Nacionales | 25 Jul Un informe del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconoce que más de la mitad de la población tiene alguno de sus derechos cercenados, ya sea el acceso a la salud, a la seguridad social, a la educación o a una vivienda digna. El documento, al que accedió El País y que es un resumen de los datos a 2015 presentados por el Mides en la VI Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Estudio de las Capacidades Humanas (Alcadeca), la que se desarrolló el mes pasado, advierte que “48,1% de la población no presenta ninguna carencia en derechos sociales” en Uruguay, por lo cual el 52% restante sí.
El informe sostiene que “el 33,4% de los uruguayos presenta una carencia, el 13,3% dos carencias y el 5% tres”. Cuando se analiza puntualmente qué tipo de derecho tiene vulnerado esta población, se advierte que 32,7% de los uruguayos, equivalentes a un total de 1.112.413 personas, tiene cercenado el derecho a la vivienda. El 22,9%, un total de 778.992 ciudadanos, sufre lo mismo con respecto a la educación, el 18,6%, 633.359, con la seguridad social y el 2%, 67.128, con la salud.
“Las personas de 65 años y más son los que presentan una mejor situación relativa, con un 60,4% sin derechos vulnerados. Por otra parte, el grupo de 18 a 29 años es el que presenta la peor situación, con la menor proporción de personas sin carencias y el mayor porcentaje de personas con dos carencias o más”, señala el informe. Además añade que “en cuanto al tipo de derecho vulnerado, las personas de 18 a 29 años se diferencian del resto por la alta prevalencia de la carencia en seguridad social (35,2%), mientras que los menores de 18 años muestran la mayor incidencia de vulneración en el derecho a la vivienda (48,1%)”.
El documento base para este informe, titulado “Pobreza multidimensional: ejercicio de medición para Uruguay” y que fue redactado, entre otros, por el director nacional de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, también analiza al 11,5% de la población que vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Toma este dato del informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2013 (en 2015 esta cifra es de 9,7%).
Aunque el porcentaje no demuestra diferencias sustantivas en cifras en relación al sexo de las personas, sí las hay con respecto a las edades. “Es casi ocho veces mayor la pobreza en los menores de 18 años con respecto a las personas de 65 y más”, expone el informe. Se señala que en el tramo que va de 0 a 17 años el 21,3% de la población vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza, de 18 a 29 años esta cifra ya cae al 11,8%, de 30 a 64 es de 8,1% y de 65 y más es de apenas 2,8%.

HOSPITALES SIN HABILITACIÓN DE BOMBEROS
La presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, sostuvo a El País que “son muy poquitos” los centros de salud públicos que cuentan con la habilitación de bomberos.
La jerarca, que tiene a su cargo 900 centros entre hospitales, policlínicas y consultorios, incluso sostuvo que aquellas instituciones que cuentan con habilitaciones no las tienen por el total de la infraestructura “sino por servicios puntuales”.
“Son muy poquitos los centros que tienen habilitación de bomberos. Y no se habilita por centro, sino por servicio. Son muy pero muy poquitos. Estamos trabajando con bomberos en un acuerdo para conseguir las habilitaciones lo antes posible”, declaró la presidenta de ASSE, que en la administración anterior ocupó el cargo de ministra de Salud Pública. Muñiz también reconoció que “hay varios centros” que no cuentan con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) en sus laboratorios y farmacias. Es por ejemplo el caso del Centro de Salud de la Costa.
ASSE tenía planeado llevar adelante el año próximo una adecuación de las estructuras de las farmacias, pero esto será postergado recién para 2018 debido a la postergación de fondos llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta semana, Muñiz compareció ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda donde dio cuenta de todas aquellas cosas que serán postergadas debido a esta medida.
La jerarca explicó a El País que los servicios actuales no se verán resentidos, pero sí quedarán algunas nuevas instituciones previstas para su construcción o ya para su inauguración, debido a que ASSE quedará imposibilitada de contratar la cantidad de nuevos recursos humanos que tenía prevista.

NUEVA PLANTA PONE A PRUEBA CONTROLES AMBIENTALES
El anuncio de que UPM construirá una nueva planta procesadora de celulosa en Uruguay --la segunda de la empresa finlandesa y la tercera de su tipo en el país-- pone nuevamente a prueba la capacidad del Estado para vigilar el impacto ambiental de grandes proyectos industriales. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que depende del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, ya tiene experiencia en la materia porque está controlando tanto a la primera planta de UPM en Fray Bentos como a la de Montes del Plata en Conchillas, Colonia. La duda es si la tarea estará a cargo de la Dinama o si tendrá algún rol la flamante Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. La interrogante la generó hace algunos días la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León, que dijo que “la secretaría de Medio Ambiente y el gabinete ambiental van a estar más ocupados con eso (con los reclamos de sectores ambientalistas argentinos contra la nueva planta de celulosa), así que no es tema de mi cartera”.
Esto pese a que el director de la Dinama, Alejandro Nario, se adelantó a decir que no cree que la nueva fábrica de UPM vaya a generar problemas ambientales porque la primera no los produjo y la futura instalación será más aún avanzada tecnológicamente. En la flamante Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático dicen que el punto de qué organismo estará a cargo de los controles no está definido.
La creación de la Secretaría fue muy cuestionada por la oposición porque no está previsto que sea sujeta al control parlamentario, ya que depende directamente de la Presidencia de la República.