Opinion | 21 Jul Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio, causa por la que mueren más de 800.000 personas cada año, siendo además la segunda causa principal de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad en el mundo.
Detrás de estos factores de riesgo, entre otras causas, se ubica la amplia mayoría de casos y tentativas de suicidio y, aunque existe la posibilidad de desarrollar estrategias eficaces para prevenir el suicidio, al menos en Uruguay las cifras estadísticas siguen siendo altamente preocupantes.
El Primer informe para la Prevención del Suicidio publicado por la OMS (2014) “Prevención del suicidio: un imperativo global” señala, entre los factores de riesgo asociados las dificultades para obtener acceso a la atención de salud y recibir la asistencia necesaria, la fácil disponibilidad de los medios utilizables para suicidarse, el sensacionalismo de los medios de difusión en lo concerniente a los suicidios, que aumenta el riesgo de imitación de actos suicidas, y la estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y de consumo de sustancias psicoactivas.
Uruguay no es la excepción ni en cuanto a la epidemiología ni las causas y, lamentablemente el país acaba de tener el año pasado su segundo “pico” de suicidios, con cifras semejantes a las de 2002, en plena crisis económica.
Según datos oficiales, en 2015, se suicidaron 643 personas, indicador que representa una tasa de 18,5 por 100.000 habitantes, y registra un incremento de 42 decesos, comparado con 2014, cuando la tasa era de 17,4 (602 personas).
De esta forma la autoeliminación se convierte en la principal causa de muerte violenta en el país. El otro valor máximo había ocurrido en 2002, con 690 casos.
La mayoría de los casos se produjo entre hombres de entre 20 y 24 años, pese a que la tendencia se mantiene sobre personas mayores. Las cifras en niños, adolescentes y mujeres son constantes, según explicó el responsable del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Ariel Montalbán, quien señaló que los hombres son más efectivos en sus intentos que las mujeres, de acuerdo a su impulsividad, con factores culturales y con que el hombre consulta menos a los servicios de salud, lo que también obedece a cuestiones culturales.
A pesar de que los datos científicos indican que numerosas muertes son evitables, el suicidio con demasiada frecuencia tiene escasa prioridad para los gobiernos y los decisores políticos. Por eso, es un aliciente saber que para el Ministerio de Salud Pública es un tema que debe “asumirse” y “hablarse”.
En este sentido, el ministro de Salud, Jorge Basso, al presidir el acto del Día Nacional de la Prevención del Suicidio la semana pasada, dijo que “hay una larga lista de mitos vinculados al suicidio, el más importante es el que dice que no conviene hablar del tema, como si uno al hablar estuviera generando cierta incidencia en la prevalencia al suicidio. En una sociedad compleja como esta, los temas deben asumirse y hablarse con propiedad y sin sensacionalismo, pero involucrando a todos los ciudadanos".
Pero también la prevención del suicidio tiene que formar parte de la agenda de salud pública, de la misma forma que la seguridad en el tránsito o la lucha contra el dengue, incluyéndose en las políticas públicas nacionales y departamentales.
A nivel mundial existen tres tipos de estrategias para esto. Una es la prevención universal, diseñada para llegar a toda una población (e incluye el aumento en el acceso a la atención de salud, la promoción de la salud mental, campañas para reducir el consumo nocivo de alcohol o promover una información responsable por parte de los medios de difusión); luego hay estrategias selectivas dirigidas a grupos vulnerables (personas que han padecido traumas o abusos, familiares de suicidas, etcétera) y finalmente, están las estrategias denominadas “indicadas”, que se dirigen a personas vulnerables específicas mediante el apoyo de la comunidad, el seguimiento a quienes salen de los establecimientos de salud, la capacitación del personal de salud y una mejor identificación y manejo de los trastornos mentales y por uso de sustancias.
De acuerdo con lo anunciado por el ministro de Salud Pública, entre las nuevas acciones previstas se generarán capacitaciones de médicos tratantes, equipos de primer nivel de atención y personal de policlínicas, a fin de que puedan ofrecer ayuda desde el momento inicial y orientar a los pacientes hacia equipos especializados, en caso de ser necesario. También existe el compromiso de mejorar el acceso a las consultas, de manera que “no se espere que la persona asista al centro de salud, sino que haya un seguimiento”, a la vez que se fortalecerá el servicio telefónico de consulta, para que haya una línea disponible los 365 días del año.
Estas informaciones dan cuenta de que existe preocupación por realizar prevención, pero que también resta mucho por hacer.
Especialmente, si se tiene en cuenta que según la OMS, por cada adulto que se suicidó, posiblemente más de 20 lo intentaron. Ante este panorama, para que las respuestas nacionales sean eficaces se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención que incluya no sólo al sector salud --sino también a la educación, el espacio laboral, la justicia y otros-- y en paralelo desarrolle una adecuada recopilación de datos y sistematización de información. Esta es un área clara en la cual avanzar ya que aún es poca la investigación del tema en el país, por lo cual resultan especialmente interesantes los acuerdos que el MSP está promoviendo con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y Agesic.
Las cifras de suicidios en Uruguay constituyen una nefasta estadística que no solo debe preocuparnos. Es tiempo de actuar.