% + Z% = 100% (Total). Y lo justo sería que el BPS se quede con su W% y los otros porcentajes se le vuelquen a las otras tres Cajas respectivamente. Esta hiriente desigualdad que está sucediendo hoy, puede resumirse en aquel dicho común entre nuestros paisanos: “aquí unos fuman y otros escupen”.
Hemos sostenido que el IASS sobre los pasivos viola la Constitución y hay reclamos judiciales contra él por esas violaciones. Pero mientras se esperan los fallos y se mantenga en pie ese impuesto anticonstitucional, por lo menos lo que vierte cada Caja al IASS, debería reintegrársele a las respectivas arcas de ellas. Sería de estricta justicia y terminaría con las visiones agoreras y vicisitudes de esas tres Cajas que hasta podrían llegar a brindar otras prestaciones que hoy están en tela de juicio, u otras que se puedan abordar en el tiempo.
Nos queda para otra oportunidad tratar el golpe de los dos ajustes fiscales del gobierno: el inicial de diciembre/2015 mediante el aumento de las tarifas públicas (Ancap, UTE, Antel, OSE e inflación) y este segundo del aumento del IRPF, el IASS y “otras yerbas”.
Ing. Ramón Appratto Lorenzo